Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- En cuatro años, en al menos 14 obras que se construyeron en el Estado de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró trabajos de mala calidad, retrasos en algunas hasta por más de medio año sin que se cobrara una multa al contratista, que hubo sobreprecio, que se hicieron a pesar de no contar con la liberación de los derechos de vía y en otros casos, no se hicieron pero se pagaron.
De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo, así fue como se operó la obra pública bajo el mandato de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) en la gubernatura del Estado de México. Las obras de infraestructura con estas fallas se hicieron con dinero federal destinado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que estuvo en manos de Gerardo Ruiz Esparza.
Son varios los puntos en los que está lo visto por la ASF de 2014 a 2017. El caso más emblemático es el Tren Interurbano México-Toluca. Esta obra reúne mucho de lo observado por el órgano auditor en otras obras: retraso, sobre precio, conflictos sociales, trabajos de mala calidad, pagos indirectos, dinero utilizado para fines distintos, informes que no coinciden con la obra pero con los cuales se autorizaron otras compras, pagos por servicios innecesarios y trabajos hechos sin pruebas de control.
Esta obra fue la única que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió continuar, aunque es la que utiliza con mayor frecuencia como referencia de lo que fue la obra pública en la administración de Enrique Peña Nieto. Critica sobre todo que la obra pasó de costar 30 mil millones de pesos a 90 mil millones de pesos.
El único tren que quedó del Plan Nacional de Infraestructura de Ruiz Esparza (se proyectó la construcción de cuatro), lleva al menos dos años de retraso. En el trayecto que abarca espacio del Estado de México la obra luce abandonada al igual que la maquinaria. Por el paso del tiempo los pilotes, que es en lo que más se ha avanzado, ya tienen grafitis, la mayoría de ellos con frases en rechazo a la obra.
No hay ningún tramo completo. El abandono es evidente.
El escenario se repite en el Auditorio de Tecámac: obra con sobreprecio, retraso, sin estudio ni proyecto ni normas de calidad y pagos que no se tenían contemplados. Hoy la obra está abandonada luego de que solo funcionó por ocho meses; el Gobierno actual encabezado por Alfredo del Mazo Maza busca concesionarla, pero hasta el momento no ha tenido éxito.
Otro caso es el de la autopista Toluca-Naucalpan. La obra se entregó a una concesionaria de Grupo Higa y se expropiaron tierras de comunidades indígenas y tres años después, la obra no se concluyó y el daño ambiental, según lo denunciado por los habitantes de la zona, es mayúsculo.
Además, fuentes dentro del Gobierno del Estado de México, aseguran que Ávila Villegas dejó inconclusos 20 hospitales, pero no se ha difundido el nombre o ubicación de éstos.
Las 14 obras a las que la ASF encontró anomalías, fueron realizadas por el Gobierno del Estado de México con dinero de las transferencias federales o de los planes de la SCT.
Los funcionarios involucrados en estos hallazgos, además de Eruviel Ávila y Ruiz Esparza, son Roberto Cervantes Martínez y Alejandro Lambretón Narro, que se desempeñaron como directores generales del Centro SCT del Estado de México. También tendría responsabilidad Erasto Martínez Rojas, Secretario de Infraestructura; Apolinar Mena Vargas, quien fue titular de la Secretaría de Comunicaciones hasta que estalló el escándalo de OHL y Rubén Bringas Peñaloza, que lo sustituyó.
LOS DEFECTOS EN LA INFRAESTRUCTURA
En el distribuidor vial Alfredo del Mazo y José López Portillo, Toluca, en su primera etapa, hubo retraso, incremento en el costo, se hizo sin la liberación del derecho de vía, no se cumplieron los costos marcados en el estudio costo-beneficio y se pagó por material extra. Esa obra fue adjudicada mediante licitación pública nacional a la contratista Demovial S.A. de C.V.
Se fijó para esa obra un importe de 154 millones 593 mil pesos y un plazo de 260 días naturales para realizarse, del 1 de abril al 16 de diciembre de 2015, pero el 31 de diciembre de 2015 se habían ejercido ya 156 millones 940 mil pesos.
El 14 de enero de 2016 se realizó el finiquito de los trabajos, pero la ASF en una visita el 3 de agosto de 2016, comprobó que los trabajos contratados no se concluyeron debido a una adecuación presupuestal.
En el caso del distribuidor Vial entre el cruce del Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca-Naucalpan, se encontró un importe a favor del contratista sin justificación y que superó el 25 por ciento del monto original, lo que es violatorio de las reglas. Además hubo pagos dobles hasta por 761 mil 109 pesos, trabajos sin supervisión, sin control en el desarrollo de trabajos, se pagó por obra inconclusa y hubo más aumentos en el costo que no se reportaron.
En la modernización de la carretera Ixtlahuaca y Jilotepec, también hubo aumentos sin reportar, se modificó el proyecto sin estudios de mecánica de suelos y sin aprobación previa, trabajos “de mala calidad” y copras de material extra que provocaron un desfalco de 5 millones 261 mil 889 pesos.
En el caso del Tren Interurbano, los errores específicos que se encontraron son que no se eligió desde la licitación las opciones más baratas, luego se registraron pagos indirectos no contemplados, el dinero se ha utilizado para otros fines y se encontraron unos informes (por los que se pagaron) que no coinciden con los avances de la obra y con base en ellos, se autorizaron otros pagos.
Al Viaducto conexión Interlomas-Nueva Autopista Toluca-Naucalpan, se fijó un daño al erario público por 198 millones de peso por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo recibido, además de deficiencias en los acabados finales como grietas, derrames, de nueva cuenta “trabajos ejecutados con mala calidad” y finalmente, un aumento en el costo mayor al 25 por ciento.
El Auditorio de Tecámac, que se hizo con dinero federal y estatal, tuvo retrasos, se dejó de ejercer dinero a pesar de que también hubo un sobreprecio, es una obra que se hizo sin estudio ni proyecto precio ni normas de calidad y se pagó por conceptos que no estaban contemplados en un inicio.
El Mexibús Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, tuvo también muchísimas anomalías: retraso de más de un año sin emitir multas, la obra no contó con un proyecto ejecutivo, sin planos aprobados y se pagaron terrenos con dinero etiquetado para otros fines.
Otra obra que está detenida es el Instituto de Oncología, que es una construcción abandonada en Ecatepec.
Para 2016, se hicieron nuevas observaciones al Viaducto conexión Interlomas-Nueva Autopista Toluca-Naucalpan: pagos no previstos, pagos de 10 millones de pesos por obra que no se hizo y diferencias entre lo pactado en el contrato y lo suministrado en tableros de alumbrado y de seguridad.
De nueva cuenta también el tren México-Toluca sumó autorización de pagos sin verificar que se cumplía con lo requerido para el proyecto en anclaje de varillas y refuerzo de zapatas; se pagó por servicios que no eran necesarios, hay gastos sin comprobar, pagos por servicios que ya habían sido cubiertos y por otros que ya había pagado el Gobierno de la Ciudad de México, se entregaron licitaciones sin hacer concurso, atrasos en la obra y sin avances en el derecho de vía pero con los “recursos ejecutados”.
Con el dinero de Programas y Fondos Federales, se dieron recursos para el equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, pero se duplicó la cantidad de cemento que se requería y no se utilizó para ese fin; la Distribución Vial Héroes III, se licitó pero no se inició; la Primera Etapa del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz se terminó seis meses después y pasó lo mismo con la construcción del Campo de Entrenamiento Militar para la Marina en Valle de Bravo.
Para 2017 se pagó con dinero del Fondo de Aportaciones Múltiples otra obra que no se hizo y el Viaducto conexión Interlomas-Nueva Autopista Toluca-Naucalpan sumo todavía más problemas, como señalamientos viales que no fueron colocados, semáforos que no funcionaron y se detectó que hubo adjudicación y formalización de contratos sin estudios preliminares y en tres contratos se generó afectación económica al Estado por el incremento en el costo de las obras por 55, 66 y 77 por ciento.
SinEmbargo buscó la postura del ahora Senador Ávila Villegas. Respondió con un mensaje de Joaquín Castillo Torres, ex Secretario de Finanzas del Estado de México en el que señaló que aún se continúa en un periodo de atención a las observaciones de la ASF, “por lo que no se pueden adelantar juicios u opiniones por respeto a dicho proceso”.
