Es parte de una campaña nacional para investiguen el hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Segob y la Procuraduría General de la República
Organizaciones sociales se manifestaron frente a la sede de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para solicitar un pronunciamiento sobre la tortura y ejecución contra Humberto Morales Sántiz, niño indígena tzeltal de 13 años de edad en “El Carrizal, municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas.
Integrantes del Frente Nacional de Liberación Socialista (FNLS) y de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) denunciaron que Juan José Tapia González, delegado estatal de la CDI no sólo se ha negado a aceptar el exhorto, parte de una campaña nacional sino que ha hostigado a los manifestantes tomandoles fotografías.
El director operativo de la CDI Puebla, Orlando Avilés, informó que el delegado Tapia no podía ser notificado porque no tenía señal en su móvil, sin embargo, manifestantes han llamado a su celular que si da tono de enlace.
Ángel Lueza Ruiz, de la Redddh, explicó que el pasado 28 de febrero del presente año, el niño Humberto Morales Sántiz se dirigía a acarrear leña para las actividades propias de la vivienda, cuando recibió un disparo en la cabeza, que lo hizo caer muerto.
Familiares denunciaron que su cuerpo presentaba golpes en espada y brazos por lo que hay certeza de que el pequeño fue víctima de tortura.
En el documento de petición, se denuncia que hubo presencia de patrullas de la policía quienes encendieron sus sirenas durante el tiempo que las personas de la comunidad buscaba a Humberto, como parte de actos de hostigamiento.
Lueza aseguró que en reiteradas ocasiones se ha denunciado le presencia de un campamento paramilitar instalado en la vía de acceso a la comunidad a la que han intimidado constantemente.
Los activistas realizaron pintas en el portón principal de la sede de la CDI y pusieron carteles en su fachada como parte del exhorto nacional para que las delegaciones se pronuncien condenando la ejecución extrajudicial del indígena de 13 años en el estado de Chiapas y que sea esta misma la que emplace a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación Segob y la Procuraduría General de la República PGR para que en la medida de sus atribuciones realicen una investigación exhaustiva e imparcial a fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen y que sean procesados conforme a derecho y sentenciados.
con información de e-consulta.com