Jaime GUERRERO
En Oaxaca, se incumplen las resoluciones que dicta el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) lo que permite que las autoridades, principalmente municipales incumplan de manera reiterada dichas resoluciones.
Lo anterior, a pesar de la obligación de todas la autoridades de informar sobre los documentos y archivos que posean y el derecho que tiene todo gobernado para ser informado por parte de las autoridades de los documentos y archivos que tengan en su poder, el cual se encuentra basado en el derecho humano de Transparencia y Acceso a la Información Pública tutelado el artículo 6 de la Constitución.
Mientras que a nivel internacional se garantiza en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el artículo 19, párrafo segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Además dijo que la información que sea pública deberá ser clara, entendible, completa, confiable, oportuna y relevante, para que cualquier ciudadano pueda obtener claramente la información que necesita.
“En lo que respecta a los Ayuntamientos, para hacer efectivo el acatamiento de las resoluciones del órgano garante, sólo se cuenta con el procedimiento de responsabilidad que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo que se instruye ante la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado de Oaxaca, sin embargo, dicho procedimiento es insuficiente para forzar a los Presidentes Municipales a cumplir con las resoluciones en materia de transparencia”, advirtió la diputada del Partido Morena, María de Jesús Melgar Vázquez.
Lamentó que en la entidad, se incumplen las resoluciones que dicta el IAIP, lo que permite que las autoridades, principalmente municipales incumplan de manera reiterada dichas resoluciones.
Por lo pronto, propuso reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca en su artículo 60, para adicionar una fracción que contenga como causa grave para la causal de revocación de mandato de algún miembro del Ayuntamiento, como edil, síndico o regidor ante el incumplimiento de una resolución en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, dictada por el IAIP.
“Autoridades municipales que nieguen información deben ser destituidos”, planteó, en su iniciativa de ley, para que las autoridades municipales que se nieguen a dar información pública, puedan ser sancionadas incluso con la suspensión del cargo.
Durante la Sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, exigió respeto al derecho humano a la Información Pública, mientras que los presidentes municipales, síndicos o regidores que se nieguen a dar información, sean sancionados de manera ejemplar.