Aunque la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió que su administración investigará el actuar de la policía capitalina, y mientras la Fiscalía General de Justicia de la capital del país también planteó que emprenderá acciones contra su personal –en particular los encargados del Ministerio Público–, organizaciones y colectivos de familias de personas desaparecidas exigieron una sanción ejemplar a los funcionarios que no actuaron a tiempo en el caso de Fátima y que, repetidamente, tampoco lo han hecho en otros casos.
Sugeyry Romina Gándara
Ciudad de México (Sin embargo).- La carencia de una actuación inmediata de las agencias del Ministerio Público (MP) al momento de interponer la denuncia de desaparición es uno de los aspectos que generó mayor indignación y crítica a las autoridades en el caso de la pequeña Fátima, situación que fue reconocida incluso por Claudia Sheibaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al aceptar que hubo una “cadena de negligencias”. Sin embargo, estas prácticas no son nuevas ni aisladas.
Este patrón que revictimiza ha sido la denuncia constante y añeja de las familias de víctimas de desaparición, colectivos, asociaciones de defensa de derechos humanos e incluso de organismos internacionales, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hoy, pese a los llamados de feministas y las recomendaciones y observaciones de organismos defensores de derechos humanos, esa mala praxis persiste en el país y el ejemplo más reciente es el caso de la niña Fátima.
“Son momentos de mucha desesperación que hasta las 72 horas las autoridades empiecen a actuar, cuando deberían investigar todo desde el primer momento”, describió con desesperación y voz cortada Fernando Antón, tío de la niña Fátima, raptada y asesinada en la Ciudad de México.
La pequeña de siete años de edad desapareció el 11 de febrero pasado en la comunidad de Tulyehualco, en la Alcaldía de Xochimilco, y fue hallada sin vida el sábado pasado en calles de la Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. El caso levantó gran indignación en México. Frente a lo mediático del caso, los presuntos responsables fueron detenidos el pasado 19 de febrero.
Fernando Antón reiteró que al momento de la desaparición, las autoridades de la Fiscalía desconcentrada de Tláhuac se negaron a abrir inmediatamente una carpeta de investigación por la desaparición de la menor, y los parientes tuvieron que acudir hasta la Alcaldía de Azcapotzalco, una agencia que les queda a 47 kilómetros de distancia y que para esta familia de bajos recursos representa más de tres horas de distancia en el transporte público.
“Fuimos antes, pero nos dijeron que hasta las 72 horas. Luego, hasta eso, nos atendieron un poco antes de las 72 horas, pero muy forzadamente”, expresó el tío. Fernando está convencido que si se hubiera actuado antes, quizá el destino de su sobrinita hubiera sido distinto. “¿Por qué esperar hasta que muriera?”, cuestionó en entrevista con SinEmbargo.
Desde 2018, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus sigla en inglés) ha llamado al Estado mexicano a tomar “medidas urgentes” para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de niñas y mujeres en el país.
En un informe emitido en 20 de julio de ese año, la Convención alertó que persisten “los patrones de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas” en todo el territorio nacional, que incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el feminicidio.
Entre las recomendaciones que emitió el organismo internacional, destaca que es necesario que se simplifique y armonice los procedimientos a nivel estatal para activar la alerta Amber y el protocolo Alba, y acelere la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
Además de “adoptar políticas y protocolos específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, el feminicidio y la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y el trabajo forzado”.
Pero los patrones que revictimizan y con los que se pierde tiempo clave para la búsqueda, persisten en oficinas del Ministerio Público. Ante ello, diversas organizaciones –como Idheas Litigio Estratégico– demandaron la sanción inmediata de los funcionarios que fueron negligentes, pues aseguran que “al desestimar la denuncia por desaparición, las autoridades perdieron minutos cruciales que pudieron dar pistas sobre el paradero de Fátima”.
Verónica Berber, defensora y abogada de Idheas, explicó en entrevista con SinEmbargo que la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares –declarada a raíz de un importante esfuerzo de un familiares y colectivos – deja en claro que el tiempo es indispensable para la búsqueda de personas, por lo que establece que todos los funcionarios deben actuar de manera inmediata.
La Ley, detalló, hace referencia a los casos de menores de edad donde desde el minuto uno se tiene que iniciar una carpeta de investigación, no sólo un reporte de hechos y clasificarlas de personas no localizadas, como antes estaban acostumbradas las autoridades “y que lamentablemente siguen muy acostumbradas a lavarse las manos”.
El Artículo 7 de la citada legislación plantea: “Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda”.
“En el caso de niños y niñas, se entiende que corren un riesgo porque no están bajo el resguardo del cuidado de quien debería o de sus padres”, expuso la abogada.
Berber añadió que no es suficiente que las fiscalías especializadas tengan conocimiento de las obligaciones, sino que todas las fiscalías –y principalmente las agencias desconcentradas del Ministerio Público– tengan bien clara esta información.
Para la defensora, el caso de Fátima ejemplifica que no se ha comunicado ni capacitado a todos los funcionarios sobre sus obligaciones y principalmente en las diligencias en los casos de desaparición cuando son niñas, niños y mujeres, porque son personas en condición de vulnerabilidad y desde el primer instante se tiene que iniciar la búsqueda.
REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS
Veronica Berber insistió que existió absoluta negligencia de los funcionarios que no tomaron la denuncia por desaparición a la menor, porque en caso “de haberse activado los mecanismos como deberían el desenlace pudo haber sido otro”.
Claudia Sheinbaum Pardo prometió que su administración investigará el actuar de la policía capitalina, mientras la Fiscalía General de Justicia de la capital también emprenderá acciones contra su personal.
“Para poder cambiar la situación, tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final: cuándo fue que se puso la primera denuncia, qué fue lo que hizo el primer Ministerio Público, el segundo, el tercero; cómo actuaron todas las instituciones, primordialmente las distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la policía de la ciudad, desde el momento en que ocurre la desaparición hasta el momento en que se encuentra el cuerpo de Fátima”, dijo el pasado 17 de febrero.
Sin embargo, los defensores y activistas esperan y demandan que lo anterior no quede solo en discurso, sino que exista una sanción real a los funcionarios involucrados en la negligencia.
Berber explicó que mínimo a estos funcionarios se les debe de iniciar un procedimiento administrativo de remoción de los servidores públicos por la falta de debida diligencia en la investigación del caso.
“Pero, incluso, dependiendo de la investigación que se realice hasta podría darse vista a la visitaduría del Órgano Interno de Control OIC) para una posible responsabilidad penal por un ejercicio indebido del ejercicio público”, ejemplificó.
Respecto de la remoción, explicó que esto implicaría que estos funcionarios ya no podrían volver a ejercer en la procuración de justicia, pues cuando un funcionario es dado de baja no puede volver a ingresar a instituciones de este tipo.
México vive “una epidemia de desaparición” de niñas, niños y adolescentes, pues diariamente desaparecen cuatro de ellos ha alertado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Los datos de Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, corroboran la crisis: del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre de 2019, 585 niñas y adolescentes han desaparecido. Además, mil 201 menores de edad desaparecieron y sí fueron localizadas, aunque se desconoce si estaban vivas y en buenas condiciones de salud.
En tanto el registro histórico de la Secretaría de Gobernación que contabiliza da cuenta que la desaparición se ha extendido por décadas; al menos 2 mil 935 niñas de 0 a 14 años de edad permanecen desaparecidos desde la década de los 60 y hasta 2019, al igual que 4 mil 433 adolescentes.
Juan Pérez García, director de Redim, criticó que la respuesta de los gobiernos estatales a “epidemia” se ha limitado solo a la contención mediática, al ofrecer conferencias de prensa sobre los casos más sonados, cuando deberían trabajar en cumplir con la responsabilidad que tienen de asistir a las reuniones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para discutir estrategias coordinadas que permitan frenar las desapariciones y otros delitos. Ni el Gobierno federal ha mostrado interés por asistir a los encuentros, en su primer año de gestión el Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su asistencia a los dos encuentros programados a los que está obligado a ir.
–Con información de Montserrat Antúnez Estrada
