México.- El término feminicidio denuncia la violencia machista, donde el odio a la condición de mujer es el principal motivo que impulsa al perpetrador a ser violento. Un feminicidio no es un simple homicidio, sino el ataque deliberado por condición de género.
Siete mexicanas son asesinadas cada día, solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
“Por qué salió tan tarde, por qué andaba sola”
“El ministerio público no hizo nada”
“No le gustó lo que preparó de desayunar”
“Fue en Tlalpan donde encontraron a mi hija”
“Se muere uno en vida”
“Me habló para decirme que iba a matar a Mariana”
“Quiero que caiga todo el peso de la ley”
Testimonios de madres de víctimas
El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, cuando comenzaron a denunciarse públicamente los casos de mujeres asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, al norte de México. Tuvieron que pasar casi 20 años para que el país incluyera en su Código Penal el delito de feminicidio.
Hoy, todo México se ha convertido en un gigantesco Ciudad Juárez.
Araceli Mondragón, madre de Abigail Guerrero Mondragón, violada y asesinada a pedradas en diciembre de 2016 en Tlalpan, Ciudad de México. Tenía 20 años. Los tres sospechosos siguen en libertad. La policía de investigación « perdió pruebas fundamentales », indica el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.
Al igual que la madre de Abigail Guerrero Mondragón, miles de familias reclaman justicia para sus parientes o para todas aquellas mujeres que no fue posible identificar.
2012 y 2013
Guadalupe Reyes, madre de Mariana Elizabeth Yañez Reyes, desaparecida el 17 de septiembre de 2014 en Tecámac, Estado de México. En dos años, Guadalupe dice que no ha habido investigación de las autoridades. « Dijeron que se fue con el novio, que seguro tenía problemas. »
Toda muerte violenta debe ser investigada con perspectiva de género
Quienes critican su uso han señalado que la gran mayoría de víctimas de homicidio en México son hombres. No obstante, los expertos señalan que el feminicidio deriva del odio relacionado al género de la víctima, el cual se evidencia con la mutilación de los cuerpos, con signos de violación sexual o tortura en ellos y con el hecho de cómo intentan esconderlos en terrenos baldíos o canales.
Irinea Buendía luchó seis años para obtener justicia para su hija, Mariana Lima, asesinada a los 29 años por su pareja, el policía de investigación Julio César Hernandez Ballinas, en Chimalhuacán, Estado de México. En 2010, el asesinato de Lima fue investigado como un suicidio por la Procuraduría General. El caso pasó por 20 agencias del Ministerio Público hasta llegar a la Suprema Corte, que, notando las irregularidades de investigación, otorgó un amparo a Buendía para que las autoridades del Estado de México investiguen la muerte de su hija como un feminicidio. Se estableció entonces que la muerte violenta de una mujer en México se debe investigar con perspectiva de género, para determinar si fue o no un feminicidio.
Sin ayuda especializada
La mayoría de los familiares aseguran que la investigación sobre el paradero de sus familiares es prácticamente nula. Desde 2011 existen organismos especializados en feminicidios, pero hasta ahora las instancias no han sido garantizas y no tienen los expertos necesarios.
Silvia Vargas Velasco, madre de María Fernanda Rico Vargas, asesinada el 18 de abril 2014. Cuando la familia fue a recuperar su cuerpo, les dijeron que había sido un suicidio. Ellos sabían que no había sido así. Sospechan de su pareja. La investigación continúa.
la justicia tiene precio
En algunos casos, las autoridades han pedido a las familias que paguen para que su caso permanezca abierto. Según el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, lo más frecuente es que las familias investiguen solas. Los culpan por lo que ha pasado, y les dicen : « Traiganme pruebas ». Las familias se ponen en riesgo para encontrar indicios.
El estatus subordinado de las mujeres en la sociedad, la pobreza, la privación y el temor de represalias hacen que sea difícil para ellas resistirse o quejarse. Al mismo tiempo, el ámbito de las lealtades entre servidores educativos, policiales y fiscales suelen trasladar las responsabilidades a ellas, dejando a los perpetradores impunes. Por ello, las relaciones de poder entre géneros es el pivote permanente de la agresión.
