Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Oaxaca, México.- La Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, aseguró que la detención del que fuera Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO), Juan Eddy García Coronado, es revanchismo del gobierno del estado.
“Qué casualidad que lo hayan agarrado (detenido) porque tuvo problemas con la administración de justicia en el 2022, se dio justo en este dilema tan ríspido de sustitución de un órgano”, opinó.
En todo caso en todos los órganos y juzgados, hay rezagos, como lo es en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. “Puedes irte a la diversas salas y hay rezagos. Yo tengo asuntos que conocí cuando litigaba y hay casos en los que pasan 8 a 9 meses, se dicta un acuerdo y no se notifica”, reprochó.
A juicio de la ex secretaria de la contraloría en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, se está viendo la paja en el ojo ajeno, por tanto, el magistrado presidente del TSJ, Eduardo Pinacho Sánchez, y magistrados locales y federales, puedan poner mayor atención, porque no solo se padece el retraso de la justicia a nivel local, porque cuando se interpone un amparo para revisión y ganar en otra instancia, se dilatan los casos, más de tres años.
La ley establece los tiempos en que deben concluir los procesos, pero se exageran los términos, aduciendo que la defensa piden más tiempo.
En tanto, reiteró que la reforma constitucional, con la cual desapareció el Tribunal de Justicia Administrativa, nació muerta porque no solamente contraviene la Constitución y autonomía de un organismo jurisdiccional, sino que violentó flagrantemente el proceso legislativo,
Aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulará la reforma, como pasó en Veracruz, porque el decreto exhibe múltiples deficiencias tanto de fondo como de forma.
Sostuvo que en la Corte existen al menos cinco antecedentes de hechos idénticos y fueron considerados anticonstitucionales, además de que, existen múltiples violaciones al proceso legislativo, que podrían echar abajo la reforma tal y como sucedió en el ámbito nacional con el Plan B de la reforma electoral que promovió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Reiteró que, entre las disposiciones que fueron violadas por la 65 legislatura, resalta que no se público en la Gaceta Parlamentaria el documento con la iniciativa de reforma a efecto de que cumplir con la máxima publicidad, además de que se trató sin razón alguna como un tema de urgente y obvia resolución.
“Se debió haber recibido, turnado a comisiones para que las comisiones dictaminaran y después, ya en el Pleno Legislativo, fuera aprobado o no aprobado”, dijo.
“No solamente fue el nombre ni la forma, sino que no se sabe quiénes son, quién hizo la convocatoria para que se puedan elegir; cómo supieron que eran personas que tenían 10 años en el ejercicio profesional o que tenían su cédula para poder ejercer; que eran personas de buena conducta… todo lo que la ley exige y se fueron, pero al trancazo”.
También se suma que el documento que se votó “fue una imitación bruta, estúpida, de un caso idéntico en Veracruz”, dónde el Congreso extinguió al Tribunal de Justicia Administrativa y creó otro organismo en su lugar, lo que finalmente fue rechazado por la Corte en la resolución del recurso de inconstitucionalidad 266/2022.
