Jaime GUERRERO
Oaxaca.- De acuerdo a los resultados de la auditoria a la Cuenta Pública 2017, realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), hay un probable daño a la hacienda pública de Oaxaca por un total de 131 millones 45 mil 615 pesos con 37 centavos.
No obstante, en opinión de ese organismo auditor, las dependencias que habrían incurrido en presuntas irregularidades en el gasto, en el primer año de la administración del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, cumplieron razonablemente durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, con la aplicación de los recursos públicos respecto de los programas ejecutados, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, ajustándose a los términos y montos aprobados.
De su lado, la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado de la LXIII Legislatura, no ha elaborado el dictamen que en el que podría establecer si aprueba o no la primer Cuenta Pública de Murat Hinojosa. La moneda esta en el aire, debido a que diputados el PRI impulsa la aprobación, de la mano de sus aliados el PRD, PAN y PT; mientras que Morena, ante las presiones políticas mediáticas -confesaron diputadas consultadas- evitaran un choque con sus jefes políticos nacionales y por tanto, no avalarían la cuenta pública del mandatario priísta.
Y es que en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2017, entre las dependencias que no debidamente en tiempo y forma, están Sinfra.
Esa dependencia, no solventó 69 millones 811 mil 790 pesos; en los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao) el recurso no comprobado ascendió a 21 millones 848 mil 983 pesos. En Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) 599 mil 863 pesos.
En tanto, la la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, no se comprobaron 14 millones 5888 mil 675 pesos; la Comisión Estatal de Educación Física y Deporte los recursos no comprobados son 3 millones 446 mil 663 pesos.
En la Comisión Estatal de Vivienda, la falta de comprobación fue 3 millones 519 mil 690 pesos; el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, 1 millón 227 mil 980 pesos; en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que en ese entonces estaba a cargo de Alfredo Lagunas Rivera, la cifra no comprobada de forma correcta, asciende a 13 millones 507 mil 617 pesos con 59 centavos.
Así mismo, en opinión del OSFE, esas dependencias incurren en bajo desempeño de sus órganos de interno.
En tanto en la Cuenta Pública 2017, el Poder Legislativo, reportó que un presupuesto de 468 millones 597 mil pesos, sin embargo por ampliaciones presupuestales, gastó 816 millones 380 mil pesos.
El Poder Ejecutivo tuvo un presupuesto aprobado de 46 mil 460 millones 670 mil pesos, pero gastó 54 mil 818 millones 606 mil pesos, es decir un 17.98 por ciento más de lo autorizado.
En el caso del Poder Judicial se le autorizó un presupuesto de 810 millones 374 mil pesos aunque erogó 960 millones 261 mil pesos, es decir un 18.50 por ciento más.
El pasado 19 de septiembre, la LXIII Legislatura, no aprobó las cuentas públicas 2014, 2015, la de los últimos 11 meses del 2016 ex gobernador Gabino Cué Monteagud
En suma, los presuntos desvíos que detectó el organismo superior de Fiscalización en los últimos 3 años de la administración de Cué Monteagudo, ascienden 228 millones 271 mil 858 pesos.
Por lo pronto, corresponderá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Organismo Superior de Fiscalización y la Fiscalía Anticorrupción, conocer de los presuntos desvíos de recursos, realizar los procedimientos administrativos resarcitorios, penales u sancionatorios, contra los funcionarios responsables.
Respecto a la cuenta pública 2017, el OSFEO, determinó, pese a las observaciones, que la revisión se efectuó con la información consolidada por el Gobierno del Estado de Oaxaca en el documento denominado “Cuenta Pública del Estado de Oaxaca” correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y con la información específica proporcionada por sus dependencias y entidades fiscalizadas de cuya veracidad son responsables y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.
Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización
