Casi 10 de cada 100 pesos invertidos en el Edomex, provenientes de tres fondos y un programa federales, implicaron irregularidades cometidas en la administración de Alfredo del Mazo, de acuerdo con la ASF. Al cierre de junio de este año, el Gobierno mexiquense aún tenía 1.8 mil millones de pesos “por aclarar”, en un momento en que el Gobernador es cuestionado por omisiones en su declaración patrimonial.
Efrén Flores
Ciudad de México (SinEmbargo).- El Gobierno de Alfredo del Mazo Maza es responsable por un probable daño al erario público del Estado de México que supera los 1.8 mil millones de pesos, causado por irregularidades en el ejercicio de recursos, según los resultados de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las inconsistencias en el manejo de tres fondos y un programa públicos involucraron a cuatro dependencias del Gobierno estatal y a siete universidades locales. Entre las causas de perjuicio estuvieron diversas “inobservancias” de Ley, falta de transparencia, no integración o comprobación de recursos e intereses financieros, obra pagada no ejecutada y/o de calidad “deficiente”, falta de cobro de penas convencionales a contratistas y contrataciones injustificadas.
Además de las irregularidades en el ejercicio de recursos al corte del 31 de diciembre de 2018, la ASF determinó que el Gobierno estatal no ejerció más de 320.6 millones de pesos que debían ser utilizados antes del primer trimestre de 2019, para no generar impactos negativos –como sucedió– en el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos gubernamentales.
“En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos” de dos (de tres) fondos y del programa evaluado, por lo que incurrió en el “incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”, se lee en las auditorías con folio 2018-A-15000-19-0837-2019 837-DS-GF, 2018-A-15000-19-0830-2019 830-DS-GF y 2018-A-15000-19-0843-2019 843-DS-GF.
Los hallazgos de la ASF se dan en un contexto en que el Gobernador Alfredo del Mazo Maza es señalado por haber omitido, en su declaración patrimonial de 2012, una cuenta bancaria con un saldo superior a 1.5 millones de euros en Andorra, un paraíso fiscal.
Aunque los recursos evaluados podrían ser justificados en los próximos meses, la administración de Alfredo del Mazo fue incapaz de solventar, al cierre de junio pasado, 26 advertencias de la Auditoría que generaron cuatro recomendaciones, 19 observaciones, una “promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal” y dos “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Mazo es (y será) responsable de las irregularidades que ocurran durante su mandato, ya que tiene la obligación de garantizar las “condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento” de su administración y la “actuación ética y responsable de cada servidor público” a su mando (Artículo 6).
La Ley también establece que el actual Gobernador es (y será) responsable de “encubrimiento” si en el ejercicio de sus funciones “llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas” y realizara conductas “para su ocultamiento” (Artículo 62).
LAS UNIVERSIDADES
Siete universidades mexiquenses recibieron cerca de 128 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Es decir, 7.5 de cada 100 pesos invertidos por el Gobierno federal a través del fondo, para acciones de asistencia social y obras de infraestructura educativa en el Estado de México.
Más de la mitad (55 por ciento) del dinero utilizado por los “ejecutores del fondo” (70.3 mdp) incluyó pagos transferidos por medios distintos al electrónico y/o a través de cuentas de banco “no específicas”para la administración de los recursos del FAM, lo que impidió el adecuado registro de algunas transacciones que “no se encontraron actualizados y controlados” al momento de la auditoría 2018-A-15000-19-0837-2019837-DS-GF.
Las universidades Autónoma del Estado de México (UAEM), Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE) y Estatal del Valle de Toluca (UNEVT) incurrieron en este tipo de irregularidad. A ellas se suman el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
En el caso específico de la UAEM y la UNEVT, la Auditoría determinó inconsistencias en el reintegro de casi 7.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), ya que ocurrió “sin los intereses correspondientes”.
Asimismo, la UNEVE, la UNEVT y las universidades Intercultural del Estado de México (UIEM), Mexiquense del Bicentenario (UMB), Politécnica de Atlautla (UPA) y Tecnológica de Zinacantepec (UTZIN) fueron señaladas por incurrir en alguno de los siguientes supuestos: ausencia de auxiliares contables de los ingresos y de facturas pagadas en archivos XML; falta de acreditación de los registros contables y presupuestales de cuentas bancarias; ausencia de pólizas contables de los recursos recibidos de la Secretaría de Finanzas estatal; y/o falta de pólizas de los rendimientos financieros generados de enero a marzo de 2019.
Las irregularidades en el manejo de recursos del FAM también implicaron a la Secretaría de Finanzas y al DIFEM.
Por un lado, la Secretaría de Finanzas transfirió los recursos del FAM (1.7 mmdp) con uno a 60 días de retraso, a los nueve “ejecutores del fondo” además que, al momento de la transacción, no transfirió ni reintegró más de 1.6 millones de pesos, “ni los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias en las que recibió los recursos del fondo”.
El DIFEM, por su parte, otorgó prórrogas indebidas “de 64 a 76 días naturales” a contratistas gubernamentales, “después de la fecha de entrega establecida originalmente en las bases de las licitaciones”. Y derivado de la compra de equipo de rehabilitación, “se observaron bienes que no coincidieron en modelo, marca y número de serie con los referidos en las facturas, y carecieron de la documentación que acreditara su registro en el patrimonio institucional, el número de inventario, y los resguardos respectivos”.
Sobre la auditoría a 15 obras de infraestructura –con recursos del FAM– en planteles educativos de niveles básico, medio superior y superior, la ASF encontró que seis de ellas fueron adjudicadas de manera “directa por excepción”, sin justificación y/o acreditación de que fueran efectuadas “con las mejores condiciones para el Estado en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad”.
En estas 15 obras, con un costo de 109.5 millones de pesos en conjunto, la ASF también observó “aspectos tales como diferencias entre lo reportado como pagado y lo comprobado, documentación comprobatoria y justificativa incompleta, falta de aplicación de penas convencionales [por un monto de 4.5 millones de pesos], obra pagada no ejecutada [que generó posibles daños presupuestarios por 25.4 millones de pesos], falta de amortización de anticipos y obra de calidad deficiente que no fue ejecutada de conformidad con las especificaciones técnicas de los proyectos”.
Las discrepancias en el manejo de recursos, y el no ejercicio de más de 320.6 millones de pesos que “ocasionó un impacto en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el Fondo”, produjeron “un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 414 millones 343 mil 800 pesos”, de acuerdo con la Auditoría.
Pese a la situación, la ASF informó que al 31 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de México no había realizado una evaluación de los recursos del fondo y que “la última evaluación […] se realizó en el ejercicio 2014”.
GOLPE A LOS FONDOS
Para el periodo fiscal 2018, el Estado de México recibió más de 10 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y más de 6.2 mil millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
En el ejercicio de recursos de estos dos fondos, la Auditoría Superior de la Federación encontró probables daños al erario público federal por 563 millones 413 mil 147.71 pesos. Es decir que cuatro de cada 100 pesos –del FASSA y del FAFEF– invertidos en el Edomex implicaron alguna irregularidad.
Los posibles perjuicios financieros derivados del FASSA ocurrieron por “no comprometer al 31 de diciembre de 2018 los recursos del fondo [21.9 mdp] ni enviar información que aclare o justifique que fueron utilizados en los objetivos del fondo”, se lee en la auditoría 2018-A-15000-19-0830-2019 830-DS-GF.
También hubo irregularidades por falta de documentación de recursos (al menos 245 mdp) devengados y pendientes de pago entre diciembre de 2018 y marzo de 2019; pagos (por más de 20 mdp) efectuados el 4 de abril de este año con recursos previamente comprometidos; pagos (16.3 mdp) y gratificaciones de fin de año (33.5 mdp) a prestadores de “servicio eventual”, “activo del fondo” o sin acreditación de la “preparación académica requerida para ocupar el puesto bajo el cual cobraron”; falta de aplicación de penas (443.4 mil pesos) convencionales a proveedores; y falta de transferencia de rendimientos financieros (646.3 mil pesos) a la TESOFE.
En el caso del FAFEF, cuya meta es fortalecer el presupuesto y capacidad de respuesta de los estados en materia de infraestructura, pensiones, protección civil y educación pública, los probables daños al erario público federal derivaron de la falta de reintegración de recursos (10 mil pesos) no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018; uso indebido de recursos (183.6 mdp) para pagos de nómina del personal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); y compra de medicamentos (41.8 mdp) “que no cumplió con los objetivos del fondo”.
Además de las irregularidades no solventadas a junio de este año, la ASF solicitó dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de los funcionarios públicos que resulten responsables por la falta de transparencia y de información con “calidad y congruencia”, respecto al informe de rendición de cuentas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal, correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con la auditoría 2018-A-15000-21-0838-2019 838-DS-GF.
ESCUELAS AL CIEN
El Programa de Escuelas al Cien implicó el uso de más de 836.4 millones de pesos en el Estado de México. Sin embargo, la totalidad de estos recursos fue ejercida el año pasado sin “elementos suficientes” que permitieran determinar la forma y pertinencia del gasto, según se lee en el informe 2018-A-15000-19-0843-2019 843-DS-GF.
“En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que produjo un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2242, por un importe de 836 millones 411 mil 900 pesos, que representa el 100 por ciento de la muestra auditada” y transferida al Gobierno mexiquense, de acuerdo con la ASF.
Las inconsistencias derivaron de las omisiones del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa (IMIFE), ya que “abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del Programa Escuelas al Cien” en la que, contra las disposiciones de ley, recibió depósitos vinculados al Programa, además de depósitos “distintos a las ministraciones del Programa” por 4.4 millones de pesos.
Ya que “el IMIFE no entregó evidencia de los registros contables de los pagos derivados de la ejecución y anticipo de las operaciones correspondientes a los recursos del Programa Escuelas al Cien recibidos en el ejercicio fiscal 2018”, la ASF “careció de elementos suficientes para la revisión y acreditación de su registro”.
Lo anterior implicó una situación de opacidad sobre “la planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción, y habilitación de la infraestructura física educativa, por lo que además no fue posible verificar el grado de avance de los proyectos autorizados”.
En consecuencia, la Auditoría concluyó que “el Gobierno del Estado de México careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, por lo que “no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”.
