Monterrey, México.- La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León acusó a la PGR de intimidar a los jueces admitiendo casos en su contra e imputándolos por criterios judiciales, como sucede con el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, que el 26 de enero ordenó prisión preventiva para el ex Gobernador Rodrigo Medina y está citado para comparecer mañana.
Ernesto Canales, Fiscal Anticorrupción, afirmó que esto marca un mal precedente a nivel nacional y afecta el trabajo de los jueces.
“Es un absurdo que la PGR pretenda construir un delito”, dijo Canales.
“Simplemente es un absurdo que lo esté estudiando”.
“Un caso donde el delito consiste en el criterio judicial de un juez para emitir una resolución en un proceso es inaudito en México y en cualquier país civilizado”.
El funcionario defendió la actuación del juez Eufracio en el caso de Medina al asegurar que no violó ninguna suspensión porque ésta fue otorgada antes de la audiencia y, al ser vinculado, cambió el estatus jurídico del priista y no lo protegía.
“El que los jueces puedan ser imputados por el criterio que aplican en sus resoluciones, desde luego que es inhibitorio”, reclamó Canales, “seguramente ése es el propósito de la PGR, de proteger de nuevo a Medina, como la hecho con las suspensiones otorgadas.
“Es una invasión a la jurisdicción del Estado de Nuevo León, al Poder Judicial de Nuevo León, muy seria”.
REFORMA publicó el domingo que Eufracio fue citado para mañana ante un juez federal para ser imputado por la PGR por violaciones a la Ley de Amparo al ordenar la prisión preventiva para Medina.
En esa ocasión, el ex Gobernador estuvo 19 horas en el Penal del Topo Chico, hasta que comprobó que contaba con un amparo.
El juez fue denunciado por la defensa del priista por desacato a la suspensión provisional de amparo para evitar ser detenido.
La defensa de Medina es liderada por Alonso Aguilar Zinser, titular de uno de los despachos más exclusivos e influyentes del País, y Javier Flores, ex Procurador del Estado.
Carlos Arenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), advirtió el lunes que esta estrategia de litigantes y funcionarios de Gobierno, de presentar denuncias penales, amenaza la independencia de los jueces.
Canales cuestionó ayer a la PGR por no darle celeridad a la denuncia presentada por la Fiscalía en contra de la jueza Quinto Penal, Beatriz Joaquina Ramos, que ordenó la liberación del ex Mandatario estatal.
“No sabemos cómo va la denuncia presentada por nosotros”, señaló, “la PGR no nos ha dado ninguna información”.
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