Ciudad de México.- El empresario Otto Valles Baca fue vinculado ayer a proceso por una de las dos causas penales por las que fue detenido la semana pasada, por el desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos del erario de Chihuahua, durante la administración del exgobernador César Duarte.
En un comunicado de prensa, el imputado se declaró perseguido político del gobierno Javier Corral; “ni presta nombres ni cómplice”, aseveró.
El juez de Control, Carlos Fuentes, vinculó a proceso a Otto Valles por el desvío de 2 mil 600 millones de pesos y enfrenta otro proceso por peculado, por el presunto desvío de 20 millones más.
En la audiencia celebrada ayer, el juzgador dio un plazo de 6 meses para cerrar la investigación.
“Después de dos años de estar siendo perseguido y hostigado por el gobierno de Javier Corral, el empresario parralense y activo político de Parral y la Zona Sur del estado de Chihuahua, fue puesto en prisión bajo acusaciones de presunta complicidad en la comisión del delito de peculado, bajo el argumento de que habría simulado la venta de miles de toneladas de granos (avena, maíz y sorgo) a la administración estatal que en el 2014 encabezaba César Duarte Jáquez”, inicia el comunicado titulado “Declaración de Otto Valles a medios de comunicación”.
Detalla que la acusación de la representación social es que el empresario parralense ejecutó las presuntas operaciones ilícitas, a través de la razón social Hermanos Valles Baca, una de las empresas familiares del imputado.
Dicha empresa, agrega, fue objeto de una exhaustiva auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda durante los años 2017 y 2018. Y asegura que no encontraron irregularidades en sus actividades, “a pesar de que se puso especial énfasis en la información fiscal de los años 2014-2015”.
Al iniciar el año 2018, el gobierno del estado aseguró el rancho “El Milagro”, ubicado en el municipio de Villa López, cercano a Parral, que le fue atribuido como propiedad a César Duarte y señaló a Otto Valles como prestanombre, indica el empresario.
“Sin embargo, la acción de la justicia llegó sólo hasta ahí, pues se pudo comprobar que el inmueble legítimamente es propiedad de la familia Valles Baca, esto en medio de un episodio mediático en el que el empresario confrontó al gobierno, al exhibir sus procedimientos y replicar expresiones del Ministerio Público que encabezaba el operativo, quien habría manifestado: ‘andamos buscando la tanga de Juan Gabriel’”.
El año pasado, Otto Valles fue candidato a la diputación federal del Distrito 9, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y él mismo acusa que el día que concluyó el periodo de campaña, el gobierno estatal efectuó otro operativo contra propiedades de la familia Valles Baca: aseguró unas fincas localizadas sobre la avenida Juárez de Parral y otras arterias adyacentes, que también fueron atribuidas a César Duarte. “Pero siempre haciendo mención a la relación de Otto con el exmandatario”.
El entonces candidato denunció que el gobierno del estado utilizó el recurso, aparentemente legal, para perjudicar su campaña, y el imputado asegura que se mostró dispuesto a acudir ante los tribunales para responder ante la autoridad por cualquier acusación en su contra.
“La situación no paso de ahí:
“El pasado día 17 de este mes, Otto V. B. fue objeto de otra embestida por parte del gobierno del estado. Agentes de la Fiscalía Estatal se apostaron en torno a su domicilio desde temprana hora a bordo de varios vehículos y pasadas las diez de la noche procedieron a presentarse en la entrada principal del inmueble, solicitando se les abriera y permitiera el paso, pues contaban con una orden de cateo con fines de arresto, en contra del empresario.
“No hubo oposición. Los agentes ingresaron y entonces Otto V. les mostró un amparo concedido por un juez de distrito de lo federal, el cual de manera despreciativa pasaron por alto los agentes y violando las garantías legales que el documento le concedía, procedieron a su arresto”.
El empresario fue detenido y sufrió un trastorno en su salud, indica el comunicado. Fue trasladado al hospital del Seguro Social en Parral, donde les indicaron que se trataba de un problema cardiaco serio, que ameritaba atención médica y observación permanente, pues estaba en riesgo su integridad.
“La agente que estaba al frente del arresto y bajo amenazas de acusar al personal médico de obstruir la acción de la justicia, procedió a trasladar al acusado al Cereso de Parral sin que los médicos del IMSS concedieran el alta, esto alrededor de las 3:30 de la madrugada”, agrega.
Al llegar al penal, Valles Baca fue ingresado al área de hospital del Cereso de Reinserción Social estatal número 1, ubicado en el municipio Aquiles Serdán, localizado al lado de la ciudad de Chihuahua.
El personal del hospital del penal aceptó la mañana del día 18 que sí “venía algo delicado de salud el señor”, dice el empresario en el comunicado.
“Ese mismo día se implementó la primera audiencia de formulación de cargos. Se programó para la 1:30 de la tarde, pero hubo de posponerse una hora más a petición de la defensa de Otto V., que solicitó ese lapso de tiempo para poder ver el expediente y saber de qué se le acusa, pues hasta ese momento, ni el detenido ni sus abogados, sabían por qué estaban ahí.
“Con un tono hasta cierto punto jocoso, el Ministerio Público que encabeza al grupo de funcionarios que conforman la parte acusadora, hizo entrega en copia, de los más de tres tomos que conforman la investigación, aludiendo a la imposibilidad que podría resultar su lectura y análisis en una hora, pero si, dejando patente, que en la integración de la investigación se había violentado el derecho de audiencia del acusado”.
La audiencia se efectuó y la defensa señaló la presunta violación al amparo, por lo que solicitó la libertad del imputado.
El Ministerio Público argumentó que el amparo es nulo por efectos de temporalidad, porque primero se concedió el amparo y posteriormente se libró la orden de aprehensión.
“El aparato de la Fiscalía actuó premeditadamente, esto es, que la mañana del día 17 en que se apostaron a las afueras del domicilio de Otto V., lo hicieron porque tenían conocimiento de que se había concedido un amparo. Esperaron a que transcurrieran las horas y entonces solicitaron la orden de aprehensión para poder alegar la temporalidad del mismo”.
El juez declaró la prisión preventiva. La defensa del imputado asegura que el Ministerio Público realizó una audiencia tortuosa, “con redundancias y un manejo atropellado del lenguaje, en la formulación de una acusación sustentada en dichos de testigos protegidos –once al menos–, algunos de ellos ilocalizables y la presentación de facturas y contratos, que suponen el desvío de poco más de 2 millones de pesos de las arcas públicas vía la simulación de la venta de 550 toneladas de semilla de avena y sorgo al Gobierno del Estado, a favor del empresario. Tras 14 horas la audiencia concluyó, con el esperado fallo del juez: prisión preventiva”.
Por ahora, está vinculado a proceso por la primera causa penal.
