México (Animal Político/Colaboración El Piñero).- Hace años que Laura dejó de contar muertos. “Ya los dejamos pasar”, según dice. Es solo otro más.
Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios de Nuevo León, donde ingresó al salir de la academia. Su misión, se supone, es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.
“Pero he llegado a tener cinco homicidios por día y la investigación requiere tiempo, así que se van quedando”.
Ella nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. “Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo”, reconoce.
La rutina de esta detective tampoco es la misma a la de los agentes de homicidios de otros países.
Ella gasta buena parte de su semana en escribir `memos´ para que le compren gasolina o una refacción para su patrulla o en buscar militares para que le vendan municiones que sobren de algún decomiso. También va a Office Depot a comprar hojas, plumas o papel carbón que necesita para escribir sus informes o quizá toner para la impresora. “No siempre hay recurso para comprarlo así que también ahí andamos mendigando toner para poder imprimir o agitándolo a ver si sale algo”.
Y en medio de todo esto, intenta atender tanto los casos que se le acumulan como los nuevos homicidios que le asignan.
“No se archivan ni se cierran (los casos), pero no hay ninguna diligencia. Solo el informe de los hechos y la identificación del muerto… y así se quedan”, reconoce Laura.
No por nada esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. En Nuevo León, la tierra de Laura, como sucede en otros 26 estados, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes.
Laura (alias para proteger su identidad) dice que no recuerda los homicidios que le han asignado y que quedaron impunes. Las estadísticas pueden ayudarle: según los datos oficiales, si contamos los 6 mil 237 homicidios pendientes de resolver en Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2016, y los juntamos con los 98 policías de investigación adscritos a homicidios, veríamos que a cada uno le tocarían 64 homicidios por investigar.
Nuevo León puede considerarse afortunado. En Guerrero, con el mismo ejercicio, a cada uno de los policías de homicidios le tocaría investigar más de mil homicidios que siguen impunes.
El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación.
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Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Visto a nivel estatal, en 27 de 32 estados el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera el 90 por ciento.
Solo se “salvan” Jalisco con 88.9% de casos no resueltos, Querétaro con 84.4%, Tabasco con 79.5%, Ciudad de México con 76.5%, Hidalgo con 60.6% y Yucatán con 56.6%.
Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.
Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentado un promedio de 2 mil millones de pesos cada año.
De 2008 a 2015 pasó de 27 mil a 43 mil millones de pesos.
Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad.
Hay lugares, por ejemplo, donde el dinero no llega y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En otros sitios el dinero llega, pero se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.
La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. En casi el 95% de los municipios se carece de una fuerza policial capacitada aunque sea para resguardar la escena del crimen, según la información de INEGI.
Y hay más problemas. Los fiscales y policías entrevistados revelan que no existe un protocolo homologado obligatorio que diga cómo investigar un homicidio y la mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas que lo hagan.
Peor: hay casos que sí se investigan, pero donde no importa buscar la verdad, sino detener a quien sea, aunque no sea culpable. Lo resultados se miden por detenidos y eso lleva a que encarcelen inocentes.
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En México, el proceso para investigar un homicidio involucra a los policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público. En esta primera parte del reportaje solo se revisaron los salarios, el número y la capacitación de cada uno de ellos.
Los preventivos –que llevan uniforme– son los primeros en llegar a la escena del crimen para preservarla. Los policías de investigación, alguna vez conocidos como judiciales, son los encargados de buscar pistas y detener a los sospechosos. Los peritos son expertos que manejan y analizan la evidencias.
Y los agentes del ministerio público (o fiscales) especializados en atender homicidios son quienes coordinan la investigación.
Cada uno de ellos enfrenta sobrecarga de trabajo.
En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1.8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.
Pero ese es solo un promedio nacional.
En Guerrero, una de las entidades con mayores tasas de homicidio, cada agente tendría en promedio 906 casos pendientes.
En Colima, que es el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98.8%), cada agente tendría una carga de 148 asesinatos pendientes. Y como aquí resuelven menos que en Guerrero, tendrían también el récord de tiempo para terminar con su rezago: 598 años para investigar solo los homicidios de 2010 a 2016.
Otro promedio nacional: cada fiscal de homicidios en México tiene menos de dos policías de investigación para ayudar a investigar.
¿Ayudaría a dichos fiscales tener más detectives para resolver con mayor rapidez los casos? Laura dice que sí, sobretodo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en Nuevo León hay mil 600 policías de investigación pero menos de 100 dedicados a homicidio. Y eso sin contar —según Laura— los que están asignados como escoltas de mandos y funcionarios.
Samuel Castillejos, exfiscal de Oaxaca, dice que en su estado han llegado a tener 300 órdenes de aprehensión por casos de homicidio no ejecutadas porque no hay quién lo haga.
El exsubprocurador de Ciudad de México, Luis Genaro Vázquez, añade otro problema: rotaciones injustificadas del personal que de por si escasea. “Se cambian a fiscales y comandantes con muchos años de experiencia por capricho de un mando superior”.
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¿Cuánto ganan quienes tienen la responsabilidad de esclarecer homicidios? Para los agentes del MP, el salario promedio en el país es de 22 mil pesos, según el cálculo que arrojan los salarios reportados en sus sitios de transparencia. El más bajo es el de Tabasco con 13 mil pesos y el más alto el de Nuevo León con 54 mil. Todos menos impuestos.
Los policías de investigación tienen un salario promedio, en 20 estados revisados, de 13 mil 963 pesos. El más bajo es el de Tabasco, donde ganan 6 mil 700 pesos, y el más alto es en Sonora con 27 mil pesos.
Comparado con otros países tenemos detectives mal pagados. En Brasil, por ejemplo, los agentes ganan más del doble que los mexicanos (2 mil 285 dólares al mes por 979 dólares que perciben en nuestro país). En Costa Rica reciben casi el triple (2 mil 591 dólares) y en Estados Unidos ganan nueve veces más (8 mil 650 dólares).
Un dato no menor: Laura aclara que, aunque en Nuevo León el sueldo del policía —21 mil pesos— es mayor a otros estados, tienen que poner de su bolsa para compensar carencias que enfrentan como falta de balas o de gasolina para sus autos.
El fiscal mexiquense Gutiérrez González calcula que varios de sus compañeros gastan hasta la mitad de su salario en transporte o gasolina para sus autos (algunos viven hasta a 3 horas de distancia de sus oficinas) y en otras carencias materiales que tienen en sus agencias.
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Pero si ésta es la situación de los fiscales, los policías preventivos están peor.
Ellos no investigan los homicidios, pero sí tienen una función considerada vital para la resolución de un caso, según el Código Nacional Penal: resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda. Es la primera autoridad que interviene.
Y de esos policías nos faltan, al menos, el doble. Según el informe Modelo Óptimo de la Función Policial, México debería tener una tasa de 1.8 policías estatales por cien mil habitantes para estar al nivel de promedios internacionales, pero apenas tiene 0.8 elementos.
En promedio, México tiene 8 policías preventivos para reaccionar por cada homicidio y cuidar el lugar de la evidencia, pero hay contrastes: en Yucatán —el estado con menor impunidad— tienen un promedio de 81 policías para reaccionar por cada homicidio, mientras que en Colima o Guerrero hay dos.
Bernardo León Olea, jefe de la policía de Morelia, dice que reclutar nuevos policías no es sencillo y una de las razones es el sueldo. Datos de INEGI señalan que el 40% de los policías ganan entre 5 mil y 10 mil pesos.
Y no es lo más bajo. Uno de cada 5 policías municipales en el país ganan menos de cinco mil pesos mensuales. En Oaxaca hay municipios donde los agentes ganan 2 mil 500 pesos quincenales, dice Said Villalobos, agente del Ministerio Público de dicho estado.
Peor: hay 4 mil 900 elementos reconocidos como policías municipales que no perciben siquiera un sueldo fijo.
El bajo salario tampoco se compensa con prestaciones. El Índice de Desarrollo Policial 2017 revela que hay 13 estados del país donde no se proporciona a los policías locales las mínimas prestaciones de ley.
¿Y la capacitación? De acuerdo con la Secretaría de Gobernación todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena de un crimen, pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI, que revelan que solo 135 de los 2 mil 463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para “preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios de un hecho delictuoso”.
Una jueza en Nuevo León, entrevistada para este reportaje, cuenta que de los casos que ha recibido en los últimos dos años, el 70% se caen en la fase inicial —ni siquiera llegan al juicio— por errores cometidos en la escena del crimen que deberían haber resguardado los policías.
Enrique Inzunza Cázares, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Sinaloa, confirma que el déficit en capacitación de los policías locales repercute en los casos. “No dominan conocimientos básicos y eso tiene consecuencias muy graves: que los elementos que se recogen en la escena son declarados prueba ilícita, y luego no sirven para ser invocados en un juicio. La gravedad es esa, que el primer respondiente no sepa actuar conforme a estos estándares: echa a perder todo el caso, desde el inicio”.
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Tuxtepec, Oaxaca.
Los dos empleados de la funeraria El Triunfo aguardan a un lado del cordón que la policía colocó afuera de un bar cuya encargada, Avelina García, ha sido asesinada. Según los testigos, un hombre entró y sin mediar palabra le disparó varias veces y huyó en una motocicleta.
La gente se junta ante la noticia de un homicidio más, el número 10 en menos de dos semanas en la ciudad. Los empleados de la funeraria esperan. Sus rostros denotan poco interés y sorpresa por lo que ocurrió en el bar. Uno de ellos está sumergido en su teléfono celular y el otro platica con un policía sobre un partido de béisbol y el calor.
—¿Ustedes que hacen aquí? —se le pregunta al empleado del teléfono, luego de una hora de espera sin que pase nada en el sitio.
—Esperando que lleguen los peritos a registrar el lugar para que nos podamos llevar el cuerpo —señala sin despegar la mirada del aparato.
—¿Qué eso no lo hacen los peritos en una ambulancia? —se le insiste
El empleado separa los ojos del celular, sonríe y responde:
—N´ombre… aquí lo hacemos las funerarias. Al gobierno no le alcanza ni para levantar a los muertos…
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En la investigación de un homicidio el rol de los peritos es clave, explica Héctor Hawley, perito criminalista de Ciudad Juárez. “Nuestro trabajo es establecer la verdad histórica científica de un hecho. Se trata de buscar la relación que existe entre la escena del crimen, el agresor y la víctima con evidencias”.
El problema es que no hay peritos suficientes.
Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca, es un ejemplo. El cuerpo de la señora Avelina García estuvo dos horas tendido en el suelo sin que se pudiera hacer nada, porque solo hay dos peritos en criminalística, uno de ellos que en realidad estudió arquitectura. Y ambos en ese momento estaban en otra emergencia en una localidad contigua.
Además, el cuerpo lo tendría que haber recogido un perito en medicina de campo, que es el experto indicado para analizar su posición y características. Pero no hay en Tuxtepec, por lo que el levantamiento del cadáver lo hacen los empleados de la funeraria Triunfo, sin trajes especiales o botas para no contraminar la escena, y sin bolsas especiales para preservar el cuerpo y protegerse también ellos.
“No tenemos nosotros de ese material. Usamos bolsas de plástico normales, pero las ponemos en lo que es el piso de la camioneta. No tanto por seguridad, sino por no ensuciarla, porque luego cuesta la lavada…”, explica uno de los empleados.
El cadáver de Avelina García fue llevado al panteón municipal porque en Tuxtepec tampoco hay una morgue para la necropsia de los cuerpos.
“En la región solo hay dos peritos expertos en criminalística, dos médicos legistas y dos psicólogos. Es imposible que podamos sacar el trabajo”, explica el agente de investigación Said Villalobos.
En Veracruz, tercer estado más poblado de México, el gobierno reportó a INEGI que hay 250 peritos sin dar detalles de sus especialidades. Uno de ellos, que también habló bajo condición de anonimato, asegura que hay ciudades donde no hay más de tres peritos.
“Los tres tienen que hacer todas las especialidades: levantar cuerpo, hacerle de criminalista, de fotógrafo, de chofer de ambulancia, de camillero, y si tiene que sacar huellas dactilares, también le haces de dactiloscopista… Eso merma la investigación. Estamos en un homicidio cuando ya reportaron otro”, lamenta.
La falta de peritos se vive en todo el país. En Guadalajara, Enrique Ballesteros, jefe de Criminalística de Campo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, reconoce que la delincuencia “los rebasó” por lo que sus peritos solo atienden casos de la capital. Para el resto del estado han capacitado —según dice— a policías locales que hagan el trabajo.
Sergio Palacios, coordinador de balística forense de Guadalajara, asegura que requieren el “doble de plazas”.
Carlos Morales, perito en balística en Nayarit, dice que hay ocasiones donde tienen que analizar más de 300 elementos balísticos en una semana y no hay equipos. Al menos Carlos está contento porque finalmente tiene una compañera que se queda de guardia, lo que le garantiza descansar el fin de semana.
La compañera de Carlos, Mercedes Macías, que también es perito en Nayarit pero del área de química, dice que en 24 años de trabajo nunca había sentido tanta demanda como ahora, lo que no se combina con un incremento de salario. Dice que gana 10 mil 400 pesos al mes, que debería completarse con bonos que no les han pagado.
Datos del INEGI confirman que 1 de cada 3 peritos en México percibe el sueldo de Mercedes, de 10 a 15 mil pesos mensuales, menos impuestos. De nuevo el contraste: un perito en Costa Rica —ya tomando en cuenta el factor paridad de precios— gana 3 mil 565 dólares mensuales (por mil 691 que en México), o sea el doble. En Brasil ganan 4 mil 853 dólares en promedio, casi el triple, y en Estados Unidos perciben 6 mil 888 dólares, cuatro veces más.
Ricardo Realivazquez Domínguez, Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, dice que la policía municipal creó su “Unidad de Atención a la Escena” con agentes capacitados para levantar evidencia, ante la escasez de peritos.
Las mismas historias se escuchan en uno y otro estado. “No tenemos los peritos, porque el que hay está en el levantamiento de otro homicidio, y tenemos que esperarlo a que regrese, o el de balística, que es de lo más común que necesitamos en un homicidio, y en Texcoco tenemos 2, y otros 2 en Neza. Con ellos abarcamos lo que es toda la zona oriente del estado, no alcanza”, dice Gabriel Gutiérrez, agente del MP mexiquense.
Dos peritos de Ciudad de México revelaron que hay veces que su trabajo lo realizan policías de investigación sin ninguna preparación para ello.
“Se manda a policías de investigación, y ellos, obviamente, no están capacitados para realizar la labor de un criminalista de campo… Y si pensamos que muchas veces el criminalista de campo también realiza las labores que tocan al médico de campo, al final todas estas funciones las termina haciendo el policía, sin tener conocimiento de nada”, dijo uno de ellos.
Según los datos oficiales, hay casos peores. Mientras Ciudad de México tiene un promedio de 9 homicidios nuevos por año por cada perito criminalista y 23 casos nuevos por perito químico, en Guerrero el promedio es de 51 homicidios por criminalista y 115 casos por perito químico.
Y si bien la capital del país tiene en promedio un médico forense para 23 homicidios nuevos al año, en Morelos es de 36 casos por cada perito médico, y en Puebla son 116. Hay estados como Oaxaca que prefirieron no revelar el número de médicos con los que cuentan.
“Mi agencia no tiene un médico legista, no tiene un perito en criminalística, no tiene instalaciones para poder atender a una mujer lesionada, carecemos de absolutamente todo. Ahí, en esa agencia, yo soy agente del MP, y el que recoge la basura. No hay nadie más que yo”, dice Gabriel Gutiérrez, el agente del MP mexiquense.