En el terreno llamado Arroyo El Navajo, ubicado a 94 Kilómetros de esta frontera, entre 2008 y 2013, se encontraron los fragmentos de huesos de al menos 24 mujeres, que fueron secuestradas en Ciudad Juárez, durante el periodo en el que la zona estuvo militarizada por el despliegue de agentes federales y soldados, como parte del “Operativo Conjunto Chihuahua” ordenado por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de recomendaciones en relación a las investigaciones del Arroyo El Navajo, en el que sugirió a la Fiscalía, antes del juicio, no basarse sólo en testimonios de personas que se contradicen sino indagar en pruebas objetivas.
Por Blanca Carmona y Araly Castañón / El Diario
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2 de febrero (Border Hub).– Hace 26 años que desaparecen mujeres en Ciudad Juárez y la justicia sigue pareciendo un tema pendiente. Esta investigación es una lupa a cómo se ejerce hoy en día el derecho en el tema de feminicidios en Ciudad Juárez, a través de un juicio en el que parecen persistir las mismas irregularidades y omisiones de antaño.
Un testigo que cambió su declaración contradictoriamente en cuatro ocasiones; personas que aseguraron haber visto a las víctimas, ¡mientras estaban presas o fuera del país!; la teoría no comprobada de que fueron prostituidas; cinco hombres acusados culpables y luego liberados por falta de pruebas; y tres muertos antes de ser sentenciados, ponen en duda la justicia ejercida en este caso.
En el terreno llamado Arroyo El Navajo, ubicado a 94 Kilómetros de esta frontera, entre 2008 y 2013, se encontraron los fragmentos de huesos de al menos 24 mujeres, que fueron secuestradas en Ciudad Juárez, durante el periodo en el que la zona estuvo militarizada por el despliegue de agentes federales y soldados, como parte del “Operativo Conjunto Chihuahua” ordenado por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de recomendaciones en relación a las investigaciones del Arroyo El Navajo, en el que sugirió a la Fiscalía, antes del juicio, no basarse sólo en testimonios de personas que se contradicen sino indagar en pruebas objetivas.
Debido a que la recomendación no fue atendida y finalmente el caso se resolvió con los elementos que se tenían, el equipo de investigación de El Diario de Juárez, decidió hacer una autopsia a este proceso y sistematizar junto con un equipo legal, la información contenida en una muestra de 40 de 100 tomos que forman parte de la investigación 2104/2012, así como una serie de entrevistas con expertos y familiares.
En la revisión a tres juicios orales y un procedimiento abreviado en los que la Fiscalía participó como acusador, estos son los cuatro hilos más delgados que ponen en duda la justicia a las víctimas del cementerio clandestino de mujeres más grande de México:
1. La Fiscalía de Chihuahua omitió hacer justicia a 11 víctimas
El 12 de enero del 2015 personal de la Fiscalía de Género, le solicitó a Lilia Ortiz que se presentara en sus oficinas, pero sin darle una mayor explicación.
Con la esperanza de que su hija Lilia Berenise Esquinca Ortiz -desaparecida casi cinco años atrás- hubiera sido localizada con vida, ella acudió de inmediato.
La noticia era que su hija, de nacionalidad estadounidense que estudiaba en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP, por sus siglas en inglés), estaba muerta. Sólo se habían recuperado unos cuantos huesos, los cuales fueron guardados dos años y diez meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) mientras ella y su familia la buscaban.
“Ya estaban todos en un cuarto y me hablaron para hacer el protocolo de decirme que habían encontrado los restos de mi hija. Los interrumpí y les dije: ¿Dónde está mi hija? Me respondieron: su hija está muerta, la encontramos en los rastreos del arroyo El Navajo y tenemos sus restos”, recordó Lilia Ortiz.
Su hija, así como otras diez mujeres, Hilda Gabriela Rivas Campos, Lidia Ramos Mancha, Brenda Berenice Castillo García, Marisela Ávila Hernández, Mónica Janeth Alanís Esparza, Andrea Martínez Ramírez, Esmeralda Castillo Rincón, Yasmín Taylen Celis Murillo, Yanira Fraire Jáquez, Virginia Elizabeth Domínguez Amador, quedaron excluidas de los juicios orales y sus homicidios permanecen en la impunidad.
Las víctimas por las que sí se realizaron tres juicios orales en contra de ocho personas y un procedimiento abreviado para otros tres acusados, son María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Áviles García, Perla Ivonne Aguirre González, Idali Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Leticia Peña García, Deisy Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Yazmín Salazar Ponce.
“No han hecho nada, no hay nada, no hay proceso. El proceso de que avientan la carpeta y ya, ellos tienen su vida feliz, cobrando un sueldo y que las madres se rasquen como puedan. Yo me quedé en la calle, sin casa, sin familia, mi esposo me abandonó al año de haber sepultado a mi hija. A mis otros hijos los tuve que mandar a vivir fuera, por su seguridad. Me quedé sola”, expuso Lilia, mamá de una de las víctimas excluidas.
La percepción de impunidad e indignación es compartida por los padres de Esmeralda Castillo Rincón, estudiante de segundo año de secundaria, de quien se recuperaron 30 centímetros de la tibia derecha el 3 de marzo del 2013 en el arroyo El Navajo.
La familia de Esmeralda, quien desapareció el 19 de mayo del 2009, anhela que ella siga con vida y sabe que la Fiscalía mantiene su caso “congelado” en la Unidad de Lesiones. A ellos se les ofreció incluirlos en el “Juicio Histórico”, declaró José Luis Castillo, papá de Esmeralda, quien señaló que a cambio de que aceptaran, les prometieron entregarles 140 mil pesos como reparación del daño y con cargo al erario público.
“Nos decían, ‘ya tenemos detenidos a unos por el arroyo, también que carguen con el homicidio de Esmeralda’. No estamos de acuerdo en que en unas personas caiga la responsabilidad cuando éstos no son culpables y no es que los defendamos, simplemente es si vamos a encarcelar a cualquier persona que se les ocurra a ellos, los delincuentes siguen afuera”, dijo José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda.
“Querían que aceptáramos un resto óseo, una tibia, y que firmáramos donde estábamos de acuerdo en que Esmeralda ya estaba sin vida, nos decían que nos iba a ir bien, que nos iban a pagar la reparación del daño, que nos iban a dar un pie de casa, a dar una camioneta y que el expediente ya estaba en feminicidios”, dijo José Luis Castillo Carreón, papá de Esmeralda.
Tanto la mamá de Lilia Berenise como el padre de Esmeralda, coinciden en afirmar que la indiferencia de las autoridades para el resto de las víctimas es mayor a partir de que se emitió la sentencia en el “Juicio Histórico”.
2. El principal testigo para acreditar la responsabilidad de los acusados cambió su declaración en varias ocasiones ante el MP y en los juicios
El menor de edad que fungió como principal testigo de cargo -de identidad protegida, públicamente identificado con las iniciales LJRL y de apodo “El Güero”-, fue detenido el 2 de abril del 2013 en la zona centro de la Ciudad, con 48 envoltorios de marihuana, de acuerdo con los expedientes del Ministerio Público para la carpeta de investigación 2104-2112.
Tras el arresto, él aseguró que tenía información en relación al asesinato de una mujer apodada “La Gata” y a partir de ese momento, los agentes de la Unidad de Menores Infractores lo entregaron a la Unidad de Homicidios de Mujeres, “porque podría estar relacionado con la desaparición y muerte de Andrea Guerrero Venzor, Deisy Ramírez Muñoz e Idali Juache Laguna”, según se documentó en un informe policial elaborado el 3 de abril por agentes del Ministerio Público.
Antes del primer juicio por las víctimas del arroyo El Navajo, en el 2013, “El Güero” rindió al menos cuatro declaraciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, y en las que fue cambiando su versión, lo que quedó registrado en los expedientes de las investigaciones del Navajo.
Inicialmente este “testigo estrella” como fue denominado públicamente, dijo conocer a ocho de las víctimas del Arroyo El Navajo, luego agregó tres más y declaró respecto a 11. Al principio señaló que él y los integrantes del grupo delictivo “Los Aztecas”, secuestraron a las chicas, después se descartó su declaración en la investigación.
También agregó el nombre de presuntos implicados que al principio no mencionó y cambió versiones respecto a las personas que secuestraron a las mujeres, también identificó a través de fotografías a acusados que en un principio no reconoció.
En relación a Jesús Damián Pérez Ortega, apodado “El Patachu”, supuesto integrante de la banda delictiva, el “testigo estrella” lo señala como el principal responsable de secuestrar a las mujeres.
Sin embargo, Pérez Ortega se encontraba desde el 2005 en la cárcel a disposición del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Chihuahua.
El 22 de mayo del 2007, Pérez fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar una multa por 4 mil 861 pesos, por el delito de transportación de marihuana en la causa penal 170/2005. Salió libre el 4 de diciembre del 2012, cuando las víctimas del Navajo ya habían sido asesinadas y localizados los restos óseos, así lo informó la secretaria de ese juzgado, Guadalupe Acosta García en el “Juicio Histórico”.
De acuerdo al análisis de la sentencia del denominado “Juicio Histórico”, emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento -conformado por las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Myrna Luz Rocha Pineda- restó valor a la declaración de la funcionaria judicial y le dio plena credibilidad a la versión del “Güero” aunque desde la etapa de vinculación a proceso la propia Fiscalía retiró la acusación contra Pérez Ortega, precisamente porque estaba preso.
Además, al principio el testigo únicamente recordó que los otros integrantes del grupo al que pertenecía sólo eran “halcones” en el Centro de Ciudad Juárez y en el juicio declaró que se dedicaban a la distribución, homicidio, trata de blancas y extorsión.
En otro juicio oral posterior al primero, el “testigo estrella” afirmó que policías municipales lo torturaron para que confesara. Meses después negó que lo hubieran torturado.
En una entrevista que concedió “El Güero, testigo estrella” a este medio, reconoció que hubo una negociación con la Fiscalía de Chihuahua.
“Iba a salir de la cárcel, iba a estar nada más un largo tiempo en el Centro de Arraigos mientras se resolvía el caso. Hasta eso mis respetos con la Fiscalía porque si me cumplieron en el tiempo que ellos dijeron. Gracias a Dios si salí de la cárcel, ahorita estaría cumpliendo una condena de 15 años, por ser menor de edad, algo así. La verdad si hicieron mucho por mí en ese caso, porque lo más valioso que tiene uno es la libertad y debería de estar (en la cárcel) la verdad”, declaró en una entrevista efectuada a una ciudad fronteriza donde fue llevado en calidad de testigo protegido. Tiempo después, la Fiscalía lo dejó sin protección y volvió al consumo de cristal.
3. La Fiscalía concluyó que las víctimas fueron prostituidas por meses sin argumentar con pruebas contundentes su teoría.
A Jessica Terrazas, una estudiante entusiasta de 18 años, la encontraron en fragmentos en el Arroyo El Navajo: 46 restos óseos, 30 centímetros de su cabello semiondulado y la sudadera de la preparatoria CEPU que sus hermanas le habían comprado como parte del uniforme escolar.
Desapareció el 20 de diciembre de 2010 y 10 meses después (el 21 de octubre de 2011), fue encontrada con la misma ropa del día que desapareció, la sudadera del uniforme, una chamarra con gorro de peluche y sus botas altas.
Junto a ella, un omóplato extra que resultó ser parte del cuerpo de otra víctima, Yazmín Salazar Ponce, de acuerdo con el Dictamen Pericial Complementario de Antropología Forense, emitido hasta el 21 de enero del 2014, por las antropólogas Liliana Dorantes Ortega y Mariel Guadalupe Durán Romero.
Con la misma ropa que traían cuando fueron vistas por última vez, también fueron encontradas Yazmín Salazar Ponce, Jessica Leticia Peña García, Deis y Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González y Beatriz Alejandra Hernández Trejo.
De acuerdo al abogado Gustavo Martínez Montoya, quien lleva años analizando el caso, el argumento expuesto en el juicio oral por la Fiscalía de Género del Estado de Chihuahua, que sostiene que las víctimas fueron retenidas durante meses para ser prostituidas, queda en duda al analizar los expedientes y detectar que siete mujeres traían la misma ropa con la que desaparecieron.
Además, en el caso de Jessica Terrazas Ortega, las peritos en antropología forense determinaron que el pantalón de mezclilla color azul que está asociado a sus restos, tenía manchas de sangre en la parte inferior, generadas como por goteo.
Junto a María Guadalupe se encontraron los zapatos de piso y el pantalón de mezclilla con los que salió de su casa y esta prenda también presentaba una mancha de sangre en la parte inferior de las piernas.
De acuerdo al abogado Martínez Montoya, “ninguno de esos ADNs corresponde a ninguno de los acusados ni de sentenciados en el caso. La Fiscalía encontró prueba objetiva de que las víctimas al momento de desaparecer traían prendas, las prendas que vestían son exactamente las mismas prendas que fueron localizadas en la mayoría de ellas al encontrar sus restos óseos. Es decir se le llama prueba objetiva y científica a la que te permite obtener información confiable. La fiscalía tuvo que recurrir a varios errores para poder pedir la sentencia de las muchachas” argumenta Martínez Montoya.
4. La Fiscalía encarceló a las personas que señalaron las madres de las víctimas. A seis años de la identificación de los presuntos implicados, 4 están libres, 3 murieron antes de ser sentenciados y a 3 les retiraron cargos
En febrero del 2012, la mamá de Jessica Leticia Peña García veló públicamente los restos óseos de su hija quinceañera, al colocar el ataúd en la explanada de la Fiscalía de Ciudad Juárez, para exigir al entonces Gobernador César Duarte Jáquez, el arresto de los responsables.
Los días 18 y 19 de marzo del 2013 ante el Ministerio Público de la FGE de Chihuahua, María García Reynoso, mamá de Jessica Leticia, realizó varios reconocimientos por fotografía y una ampliación de declaración. Previamente había rendido otras declaraciones.
García reconoció a Jesús Hernández Martínez, Rafael Mena, Esperanza Castillo Saldaña, Raquel Haydee Venegas Treviño y Víctor Chavira García, de acuerdo a la carpeta de investigación número 2104/2012 y también a los datos que la propia García aportó el 30 de mayo del 2015 en el “Juicio Histórico”.
Ella declaró haberlos visto en el Hotel Verde, el edificio que identifica la Fiscalía como el lugar de prostitución forzada en el que estuvieron las víctimas.
A principios del 2019 –después de mantenerlo preso más de cinco años- la propia Fiscalía de Chihuahua le retiró cargos a Rafael Mena, por no tener pruebas de que fuera culpable.
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Por otra parte, el 28 de marzo del 2013, el Ministerio Público registró en el tomo 5 de la víctima Andrea Guerrero Venzor, la declaración de la testigo protegida de iniciales LEAH, quien dijo que de noviembre del 2007 a junio del 2008 se prostituyó voluntariamente en el Hotel Verde y para 2009 y 2010 iba a ese negocio, veía a mujeres muy jóvenes prostituyéndose, entre éstas, a cinco de las víctimas localizadas en el Arroyo El Navajo.
En el “Juicio Histórico” LEAH dijo haber visto a las víctimas a finales de diciembre del 2010 y principios del 2011, en el Hotel Verde, ofreciendo servicios sexuales.
Sin embargo ella estuvo presa en ese periodo, del 21 de marzo 2010 a 15 de marzo de 2011, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cocaína con fines de venta. Se le siguió la causa penal 32/2010-I en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Chihuahua.
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La Fiscalía también retiró la acusación que había presentado en contra de Esperanza Castillo Saldaña y Eduardo Sánchez Hermosillo, respecto a los delitos de homicidio de 11 mujeres y delincuencia organizada.
Castillo y Sánchez fueron sentenciados por el ilícito de trata de 5 de las 11 víctimas: María Guadalupe Pérez Montes, Deisy Ramírez Muñoz, Idali Juache Laguna, Jessica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor.
La Fiscalía identificó al extorsionador Adrián Arturo Roldán de la Cruz como líder del grupo delictivo que supuestamente raptó a las víctimas encontradas en el arroyo El Navajo, él ya había fallecido, fue asesinado el 23 de abril del 2013.
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Otra detención derivada de las investigaciones que realizó María García Reynoso, mamá de la víctima Jessica Leticia Peña, fue la del dueño de “Botas El Caporal”, Víctor Chavira García. Él tenía 69 años, argumentó que utilizaba un chaleco ortopédico porque tenía quebradas algunas costillas por las múltiples caídas que sufría, pues tenía poca visión, a consecuencia de un glaucoma derivado de la diabetes que presentaba desde 30 años atrás.
El “testigo estrella”, dijo que para no pagar la extorsión al grupo delictivo Los Aztecas, Víctor Chavira sometía y entregaba mujeres. A una de las tiendas de Chavira acudió Jessica Leticia en busca de empleo, horas antes de que desapareciera.
Desde mediados del 2009, la familia Chavira estaba pagando cuotas a extorsionadores que los amenazaban con matarlos o quemarles los negocios si no accedían; tres personas fueron detenidas como responsables de extorsionarlos.
El 17 de septiembre del 2013, Víctor Chavira sufrió dos paros respiratorios y fue trasladado al Hospital General donde permaneció hasta el primero de octubre del 2013 y se recuperó. Sin embargo, el 2 de enero del 2014 se presentó un tercer paro respiratorio y murió sin ser sentenciado.
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El “testigo estrella”, también señaló al narcomenudista Pedro Payán Gloria “El Pifas” como “jefe de todo el movimiento de droga y prostitución” en la zona centro. Él fue condenado a 430 años de cárcel en otro juicio oral, el 86/17.
Los integrantes del Tribunal se basaron en la declaración del “testigo estrella”, los abogados defensores presentaron pruebas de que al parecer “El Pifas” estaba en la cárcel cuando el testigo afirma haberlo visto participando en el rapto de las víctimas junto con Pérez Ortega “El Patachú”, quien estuvo preso de 2005 a 2012.
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Otro acusado, José Gerardo Puentes Alba fue encontrado inocente después de permanecer más de seis años preso y luego de ser sometido a dos juicios orales. La Quinta Sala Penal Regional de Ciudad Juárez revocó el último fallo condenatorio porque el “testigo estrella” dijo haber visto a Brianda, una de las víctimas, sujeta a prostitución dos años antes de que desapareciera; los magistrados señalaron que los jueces fraccionaron la prueba a modo.
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A la fecha Jesús Hernández Martínez; Manuel Vital Anguiano; César Félix Romero Esparza; Édgar Regalado Villa, “Piwi”; y José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”, están sentenciados a 697 años y seis meses de cárcel y Pedro Payán Gloria a 430 años de prisión. Ninguno de ellos ha solicitado la revisión del caso por falta de recursos.
Señalan deficiente investigación
De acuerdo al peritaje realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con un catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el conocido “Juicio del Siglo” se desarrolló y juzgó principalmente con la declaración de un testigo protegido y falta de pruebas por parte del Ministerio Público.
Los cuatro especialistas de la Corte indicaron que en algunos expedientes no se incorporaron elementos de prueba objetivos que sostengan las declaraciones de los testigos.
Un grupo de peritos especializados de la CIDH coincidió en un reporte emitido que en el 2015 entregó a la Fiscalía de Chihuahua, en el que señaló que faltaron pruebas en la investigación y que las líneas de averiguación parten exclusivamente de los testimoniales.
Alfredo Limas Hernández, coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), afirmó que el denominado “Juicio del Siglo” se realizó con “muchas faltas al debido proceso legal”, y por tanto la sentencia del Tribunal no tiene valor jurídico ni político.
“Es una teoría del caso armada al vapor, sin suficientes recursos, está construida sobre dos testigos y en lo que yo conozco, antes de que un juez lo señale, esos testigos tienen testimonios con múltiples inconsistencias, incongruencias, contradicciones, y luego lo que sabemos es que hay evidencias materiales que no han sido investigadas de manera exhaustiva”, concluyó.
“El caso Arroyo del Navajo fue una terrible e injusta manipulación del dolor de cada madre”, denuncia Gustavo Martínez, abogado juarense.
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Con información de Sin Embargo | www.sinembargo.mx
