Francisco Vásquez
Oaxaca, México.– La comunidad zapoteca de San Pablo Güilá, perteneciente al municipio de Santiago Matatlán, determinó por acuerdo de asambleas general y ejidal no permitir a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines la explotación de una mina de oro en su territorio, por los daños al medio ambiente, especialmente en la tierra y el agua.
De acuerdo a los habitantes, la empresa canadiense empezó en 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina) para constatar la existencia de yacimientos de oro.
Luego del hallazgo, comenzó la preocupación en la comunidad ya que no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso paara que se hicieran dichos trabajos en sus tierras y debido que en su mayoría se dedican a la agricultura, decidieron que no aceptarían a la mina.
Luego de ello, Fortuna Silver Mines dejó de insistir a la comunidad, sin embargo a principios de este año, a través del cabildeo del ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Francisco Montero López intentó ingresar nuevamente para la explotación de los yacimientos de oro.
Ahí el ex funcionario estatal intentó convencer a los habitantes de San Pablo Güilá que si autorizaban la explotación minera en su territorio, apoyaría a la comunidad con obras de pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como la introducción de energía eléctrica y servicio de drenaje.
La comunidad lamentó que en vez de impulsar proyectos para el campo, que es la actividad de los pueblos indígenas, el funcionario de la SAI considerara un negocio el promover la actividad minera en las comunidades, pese al daño ambiental que causa dicha explotación.
Se sabe que la empresa canadiense se apropió de una concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en 2009, que la Secretaría de Economía del gobierno federal otorgó sin previo consentimiento de la población.
Dicha autorización se encuentra registrada en el número 233392, la cual abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas de San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.
Recientemente durante su presencia en la Ciudad de Oaxaca, las autoridades de San Pablo Güilá denunciaron que la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, pues durante las noches sobrevuelan drones, por lo que presumen que continúan con estudios de exploración.
Durante una conferencia de prensa, los inconformes manifestaron que no firmarán ni autorizarán ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes, tampoco autorizarán el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en sus territorios.
En ese sentido, autoridades y habitantes de 30 comunidades indígenas, rurales y campesinas, además de 25 colectivos y organizaciones civiles, acordaron denunciar los daños ambientales y sociales causados por empresas mineras en contubernio con autoridades gubernamentales, en un juicio popular comunitario a realizarse los días 11 y 12 de octubre en Oaxaca de Juárez.
Ahí participarán comunidades de las ocho regiones del estado, la sede será la Casa de la Iglesia Oaxaqueña, ubicada sobre Heroica Escuela Naval Militar número 601 colonia Reforma.
El juicio tiene como objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros.
En Oaxaca están vigentes 322 concesiones mineras, lo que representa el cinco por ciento del territorio estatal concesionado. Actualmente, se registran 41 proyectos mineros, de éstos, dos se encuentran en la etapa de desarrollo: Proyecto El Tejón y Proyecto Trinidad Norte; dos en la etapa de producción: Proyecto San José y Proyecto El Águila y uno en etapa de postergación: Proyecto Ventosa.
Las concesiones mineras en Oaxaca están ubicadas principalmente en Valles Centrales, Sierra Sur y Costa. Tienen una vigencia de 50 años, la Ley Minera establece que éstas se podrán prorrogar por igual término, es decir, una empresa podrá ser dueña de un título de concesión hasta por 100 años.