Isidoro Yescas
Oaxaca, México.– Bajo la premisa de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, en el 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó que la revocación de mandato se volviera ley, disposición que luego se replicó en la mayoría de las entidades federativas gobernadas por Morena. Un año después, el 10 de abril del 2022, más de 16 millones de mexicanos y mexicanas votaron por el SI a la continuidad del mandato de AMLO.
A la fecha en ningún estado se ha aplicado esta ley, no solamente porque los gobernadores o gobernadoras en turno se han abstenido de promoverlo, como sí ocurrió con AMLO, sino porque las leyes locales en materia de revocación de mandato se redactaron en términos tales que, al menos que tenga el visto bueno del jefe del poder ejecutivo estatal, resulta casi imposible su aplicación.
Y la Ley de Revocación de Mandato del estado de Oaxaca aprobado por la LXV Legislatura local el 18 de enero del 2023 es el mejor ejemplo.
¿QUÉ TIPO DE OBSTÁCULOS IMPIDEN O ESTARÍAN IMPIDIENDO ESTE EJERCICIO DE DEMOCRACIA CIUDADANA PARTICIPATIVA?
Uno, se requiere que la solicitud esté
respaldada por el 10 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, es decir, poco más de 300 mil firmas, si se considera que el listado nominal del estado de Oaxaca supera los 3 millones de electores.
Dos. Quienes firmen la solicitud deben residir en la mitad más uno de los municipios de la entidad. Esto es, en por lo menos 286 de un total de 570 municipios.
Tres. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la citada ley, “las ciudadanas y
ciudadanos interesados en presentar la
solicitud (de revocación de mandato) deberán informar su intención al Instituto (IEEPCO), durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año del período constitucional de la persona que ostente la titularidad del (sic) gubernatura del estado. A este efecto, podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha señalada anteriormente. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.”
El primer mes posterior a la conclusión del tercer año del gobernador Salomón Jara es el mes de enero del 2025, pero, de acuerdo al texto citado, las partes interesadas solamente disponen de un mes, diciembre del 2024, para recabar firmas entre ciudadanas y ciudadanos radicados en por lo menos 286 municipios de la entidad.
Además, estas firmas, deberán recabarse en “los formatos impresos y medios electrónicos” que el IEEPCO apruebe y emita.
Existen toda una tramitología para esta parte que pasa por la validación de toda la documentación por parte del IEEPCO y
termina por un si o no por parte del TEEO que, para variar, carece de autonomía plena para tomar decisiones de esta naturaleza.
Sin embargo, en el supuesto de que se libren todo los obstáculos legales, operativos y financieros para recabar las firmas y que finalmente se lleve a cabo la consulta para la revocación de mandato nada asegura que triunfe el NO pues para eso habría que librar un último obstáculo: cumplir con lo que se establece en el artículo 58 que señala como condición para que proceda la revocación la participación del 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Es decir, que de poco más de 3 millones de electores voten por el NO alrededor de un millón 200 mil electores.
Con toda y la crisis de legitimidad y de credibilidad que enfrenta el jefe del poder ejecutivo, el otro escenario es que la nomenclatura primaveral se juegue el todo por el todo y, en un escenario de realización de la jornada electoral para un SI o NO le apueste a la continuidad confiado que tiene con qué: recursos económicos de sobra, control de los tres poderes, control del IEEPCO y del TEEO, y capacidad de presión y chantaje hacia los gobiernos municipales.
X: @Yescaslsidoro
Febrero 3 del 2025.
