Algún día, cuando en este país exista un gobierno genuinamente comprometido con la ley y la democracia, serán llevados ante los jueces aquellos que han convertido al Estado de México en un territorio donde prevalecen la pobreza, la inseguridad y los feminicidios, donde voto y dignidad son artículos de mercado, donde miles de millones de pesos del erario han sido desviados a finanzas partidarias, ¿también a personales?
La campaña ordenada por un jefe de Estado que puso rango, poder y presupuesto al servicio de su partido, tuvo un importante efecto colateral: propició el desnudamiento de un mecanismo de corrupción transexenal implementado por los gobernadores Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila. Este mecanismo es cíclico, como lo ha dicho Iniciativa Ahora en una queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral y en la PGR, y “sus repeticiones están asociadas a los períodos de competencia político-electoral”. De ese modo, al gobierno mexiquense y a la campaña de Alfredo del Mazo se han desviado más de 4,000 millones de pesos del erario federal.
Desde 2002, tal mecanismo ha permitido la generación y flujo de más de 100,000 millones de pesos -en efectivo y en activos en Bolsa- entre los gobiernos del Estado de México y la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL México), esto mediante el otorgamiento de concesiones de construcción, explotación, operación y mantenimiento de autopistas, entre ellas el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
El origen del “mecanismo transexenal” se remonta a 1991, cuando el gobierno federal otorgó a un particular la concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero Chamapa- Lechería. Imposible detallar aquí la truculenta historia de cómo esa concesión abrió la puerta para hacer fluir carretadas de dinero a campañas electorales, pero con base en la queja de Iniciativa Ahora y en las denuncias y cartas del abogado Paulo Díez Gargari, es posible construir una apretada síntesis:
Al amparo de un convenio celebrado en 1992 con el gobierno federal, el Gobierno del Estado de México se obligó a aportar 50 millones de pesos (50,000 millones en viejos pesos, 334 millones de 2017) para cubrir el costo de liberación del derecho de vía de la mencionada autopista. Por arte de birlibirloque, y rescate carretero de 1997 de por medio, aquellos 50 millones se convirtieron en 2009 en 3,600 millones que el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, demandó como indemnización a la Federación, a pesar de que el Edomex no tuvo nunca derecho a ser indemnizado.
Una y otra vez el Ejecutivo federal se negó a pagar lo que no debía, pero cuando Peña Nieto llega a la Presidencia, los mismos que habían formulado las reclamaciones fraudulentas autorizaron el pago y el 12 de diciembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró con el gobierno mexiquense un ilegal convenio de transacción, para pagarle a éste 3,566 millones de pesos. Y esto se hizo sin que existiera un dictamen de suficiencia presupuestal, como lo ha confirmado la Secretaría de Hacienda.
Pero ¿cómo se convirtieron 50 millones en 3,566 millones de pesos? Pues con la ayuda de Alfredo del Mazo, quien a unos días de dejar la dirección general de Banobras -explica Díez Gargari- se dio un “autopase” de 3,566 millones, parte o la totalidad de los cuales habrían sido destinados al financiamiento ilegal de campañas. ¿Hará algo la PGR de Raúl Cervantes en este escándalo mayúsculo?
Importa recordar que a Díez Gargari le fue “sembrada” un arma para justificar una arbitraria detención temporal, en 2015. Incansablemente este abogado, representante jurídico de la empresa Infraiber, ha denunciado el escándalo financiero ante la PGR, ha continuado su investigación documental y así detectó este año la misteriosa aparición y desaparición de 1,600 millones de pesos en las cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), cantidad que presumiblemente fue a la campaña de Del Mazo.
En tanto, pese al gran despliegue de recursos volcados en la campaña priista, los candorosos consejeros y fiscalizadores del INE determinaron que el gasto respectivo ascendió a 168.2 millones de pesos, lejos del límite fijado por las autoridades electorales en 285.5 millones. ¡Ja!
Obtenido de: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=116197&md5=a7bbb0ebf32c344e2509d8a089047346&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=be8895e4e5e2ae75f2e97cc6071dcb28