Veracruz, México.- En los últimos 12 meses, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se ha negado a acatar sentencias del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado y de juzgados de Distrito para reinstalar e indemnizar a cientos de trabajadores que fueron despedidos injustificadamente del Poder Ejecutivo estatal durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
En al menos 60 juicios, cuyos expedientes tiene en su poder EL UNIVERSAL, ex empleados han logrado que se les dicte una resolución favorable, en la que se ordena su reinstalación, pago de salarios caídos y prestaciones, pero la administración yunista se niega a acatarlos.
Dichas sentencias suman pagos por aproximadamente 70 millones de pesos a favor de ex empleados; la negativa a cumplir provocó que el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, en el juicio de amparo indirecto número 219/2016, ordenara al gobernador obligar a la Secretaría de Medio Ambiente estatal a cumplir el laudo; sin embargo, tampoco acató dicha resolución federal.
El despacho jurídico Viades, Llanes y Asociados solicitó al juez de Distrito que inicie un incidente de inejecución, ante la omisión del Ejecutivo estatal, en el Tribunal Colegiado de Circuito para que formule un proyecto de separación del cargo de Yunes Linares, caso que seguramente llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El problema es que los jueces federales están siendo comprensivos con el gobernador porque quedaron cimbrados tras el ‘caso Anuar’”, denunció el abogado Juan José Llanes, quien lleva al menos 150 juicios laborales en contra del gobierno estatal.
En marzo pasado, el juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González, otorgó un amparo a Diego “N”, uno de los jóvenes involucrados en el supuesto ataque sexual a una menor de edad, conocidos como Los Porkys, lo que generó que el juzgador fuera víctima de un linchamiento social en redes sociales. La defensa de la menor la encabezaba Jorge Winckler, actual fiscal general del estado.
De manera paralela, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando Yunes Linares tomó protesta como gobernador, al menos 3 mil trabajadores fueron despedidos de dependencias estatales —según consultas con sindicatos—, algunos de ellos también emprendieron juicios laborales, porque no recibieron liquidación y consideran injustificada su destitución.
Excusas ilegales. Tan sólo el despacho jurídico Viades, Llanes y Asociados tiene en sus manos 150 juicios con más de 200 ex empleados involucrados; en 60 casos logró que se dictara resolución definitiva, es decir, que son irrevocables.
Los despedidos pertenecen a todas las dependencias estatales, pero la mayoría son de las secretarías de Educación, de Salud y Asistencia, de Seguridad Pública, de Gobierno y de Protección Civil y Turismo.
Se estima que son más de 3 mil las personas que han sido despedidas de dependencias y organismos descentralizados, una cantidad mínima del sexenio de Duarte y la mayoría del primer año de Yunes; aunque no todos han recurrido a tribunales.
En documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas y Planeación —en poder de EL UNIVERSAL—, la administración estatal argumenta que su negativa a cubrir con esos laudos se debe a que “el Estado atraviesa por una situación financiera crítica, que se resume en falta de liquidez”.
En el oficio TES/2597/2017, uno de decenas que han sido enviados con la misma respuesta, la dependencia asegura que “no se puede establecer una fecha específica” para el cumplimiento del pago derivado de los juicios laborales.
Sin embargo, su excusa es ilegal, pues la Segunda Sala de la SCJN emitió la jurisprudencia 85/2011, en la que determinó que el estado es dogmáticamente solvente, por lo que no se puede negar a pagar con el argumento de no tener dinero.
Para el abogado Llanes Gil, el mandatario estatal perdió de vista que los burócratas fueron damnificados del gobierno de Javier Duarte y decidió tacharlos a todos de “duartistas” y emprender su despido sin realizar estudios serios y profesionales.
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