Ivonne Aracelly Ortega Pacheco hace campaña por la presidencia nacional del PRI en varios estados del país, pero en Yucatán permanece la huella de su paso por la política y la polémica que la exhibe como fuente de diversos escándalos y actos de corrupción que están a disposición de quien así lo desee, con solo hacer un click a través de la Internet.
La colección de hechos negativos hacia su labor como funcionaria pública o, en plan contradictorio entre lo que dice y lo que hizo, así como acusaciones de enriquecimiento ilícito, sigue sin ser aclaradas.
El simple ejercicio periodístico deja palabras clave para agregar al buscador, junto con el primer nombre y primer apellido de la abanderada priista: corrupción (307 mil menciones), hectárea (21 mil 700 menciones), desvío (72 mil 700 veces) e inconcluso (30 mil 600 entradas respectivas según el buscador de Google).
Y es que estas cuatro palabras clave acompañan la carrera política de Ortega Pacheco: actos de corrupción, enriquecimiento ilícito visible principalmente a través de cientos de hectáreas de terrenos, desvíos de recursos y primeras piedras de obra pública que se quedó inconclusa sobre todo en zonas de extrema pobreza.
Corrupción
En junio de 2018, con motivo del tercer debate presidencial, medios nacionales como Aristegui Noticias y el diario Reforma destacaron que el Gran Museo del Mundo Maya fue construido en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco bajo sospechas de corrupción, principalmente porque debió tener un costo de construcción de 143 millones de pesos, pero finalmente se reportó una inversión de 770 millones de pesos, además de representar un endeudamiento para Yucatán, por tener que entregarle a una empresa de Carlos Hank Rhon 221 millones de pesos, por prestación de servicios durante 21 años.
La licitación a favor de la empresa de Hank es tema aparte para analizar, ya que Promotora Cultural Yaxché llevaba apenas unos meses de constituida.
Hectáreas
En una maniobra poco clara, Ortega Pacheco adquirió desde junio de 2008, 11 meses después de tomar el poder, el 75% de las mil 706 hectáreas pertenecientes al municipio de Dzemul, a precios irrisorios y por encima de la decisión de los 953 ejidatarios.
Mil 279 hectáreas de esa zona se las compró por 412 mil pesos a sus tíos Galo Juan Pío, Honorio Gaspar e Inocente Melchor Ortega Coronado. El resto forma parte del rancho El Paraíso, que según el Registro Público de la Propiedad, Ivonne Ortega recibió en donación de su madre, Ligia Pacheco Graniel.
Antes de dejar el poder en 2012, muchos funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco ya mostraban vocación por la tierra, por la compra de amplias extensiones en varios puntos del Estado, principalmente con fines de especulación.
A la cabeza del grupo de modernos terratenientes se encuentra la propia Ivonne Ortega. A las propiedades adquiridas durante su paso por el Palacio de Gobierno y los años que siguieron —destaca el tablaje “Paraíso” de Dzemul, con 1,706 hectáreas— se suma una compra en agosto de 2016, cuando la exmandataria era diputada federal: un tablaje en San Crisanto, del municipio de Sinanché, por el cual pagó tres millones de pesos según la escritura.
Uno de sus colaboradores más cercanos, Sergio Cuevas, creó una empresa de bienes raíces y de construcción de “todo tipo de obras habitacionales, civiles o comerciales”, que fue inscrita en el Registro de Comercio el 31 de julio de 2018.
Él mismo es presidente del Consejo de Administración, según se indica en el acta constitutiva. El secretario es Juan Miguel Castro Alcocer. Su nombre es mencionado cada vez que sale un nuevo escándalo de tráfico de terrenos vinculados con dinero procedente de Tabasco. En 2013, un año después de dejar el gobierno, aparecía como comprador de tierras en Sierra Papacal, Mérida.
Un caso sui géneris es el de un sobrino de Ivonne Ortega. Hijo de su hermana Lupe, a quien burlándose de la m,ilitancia hizo diputada federal sin mayor mérito partidista, junto con su cuñado Cornelio, varias veces presidente municipal.
El menor, quien en la actualidad ronda los 12 años de edad, desde los 5 es legalmente dueño de 158 hectáreas. En algunos de estos documentos dio fe el Notario Público número 38, Pablo José Castro González, además de que en el Instituto de Seguridad Jurídica Patronal de Yucatán se pueden confirmar las siguientes donaciones recibidas por el menor cuando tenía menos de 6 años:
1) Tablaje con número catastral 1868. Su extensión es de tres hectáreas, 25
áreas y 63 centiáreas.
2) Tablaje con número catastral 4379. Abarca una superficie de cuatro
hectáreas, 33 áreas y 10 centiáreas.
3) Tablaje con número catastral 3216. Tiene dos hectáreas, cincuenta áreas y
ochenta centiáreas.
4) Tablaje con número catastral 4374. Superficie de cinco hectáreas, 23 áreas y
16 centiáreas.
5) Calle 19 número 132, en la cabecera municipal. Mide 20.5 metros de frente
por 45 de fondo. Es copropiedad con Paúl Ortega.
6) Calle 19 número 132-A, contiguo al anterior. Su extensión es de 17.5 metros
de frente por 45 de fondo. Es también copropiedad con Paúl.
7) Calle 13 número 103-B. Tiene once metros de frente por 75 de fondo.
8 ) Tablaje con número catastral 2566. Su superficie es de tres hectáreas, 25
áreas y 63 centiáreas.
9) Tablaje con número catastral 1665, conocido como la finca “San Ramón”. Tiene
una extensión de 37 hectáreas y 27 áreas.
Desvío
El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco usó parte de un préstamo bancario para comprar dos terrenos en Xcanatún en 2009, para el supuesto establecimiento de una zona industrial, pero que, en los hechos, se trató de una burda y escandalosa operación para apropiarse de ese dinero.
Además, aunque la Auditoría Superior del Estado de Yucatán dictaminó como “limpias” y sin saldo negativo las cuentas del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, de 2007 a 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo técnico fiscalizador de la Cámara de Diputados, detectó en esa administración, empero, irregularidades en el manejo de recursos federales por más de $1,000 millones sobre una muestra de $16,000 millones.
En la edición impresa del Diario de Yucatán, el medio más antiguo en la
entidad, el 6 de octubre de 2014, se documenta y acusa del desvío de más de mil
millones de pesos.
A consecuencia de las revisiones del manejo de los recursos federales por parte
del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, realizado por la Auditoría Superior de
la Federación, el organismo determinó “recuperaciones” (cobros), por $1,123
millones.
Ahí, $98.7 millones fueron reportados por el gobierno de Ortega Pacheco como “recuperaciones probables o pendientes de aclarar”, a lo que la ASF determinó que se trataba de irregularidades detectadas en el manejo de fondos en el Seguro Popular, en 2011.
Inconcluso
Aunque el gobierno de Ortega Pacheco concluyó en 2012, aún es muy recordado en Tekax y Ticul, donde se iniciaron obras de construcción de dos hospitales y durante más de cinco años la primera permaneció sin terminar, mientras la segunda sigue en el abandono. Además, en estas obras se vincula a la candidata como miembro del PRIAN. También tiene vínculo con Morena en el PRIMOR a través de quien ha sido su coordinadora de marketing electoral en todos estos años, la Senadora por Quintana Roo, Gabriela López de Millet.
Al respecto de Tekax y Ticul, el también ex gobernador de Yucatán,
Patricio Patrón Laviada, refirió que quien fuera su sucesora en 2007
es corresponsable del desvío de al menos 112 millones de pesos cuando fue
gobernadora.
Incluso, afirma que hay vínculos entre Ortega y el entonces presidente Felipe
Calderón en ese desvío de 112 millones, por lo menos, destinados a la construcción
del hospital de Tekax.
-Tengo totalmente documentada esta denuncia, que involucra -dice Patrón-, a funcionarios de las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, del PAN, con la gobernadora del PRI.
Estos habrían entregado a Ortega Pacheco y a su equipo, en particular a la Secretaría de Salud estatal, a cargo de Álvaro Quijano Vivas, decenas de millones de pesos a cambio de una mochada.
En el sexenio de Calderón, añade, “hubo casos en la Secretaría de Salud donde el nivel de corrupción llegó a ser brutal, se robaron todo”.
“Aunque denuncié lo hechos en su momento, no a toro pasado, incluso personalmente ante el secretario de la Función Pública, nada pasó”. Además, “por razones que no entiendo, el gobierno federal decidió proteger a Ivonne Ortega, al grado de que el propio presidente Calderón, a quien le envié copia de mis denuncias, nunca me respondió”, explicó Patrón Laviada.ñ
Según Patricio Patrón, la construcción del hospital de Tekax, de 30 camas,
se inició en septiembre de 2006, y desde el principio contó con el permiso
correspondiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), el organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud
(SSA) encargado de esas autorizaciones.
Además, tenía un proyecto de obra hecho de acuerdo con el “Modelo de
Unidades Médicas” de la dependencia.
El costo total de la construcción de un hospital de ese tipo, según ese modelo, debía ser de $38.4 millones y el costo del equipamiento, de $13.6 millones, para un total de $52.07 millones.
El gobierno federal entregó esa cantidad a Patricio Patrón, que ejerció $28 millones en la obra física -dejó el edificio con un avance del 63%- y depositó en bancos otros $23 millones para su conclusión y equipamiento.
“En 2010 me entero de que el gobierno estatal había gastado más de cien millones en Tekax, sin justificación”.
“Reúno datos y me doy cuenta de que esa obra servía a funcionarios federales y estatales para desviar recursos”, añade el ex Gobernador.
En el hospital de Ticul, El costo de esa obra oscilaría entre 483 y 596
millones, pero la entonces gobernadora firmó un contrato por $948.8 millones .
Pero el tema de los hospitales inconclusos no es el único con relación a las
obras abandonadas por Ivonne Ortega sin que se sepa realmente dónde quedó el
dinero:
Un proyecto denominado Disneylandia Maya, en Yucatán, al que se le habían invertido alrededor de 90 millones de pesos, quedó abandonado desde 2012 por el gobierno del estado, pues a pesar de haberse anunciado que sería una innovación turística, no se ha avanzado.El Palacio Maya fue la primera pieza del proyecto en el que según la entonces mandataria local Ivonne Ortega, se habría avanzado en un 60 por ciento.De acuerdo con el diario Reforma, los 13 mil metros cuadrados del complejo que ya han sido construidos, son invadidos por maleza y charcos en varias secciones.
La constructora Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México dejó el
proyecto en manos del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos.
La construcción que se erige junto al cenote Abán y, aunado al Plan Maestro de
Chichén Itzá, sería el proyecto que catapultaría un megadesarrollo en el que
también habría hoteles, campos de golf y hasta un parque de diversiones.
Esta segunda fase del proyecto no se presentó de manera oficial, sin embargo, inversionistas se interesaron en el desarrollo.
La entonces gobernadora, Ivonne Ortega, bautizó en 2008 al proyecto como Disneylandia Maya:
“Vamos a poder interpretar cómo leían las estrellas. Vamos a hacer un Disneylandia, pero con cultura. Qué tan precisos eran en sus predicciones del calendario”, señaló entonces.
Indicó que “Vamos a poder, de manera interactiva, convivir con un maya, cazar un venado, ver que sacrifiquen a la princesa”. Lo único que se ve ahora es un reflejo de la corrupción y el desidio gubernamental. Derroche y mala planeación.
El proyecto estaba previsto para ser concluido en 2014 con un costo total de 450 millones de pesos.
Como se observa y documenta, las palabras clave que acompañan la campaña de Ivonne Ortega, son la corrupción, el tráfico de hectáreas, el desvío de recursos y las obras millonarias inconclusas.