Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- Carol Antonio Altamirano, diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó ante el pleno de la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, un punto de acuerdo para solicitar al gobernador Alejandro Murat, que a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), explique el destino de 200 millones de pesos que fueron etiquetados en el presupuesto de egresos 2018 para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre pasado.
Este presupuesto se logró gracias a las movilizaciones realizadas en diciembre de 2017 por la Coordinadora General de Damnificados del Istmo, el cual debió haber sido ejercido en la reconstrucción de viviendas y la realización de estudios geológicos en los municipios que se vieron afectados por los sismos, sin embargo, a ocho meses de la aprobación del presupuesto el gobierno de Oaxaca niega su existencia.
En entrevista, Carol Antonio, señaló que es inaceptable que el gobierno estatal evada su responsabilidad con los damnificados, ya que el poder ejecutivo estatal tuvo todos los instrumentos para actuar y ejercer el fondo de reconstrucción aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado.
“El gobierno ahora trata de justificarse y finge sorpresa, cuando es su responsabilidad cumplir la ley para atender a los damnificados. Lo que le falta a este gobierno es voluntad y decisión para apoyar a la gente en vez de andar buscando pretextos y justificaciones tardías” dijo el legislador.
Asimismo, detalló que en la discusión de los ingresos y egresos siempre participaron funcionarios de la Sefin, específicamente el subsecretario Gustavo Marcelo Benecchi, con quien se acordaron cada uno de los artículos del presupuesto, y quien participó en la discusión representando al Ejecutivo con el aval de la mayoría de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además de que la Comisión de Presupuesto, consciente de que era necesario darle un margen al gobierno para ajustar su proyecto, aceptó una cláusula habilitante al Ejecutivo, precisamente para evitar que este no argumentara algún tipo de dificultad técnica con posterioridad al ejercer los 200 millones, “en el artículo 6 transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos 2018 se facultó a la Secretaría de Finanzas para realizar los cambios correspondientes y se le dieron 30 días para informar de ellos al Congreso” refirió.
“Eso significa que los funcionarios de la Secretaría de Finanzas todavía tuvieron un segundo momento para hacer ajustes en favor del equilibrio presupuestario y que la responsabilidad de hacer los ajustes siempre le correspondió al Ejecutivo, por lo que es una mentira decir que la responsabilidad es del Legislativo” abundó.
Lo que significa que aun en el caso que el gobierno estatal hubiera gastado el dinero aprobado y el monto fuera insuficiente, es posible justificarlo legalmente, “lo más grave es que al mismo tiempo en que oculta y se niegan los recursos para los damnificados, el gobierno actúe con una irresponsabilidad y falta de sensibilidad nunca antes vista, al aumentar el gasto en Servicios Personales (nómina, viáticos, gastos administrativos, etc.)” refirió Carol Antonio.
Asimismo, exhibió que para el gobierno es más importante pagar la nómina estatal que atender a los afectados por el sismo, basado en el informe de Cuenta Pública del primer trimestre del 2018, en la página 112, con el título clasificación por tipo y objeto de gasto enero marzo 2018, donde se muestra que para servicios personales del gobierno se aprobaron 943 millones 130 mil 143 pesos para todo el año, pero el gobierno gastó más de lo presupuestado en los tres primeros meses, alcanzando la cantidad de 975 millones 939 mil 175 pesos.
Lo cual, Carol Altamirano, calificó de inaceptable, “quiere decir que en el primer trimestre de este año este gobierno ya se acabó todo el presupuesto de Servicios Personales de todo el año, e incluso más, es un insulto a los oaxaqueños porque por una parte, el gobierno no ejerce el presupuesto de inversión destinado a los damnificados, incluso ignorando que tuvo en todo momento la posibilidad de hacer los ajustes necesarios, sea en el momento de la aprobación o 30 días después. Y, por otra parte, el gobierno del Estado gasta a manos llenas en servicios personales” externó.
Por último, dijo que es una burla del gobierno y de los funcionarios de Finanzas desconocer lo acordado y publicado en el presupuesto, ya que su supuesta justificación por el balance presupuestario es una hipocresía, porque el Congreso les dio el instrumento para hacer que ellos, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, hicieran el ajuste correspondiente.
“La responsabilidad del gobierno es absoluta, y lo que hace falta es voluntad política del gobernador para dar las instrucciones que resolverían el problema de fondo, lo que hace falta es controlar el gasto corriente y poner orden en las nóminas, al mismo tiempo, dejarse de pretextos y usar los recursos aprobados y publicados en beneficio de los damnificados” concluyó.
