“La Conagua sigue capturada políticamente” y esos funcionarios públicos, que vienen desde el Gobierno anterior, “están traicionando” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó Miguel Ángel Montoya, especialista en derecho humano al agua.
Ciudad de México, 9 octubre (SinEmbargo).- La coordinadora nacional Agua para Todos alertó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) digital permite desde agosto otorgar concesiones de aguas nacionales hasta los límites disponibles a quienes se registren en internet, sin considerar los derechos de pueblos indígenas y ejidos, e incluso en entidades con estrés hídrico como Baja California Sur y Guanajuato.
Los ponentes responsabilizaron a Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua; Víctor Alcocer Yamanaka, subdirector general técnico de la Conagua, dirigida por Blanca Jiménez Cisneros, y al área del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
“Dentro de Conagua hay intereses para poner las aguas nacionales bajo la lógica del mercado. El agua seguirá fluyendo hacia el poder económico”, dijo Elena Burns de Agua para Todos.
Miguel Ángel Montoya, especialista en derecho humano al agua, señaló que “la Conagua sigue capturada políticamente” y esos funcionarios públicos, que vienen desde el Gobierno anterior, “están traicionando” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña electoral prometió eliminar los 10 decretos del agua emitidos en junio de 2018 en el Gobierno de Enrique Peña Nieto que permitió un liberamiento “excesivo” de concesiones y, aunque afectan derechos de comunidades indígenas y ejidos, planean extenderlos.
La abogada Claudia Gómez Godoy, que llevó un amparo contra los decretos del sexenio de Peña Nieto por no considerar los derechos de pueblos indígenas a la relación de cuidado del agua para futuras generaciones y sus bosques, exigió a Conagua digital que deje de otorgar concesiones hasta que se decida el próximo año la reforma a la Ley General de Aguas de 2012.
Los ponentes llamaron a ampliar el debate para la discusión de las iniciativas de reforma a esta ley de aguas que se discutirá en febrero de 2020. Actualmente se han celebrado foros solo con la participación de los grupos que han presentado diferentes iniciativas: el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Usuarios de Riego, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y Agua para Todos.
ACCESO AL AGUA
Aunque el agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una Ley que no contempla el derecho humano a este recurso. Además de esto, un 10 por ciento de la población mexicana no tiene acceso al agua potable, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con expertos consultados por Efe con motivo del Día Mundial del Agua, desde 1992 un 7 por ciento de –mineras, embotelladoras, lecheras– controlan el 70 por ciento de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.
El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.
Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima.
También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país, pero no siempre sucede en México.
Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país. Tampoco sucede.
