De la corresponsalía
Oaxaca, México.- La refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el Puerto de Salina Cruz y perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex), que en junio de 2017 causó serios daños ambientales en la zona tras una inundación e incendio en sus instalaciones, continúa contaminando, en quince días se registraron tres derrames de hidrocarburo que afectan a las comunidades aledañas, a la flora y fauna.
El primer derrame se registró el pasado 19 de junio de 2018, cuando personal de Pemex reinició trabajos de limpieza del material de hidrocarburo que prevalecía a un año del derrame suscitado el 14 de junio de 2017, ese material fue puesto en contenedores que tuvieron fuga de combustible, causando una nueva emergencia ambiental.
El derrame de hidrocarburo alcanzó una laguna y terrenos ejidales de la agencia de Boca del Río, al respeto, las autoridades de Bienes Comunales se manifestaron en la refinería, exigiendo a Pemex una reunión de trabajo, con la finalidad de verificar las posibles afectaciones y emprender acciones de limpieza del líquido que salió por un zanjón de desagüe.
La segunda gran fuga de combustóleo se dio cinco días después, el domingo 24 de junio, en el marco del saneamiento del derrame del día 19, de acuerdo a pobladores del lugar, la contaminación no fue depurada de manera efectiva, únicamente se trasladó el problema a otras áreas.
Asimismo, denunciaron a tiempo que continuaba el derrame de combustible a través del drenaje de la refinería, pero las autoridades fueron omisas, llegando está vez el líquido a playa Ensenada La Ventosa, provocando un daño ambiental de dimensiones mayores que Pemex intenta minimizar.
Pese a las labores de limpia que emprendieron, en la actualidad en playa Ensenada La Ventosa, aún son visibles los restos de hidrocarburo derramado el 24 de junio, ante esta situación, Pemex informó que llegaría a un acuerdo con los habitantes de Boca del Río y Ensenada La Ventosa, para sanear toda la zona afectada.
Sin embargo, contrario a las palabras de los directivos de Pemex, se dio un tercer derrame el lunes dos de julio durante la madrugada, protagonizando esta empresa paraestatal el tercer desastre ecológico en 15 días, originado por el impacto de un buque contra el muelle de Salina Cruz, lo que provocó que se derramara hidrocarburo.
Mediante comunicado de prensa, Petróleos Mexicano atribuyó el hecho a los fuertes vientos, detalló que el buque tanque Fedor Majuro se encontraba cargando combustible en el muelle 9 Este de la Terminal de Operaciones y Marítimas de Pemex, cuando rachas de viento generaron que el buque destrozara parte del muelle y se derramara hidrocarburo al mar, consecuencia de una grieta en el barco que arrancó mangueras y tuberías de suministro.
Pemex indicó que de manera inmediata implementó un plan de contingencia para cercar la zona de derrame y recuperar el hidrocarburo, pero se negaron a precisar la cantidad de combustible que se derramó al mar, asimismo, personal de la Marina Armada de México y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) arribaron en el transcurso del día martes 3 de julio a la zona de desastre, pero a la fecha no han informado el grado de afectaciones ambientales.
Durante las dos últimas semanas, Pemex ha sido acusada por habitantes de Salina Cruz de desechar combustibles al aire libre y contaminar zonas habitacionales así como marítimas, además de la omisión de las autoridades estatales y federales a la hora de sancionar a esta empresa, mostrando su desinterés de proteger el medio ambiente.
En este contexto, los afectados también denunciaron que ninguna autoridad emprende acciones en pro del rescate al medioambiente, ni Pemex, mucho menos el ayuntamiento de Salina Cruz o el gobierno de Oaxaca.
Por su parte, el gobierno del estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), se deslindó de la responsabilidad de emprender acciones para salvaguardas la integridad de los oaxaqueños que se ven afectados por los derrames, asegurando que estos temas no son competencia de la administración estatal por tratarse de contaminación por hidrocarburos.
