Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- “Se me acusa de ser omisa ante actos de terceros. Lo paradójico es que de esos terceros, que han sido vinculados a proceso, yo soy la única en la cárcel. ¿O cuando se habla de terceros a quién o quiénes se refieren? ¿A todo un gobierno? ¿A un sexenio? ¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto corrompiendo las leyes? […]“El Juez Delgadillo Padierna ya había tomado una decisión antes de sentarse frente a mí por primera vez”.
Esas son las palabras más recientes de Rosario Robles Berlanga. Las dijo en el Reclusorio Norte, en una audiencia del 12 de diciembre.
Aunque desde el 13 de agosto, día en que se le informó que enfrentaría el proceso en prisión, sus abogados emprendieron acciones para denunciar un conflicto de interés entre el Juez Jesús Delgadillo Padierna por su lazo familiar con Dolores Padierna, con quien Rosario Robles tuvo episodios de conflictos. La decisión que se tomó el miércoles es que continuará en prisión y de acuerdo con su abogado Julio Hernández Barros, no hay una vía jurídica que pueda garantizar que salga antes de las fiestas de fin de año.
El día de ayer, la Magistrada Cristina Porras Ordizolas, encargada de la revisión del caso, reconoció faltas ejercidas por el Juez Delgadillo Padierna, y refirió “agravios importantes” que perjudican de manera directa a Robles Berlanga, pero determinó ratificar la prisión preventiva y enviar el caso, de nueva cuenta, al Juez sobrino de Dolores Padierna.
“Esto significa que es más grande el interés del Gobierno en mantenerla presa que cualquier consideración jurídica”, puede leerse en un comunicado emitido por la defensa de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
A decir de Hernández Barros, con esta resolución Rosario Robles “está molesta, enojada. Está desilusionada de la justicia de su país”.
“Para la comunidad jurídica de México es un hecho sin precedentes que se declaren fundados los agravios y se decida mantener la medida cautelar. Quisiéramos decir que nos equivocamos en nuestros argumentos de defensa. No obstante, desafortunadamente los hechos nos vuelven a dar la razón y confirmamos que Rosario Robles es una presa política”, finaliza la defensa de la ex funcionaria.
En entrevista con SinEmbargo, Julio Hernández criticó tanto la resolución como el actuar de la Fiscalía.
Señaló que en más de 30 años de servicio profesional, él nunca había visto una sentencia tan “incongruente” en la que se manifiesta que Rosario Robles no mintió, que la defensa no mintió, que se acreditó que el domicilio era en Coyoacán, que no hay ningún riesgo de fuga, que la acción procesal de presentarse voluntariamente en las audiencias lo constata y que no había pruebas de que tuviera dinero para poder huir.
“Entonces al leerlo parecía que daba la razón, pero en los puntos resolutivos dice que se confirma que no, lo que es incongruente. Nos dejó perplejos. Es la sinrazón, la negación al derecho […] [la Jueza] hizo toda una justificación jurídica para responder en un sentido para revolver en otro. Hay jurisprudencias que dicen que las sentencias son un todo integral y no están solo constituidas por los puntos resolutivos. Esta sentencia revoca el acto reclamado, excepto en el punto resolutivo, en el que la confirma”, explicó.
Desde su perspectiva, este hecho demuestra que “no existe autonomía en el Poder Judicial, que está doblegado ante el Gobierno, que hoy no hay tres poderes sino uno solo, que es el que ordena y dirige y hace cumplir sus caprichos y sus decisiones”.
Sobre lo dicho por Rosario, de que si ella es el único trofeo que tiene el actual Gobierno para sostener su lucha contra la corrupción, comentó que la prueba está en que en este proceso se han utilizado pruebas falsas.
“Hay un trámite de una licencia que nunca realizó Rosario Robles, con una fotografía que fue sacada de Internet, de ahí tomaron la foto, con una firma notoriamente falsa y con una fecha equivocada. El MP, a sabiendas de que era falsa, pidió prisión preventiva, a todas luces ilegal. Entonces el caso no solo está detenido con alfileres, sino con mentiras. Ella es una presa política, no ha cometido un delito, está ahí por lo que es y por lo que representa”.
A Rosario Robles quedó vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y también en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y agravado por tratarse de un delito continuado, es decir, que brincó con ella de una Secretaría a otra. La Fiscalía le imputó irregularidades en el manejo de 5 mil 070 millones de pesos que podría convertirse en el pago por reparación de daño, además de los 23 años que podría pasar en prisión.
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LA DEFENSA CON ROSARIO EN PRISIÓN
El 4 de septiembre, la defensa de Rosario Robles presentó un amparo en contra del Auto de Vinculación a Proceso, dictado el 13 de agosto por el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
También ya se recurrió a otras instancias: el 17 de diciembre, los abogados de Robles presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ministerio Público de la Federación (MPF), al que acusaron de haber “fabricado pruebas, mentido y difamado […] con el propósito de mantenerla en prisión preventiva e iniciarle un proceso judicial plagado de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa”.
En el documento dirigido a la encargada del organismo, María del Rosario Piedra Ibarra, la ex funcionaria argumentó que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del MP “han estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a mis derechos humanos”.
Otro suceso que ocurrió en estos meses fue el tema del juicio político. Desde la Cámara de Diputados, la Sección Instructora entregó la notificación de juicio político a la ex funcionaria en el Centro Femenil de Reinserción Social: “El día de hoy, a las 19:45 horas, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, de esta Ciudad Capital, la Ciudadana María del Rosario Robles Berlanga fue formalmente notificada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados”, señaló en un comunicado.
La Cámara Baja detalló que el juicio fue iniciado por resolución de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia el pasado 28 de noviembre.
Sobre lo que sigue, el Abogado de Rosario comentó que interpondrá un juicio de amparo en contra de la resolución de la Magistrada y el cambio de medidas cautelares, aunque este caso puede caer, de nueva cuenta ante el Juez Delgadillo Padierna.
“Tenemos muchas pruebas nuevas que aportar y si es este mismo juez, puedo vaticinar el resultado porque es un juez de intereses personales, pero de todas maneras tenemos que seguir apostando por las vías legales. Vamos a seguir con el proceso para probar su inocencia”, agregó.
La etapa de la investigación complementaria en el caso concluye el 13 de febrero de 2020, según quedó estipulado en la audiencia del 12 de agosto de este año.
