Hidalgo (La Silla Rota).- Cuando fue electo presidente de México, tres indígenas hidalguenses pidieron el indulto a Enrique Peña Nieto al argumentar irregularidades en su proceso penal y falta de pruebas para culparlos de un fraude fiscal por 486 millones de pesos; sin embargo, les fue negado.
Después de tres años de reclusión en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, los oriundos de la comunidad de San Joaquín, en Tecozautla, fueron liberados en 2015, sin que exista una remediación de daños por estar presos injustamente.
Desde 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) observó “una grave desventaja” que los miembros de grupos autóctonos “no hablen ni entienden el idioma español”, además de no con traductores.
Abuso de confianza
Ellos, además, eran inmersos en delitos cuya magnitud no comprenden, como Celso Mejía Caballero, Juan Caballero Hernández y Margarita Hernández Lugardo, los indígenas hñahñús encarcelados en agosto de 2012 por supuesto contrabando de telas; sin embargo, sus abogados comprobaron, mediante una prueba grafológica, que el empresario Óscar Corro López falsificó, en 2009, sus firmas y usó sus identidades.
Actualmente, en los Centros de Reinserción Social y Cárceles Distritales están recluidos 347 indígenas, lo que representa nueve por ciento del total de los reclusos.
El grupo étnico con mayor población en este primer semestre de 2017 es el náhuatl, con 187; después sigue el otomí, con 97; el CDHEH con 54, y totonaca, con dos.
Asimismo, de las etnias huichol, mixteco, mixe, tepehua, popoluca y zapoteco hay un interno, respectivamente, de acuerdo con el Diagnóstico Penitenciario del primer semestre de 2017 que elaboró la CDHEH.
La noche del 16 de agosto de 2015, cuando fueron liberados, Celso Mejía dijo: “al fin se hizo justicia, sabíamos que nosotros no debíamos nada. Somos inocentes, somos gente humilde, de trabajo”.