Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Maurilio Santiago Reyes, Presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (CEDHAPI) difundió información falsa de una supuesta irrupción armada en la comunidad de Guerrero Grande Atatlahuca.
Esa versión fue desmentida por las autoridades municipales.
A través de un comunicado, Santiago Reyes, propaló que el día de de ayer, 23 de septiembre, aproximadamente a las 12 del día con 30 minutos un grupo de aproximadamente 100 personas encabezadas por el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca José Ángel García Sandoval, Síndico municipal Valentina Sandoval Quiroz de San Esteban Atatlahuca, así como el Comisariado de Bienes Comunales Noe Bautista Barrios a bordo de aproximadamente 10 camionetas con vidrios polarizados ingresaron a la comunidad de Guerrero Grande sin previo aviso de manera autoritaria.
Sin más pruebas que sus dichos, afirmó que fueron personas armadas dispersas que rodearon la comunidad, “provocando un clima de zozobra y miedo a las personas beneficiarias de medidas cautelares en esta comunidad”.
Sin embargo, en un documento firmado por todas las autoridades de Atatlahuca, aclaran que acudieron al paraje de Cruz Yuu ñu’u para dar el banderazo de obra de 10 cuartos dormitorios para las familias desplazadas de Guerrero Grande, lo que ha exigido el dirigente de la CEDHAPI.
“Al llegar a una distancia aproximada de 100 metros al lugar de donde se realizarían los trabajos, encontramos una camioneta tipo estaquita color gris con redilas blancas propiedad de la comunidad de Guerrero Grande con un grupo de personas de Guerrero Grande obstruyendo el paso”, informaron.
Relataron que enseguida descendieron para entablar el diálogo con ellos y después de una amplia participación en el lugar, solicitaron que la plática fuera hasta el techado de la comunidad de manera formal para tomar acuerdos.
Acto seguido aceptaron la propuesta en donde ambas partes se trasladaron al techado de la comunidad de Guerrero Grande para entablar el diálogo acordado.
Al llegar al lugar acordado se dió paso al diálogo como primer acercamiento institucional para encontrar posibles soluciones a las diferencias de las partes.
“Después de una amplia intervención de las partes de manera respetuosa y pacíficamente, se escucharon la participación de los ciudadanos por lo que acordamos que en un término de 8 días se notificará por escrito para dar seguimiento al diálogo y encontrar posibles soluciones a nuestras diferencias”, afirmaron las autoridades.
Después de concluir la plática de trabajo las partes se despidieron de manera respetuosa y pacífica, “agradeciendo la buena voluntad del primer acercamiento para continuar con el diálogo”.
Propusieron que estuviera presente la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad.
Las autoridades de San Esteban Atatlahuca, pidieron a la población no caer en una desinformación y que se haga caso a la información oficial emitida por la Autoridad Municipal, Autoridad Agrarta autoridades Auxiliares e Instancias correspondientes del Estado Mexicano.
Tras los hechos, Maurilio Santiago Reyes, Presidente de CEDHAPI, propaló la versión que, aproximadamente a las 3 de la tarde con 45 minutos las autoridades de San Esteban Atatlahuca se retiraron de la comunidad de Guerrero Grande, “sin antes amenazar e intimar a los habitantes de Guerrero Grande, y a pesar de que se retiraron se siguen escuchando detonaciones de arma de fuego alrededor de la comunidad de guerrero Grande y se ven personas armadas”.
En su versión tergiversada, afirmó que existe una situación de riesgo grave de daños irreparables de perdida de la vida, así como de daños a la integridad física en perjuicio de beneficiarios de medidas cautelares encontrándose, mujeres, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas vulnerables a un ataque armado”.
Aprovechó la ocasión para difundir en un comunicado que en fechas 21, 22 y 23 de octubre del 2021, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, mismo que constan en la Carpeta de Investigación 35033/FMIX/TLAXIACO/2021.
Por esos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares MC-1050-21 Familias de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.
Por lo que con fecha 26 de agosto de 2024 los beneficiarios de las medidas cautelares MC-1050-21, tuvieron una reunión virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que estuvo presente el Estado Mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la misión permanente de México ante la OEA, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Oaxaca por medio de la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos del Estado y otras autoridades en la cual el Estado Mexicano se comprometió a dar cumplimiento con las medidas cautelares.
Así mismo, el día 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021 solicitando al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
Santiago Reyes, divulgó en su comunicado que las personas desplazadas de estos ataques armados, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos de manera sistemática, pues el estado Mexicano a través de representantes de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca, han intervenido de manera parcial en el seguimiento a la Medida Cautelar MC- 1050-21, pues ha otorgado viviendas al grupo de personas de Guerrero Grande que fueron los responsables de quemar las casas a sus vecinos de la misma comunidad.
Reprochó que hasta el momento no existe ninguna persona detenida de los homicidios, desapariciones y quemas de casas y que en el mes de julio del 2022 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la causa penal 066/2022 emitió orden de aprehensión contra Carlos Reaño Sandoval y Rogelio Bautista Barrios pero fueron liberados por un Juez de Control al referir infundadamente que la detención había sido ilegal.
Señaló que el Estado Mexicano es responsable de tener a las 25 familias desplazadas en el albergue provisional en el instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Por lo pronto, pidió cumplimiento de la Medida Cautelar MC-1050-21 y la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU AU núm. 1456/2021 a 1460/2021.
