En la gestión de Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República del gobierno de Felipe Calderón, se llevó a cabo el “mayor decomiso de cocaína de la historia”, al asegurarse 23.5 toneladas de la droga en la Aduana del Puerto de Manzanillo, Colima, a donde había llegado en un buque procedente de Colombia. A pesar de que el “golpe histórico” fue realizado por la Policía Federal y la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, atendiendo a un reporte de la DEA, la PGR nunca detuvo a ningún responsable por el ingreso de aquel cargamento ni imputó a ninguno de los funcionarios de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo, entre los que estaba Ardelio Vargas Carrillo, hijo del entonces director del Centro de Análisis para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Ardelio Vargas Fosado.
De acuerdo con documentos oficiales que obran en los archivos tanto de la desaparecida PGR como de la extinta SSP federal, la Procuraduría de Medina Mora desestimó la participación de funcionarios de aduanas en el ingreso de los 23.5 toneladas de cocaína, que llegaron en dos contenedores a bordo del citado buque colombiano y que, según documentó entonces la inteligencia federal, eran propiedad de Arturo Beltrán Leyva, del Cártel del Pacífico, y de Oscar Nava Valencia, “El Lobo”. Los contenedores fueron ingresados a la Aduana de Manzanillo con una declaración de pedimento a nombre de Importadora y Exportadora Alucapo, S. A. de C. V., una empresa de origen colombiano que tenía un domicilio en el Condominio Cristal, ubicado en la calle de Paseo del Prado, 102 despacho 901, en la colonia Del Prado, en Querétaro, y de la que aparecía como encargado Carlos Alberto Guzmán Palazuelos “El Chiva”.
En su momento, las líneas de investigación de las áreas de inteligencia de la SSP, a cargo de Genaro García Luna, apuntaron también a la participación de cuatro funcionarios clave de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo que aparecían como sospechosos en el ingreso y la recepción de la cocaína procedente de Colombia: Héctor Armando Mejía Arce, administrador; Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras.
Sin embargo, la PGR de Medina Mora nunca investigó la posible complicidad de los funcionarios de Aduanas y, prácticamente sin atender las “líneas de investigación” de las áreas de inteligencia federal que participaron en el operativo para la ubicación y confiscación de los 23.5 kilogramos de cocaína, el responsable del Ministerio Público exoneró, apenas cinco días después del mayor decomiso de cocaína en la historia, a todos los funcionarios que controlaban los cargamentos que ingresaban a las aduanas de Manzanillo.
“¿Se va a investigar al personal de la aduana de Manzanillo?, ¿hay detenidos, gente, vamos, funcionarios que permitieron la llegada de estos cargamentos de coca?, le preguntó el 5 de noviembre de 2007, cinco días después de que se anunció la confiscación de la droga, el periodista José Cárdenas en radio. “Mira, en este momento con respecto a la aduana de Manzanillo, yo te puedo decir que el personal de la aduana actuó con pleno apego a la normatividad y a los procedimientos operacionales que la propia aduana ha fijado y eso es lo que nos permitió, precisamente, localizar específicamente este embarque, independientemente de la información de inteligencia, que nos decía que venían estos embarques a nuestro país. Pero ahí no hay ninguna conducta que pudiera ser sospechosa o fuera de procedimiento; al contrario, estamos obviamente generando un nivel de protección hacia el personal de la aduana”, respondía el procurador Medina Mora, quien apenas cinco días después de que entrara el mayor cargamento de cocaína por un puerto mexicano, exoneraba públicamente a todo el personal y los directivos de la aduana por donde había entrado el barco colombiano cargado de droga.
No era lo mismo que reportaban otras áreas de seguridad como la Policía Federal, en donde se tenía documentado que desde el 26 de octubre, por la mañana, se tuvo la primera información de inteligencia policial que alertaba de un cargamento de coca que llegaría a Manzanillo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde la DEA avisó también a las autoridades mexicanas que tenía información de que venía un barco con cocaína de Colombia y que llegaría a la aduana de Manzanillo. Dos días después, el 28 de octubre, fue la misma DEA la que confirmó la alerta y dio el nombre del buque carguero “Esmeralda” que arribaría con varios contenedores con droga. El 29 de octubre los policías federales realizaron labores de revisión en la “plataforma” y ubicaron cuatro contenedores y con un oficio, le solicitaron al Ministerio Público de la delegación de la PGR en Colima que ordenara la retención de los contenedores señalados y ese mismo día se ordena al personal de la Aduana no permitir la salida de los contenedores identificados para verificar la mercancía que trasladaban.
El 30 y 31 de octubre, según una relatoría de la entonces PF, se revisaron los cuatro contenedores en presencia de funcionarios de PGR, Defensa, Marina, Secretaría de Hacienda, y Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y tras abrir los contenedores y analizar las muestras se confirmó la existencia de cocaína y se pesó la droga de los dos contenedores dando como resultado los 23.5 toneladas, la mayor cantidad de cocaína nunca encontrada en ningún país. Los otros dos contenedores, donde supuestamente se transportaba pseudoefedrina, se analizaron y se determinó que en realidad se trataba de jabón.
La Policía Federal ordenó entonces el traslado de Héctor Armando Mejía, administrador de la Aduana de Manzanillo, de Colima a la Ciudad de México, para que fuera presentado e interrogado para esclarecer la participación de él y el personal a su cargo en la recepción de cargamentos de droga para el Cártel del Pacífico a través del Puerto. Junto con la SSP pidió investigar a Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras. Pero ninguno de ellos fue ni investigado ni mucho menos imputado por la PGR a cargo de Eduardo Medina Mora.
Por esas mismas fechas, el 11 de octubre de 2007, en una bodega de la empresa de Transportes Unidos de Tampico, elementos del Ejército encontraron y confiscaron 11.7 toneladas de cocaína. A diferencia de lo que ocurrió en Manzanillo, el Ejército detuvo a 7 personas en el operativo y pidió a la PGR el arraigo de 10 funcionarios de la Aduana de Tampico, empezando por el administrador Felipe Ángel Zamora, el subadministrador José Cossío Hernández, hasta los operadores de rayos gama, los choferes y copilotos de la Aduana, todos bajo la sospecha de colaboración para recibir los cargamentos de droga.
No fue el mismo trato que Medina Mora ordenó darle al decomiso de Manzanillo, que era dos veces la cocaína encontrada en Tamaulipas y el mayor cargamento de cocaína nunca confiscado. ¿Por qué el entonces procurador no ordenó investigar a fondo la complicidad del personal de Aduanas en Manzanilo, entre ellos el hijo de un cercano colaborador suyo como Ardelio Vargas? ¿A quién benefició o se encubrió entonces y por qué desde la PGR que encabezaba Eduardo Medina Mora?
