istrito de Barranca, cantón y provincia de Puntarenas, Costa Rica. Diez para las siete del viernes 24 de mayo de 2019, noche cerrada ya. La Fuerza Pública de Costa Rica realiza un operativo rutinario con apoyo del Grupo de Apoyo Operativo, el GAO. Una quincena de policías enfundados en chalecos antibalas y distribuidos en tres carros y dos motocicletas. No buscan a alguien en particular, solo están a ver qué sale.
En una comunidad empobrecida llamada Libertad 81, junto a una champa que tiene láminas oxidadas por paredes, se van contra una pareja de jóvenes y los rodean. Sólo les interesa él. Le piden la cédula de identidad. Dice no cargarla, pero les da nombre, apellidos y número. Los policías los introducen en un teléfono con una aplicación especial. Limpio. Pero algo no cuadra. El joven se ve mucho más joven que los 36 años que tiene el nombre que han consultado. Preguntas van y vienen. Al final, el joven admite que dio los datos de un hermano mayor. Les da los verdaderos a regañadientes —24 años tiene en realidad—, y el sistema revela que sobre él pesa una orden de captura. “Es por el incumplimiento del pago de la responsabilidad alimentaria que tiene”, me dice Rodrigo Alfaro, el comandante al frente del operativo. Debe 310.000 colones a su expareja, unos 530 dólares.
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Se lo llevan como si fuera un delincuente, dice el padre del joven, que se ha acercado al lugar. Lo esposan, lo meten en uno de los pick-up y se lo llevan a la subdelegación policial del distrito de Chacarita. Si mañana ese dinero no es depositado en la cuenta bancaria designada por el respectivo juzgado de Pensiones Alimentarias, el joven será trasladado al Centro Penitenciario La Reforma, en Alajuela. “Si se rehúsa a pagar, puede estar detenido hasta seis meses”, dice Alfaro.
La escena da para múltiples debates —rutinaria, insisto—, pero hay uno importante, quizá el más sutil de todos: el de la institucionalidad.
Hay una legislación que trata de proteger a la niñez, un padre que la incumple, un juez que gira una orden de captura y unos policías que detienen al infractor. Esta secuencia sonará a perogrullada a quienes viven en sociedades más ordenadas, en democracias más consolidadas, pero Costa Rica sigue siendo parte de Centroamérica. Tampoco son regla en Guatemala, Nicaragua, Honduras o El Salvador otros detalles de la escena narrada, como que la Policía cuente con recursos tecnológicos que facilitan su trabajo, que ingresen en zonas calientes —como lo es Barranca— sin temor a ser emboscados por alguna pandilla, o incluso que el procedimiento se realizara sin violencia, con respeto a los derechos del joven.