El otorgamiento de asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se inscribe plenamente en la tradición diplomática de refugio del Estado mexicano.
José Murat/La Jornada
No cabe controversia, no hay espacio para el debate sustentado, no hay razón para tanto brinco si está el piso tan parejo, como decían nuestras abuelas en su sabiduría empírica acumulada. El otorgamiento de asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se inscribe plenamente en la tradición diplomática de refugio del Estado mexicano.
Sí, ha sido una política de Estado congruente con los principios y ejes rectores constitucionales de la política exterior mexicana, una postura uniforme más allá de los signos ideológicos y de los estilos personales de gobernar de cada presidente en turno, parafraseando al liberal Daniel Cosío Villegas: otorgar protección y resguardo de la vida a todo perseguido político.
En especial, ha sido una posición institucional derivada de la Doctrina Estrada no juzgar, no intervenir en los resortes de la política interna de otros países, simplemente tutelar ese valor universal que es el derecho a la vida de personas con riesgo de transgresión a su integridad física, personas de cualquier punto de la comunidad de naciones.
El artículo 11 de la Constitución Política clara y textualmente, sin espacio a la interpretación y la hermenéutica jurídica, consigna: Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
En la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículo sexto, se asienta: Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre por los motivos dados en el artículo 13 de esta ley o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Esa política humanitaria y generosa del Estado mexicano se ha hecho patente a lo largo de la historia, para citar sólo algunos casos: el presidente Lázaro Cárdenas concedió asilo político en la década de los 30 a miles de perseguidos por la dictadura de Francisco Franco, republicanos la mayoría, pero no sujetos a esa condición ideológica, asilados que después enriquecieron la cultura, la ciencia, la academia y distintas disciplinas que hoy son parte de la grandeza de México. Nadie, salvo voces aisladas de una derecha local recalcitrante, protestó por este gesto generoso.
Más tarde, el 31 de enero de 1962, el presidente Adolfo López Mateos, resistiendo las presiones del gobierno de Estados Unidos y la fuerza del consenso del bloque que cedía, instruyó a nuestra representación diplomática mantenerse al lado de la soberanía cubana; México fue el único país en votar en contra de la expulsión de Cuba del seno de la OEA.
En la década de los 70, en pleno auge de las dictaduras militares en América Latina, el presidente Luis Echeverría otorgó asilo político a la esposa de quien fuera presidente de Chile, Salvador Allende, Hortensia Bussi, y a integrantes de su gobierno luego del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet.
En esa misma década el gobierno del presidente José López Portillo estuvo siempre en solidaridad, muy cerca del presidente Omar Torrijos para restaurar la soberanía territorial sobre el canal de Panamá hasta su firma en 1977, con el presidente Jimmy Carter, por lo que el gobierno estadunidense tuvo que regresarlo el 31 de diciembre de 1999.
En la década de los ochenta, 1983, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid impulsó la creación del Grupo Contadora, con Colombia, Panamá y Venezuela, un grupo en favor de la paz en Centroamérica que contó con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU por el que promovieron paulatinamente una salida negociada y civilizada a los conflictos en Guatemala, Nicaragua y el Salvador.
En el gobierno del presidente Carlos Salinas, el Estado mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para otorgar refugio a miles de centroamericanos que huían de sus países de origen, ahí donde todavía no se restablecían plenamente la civilidad y la paz.
En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, México fue parte central de los esfuerzos internacionales para acompañar el proceso de pacificación en Colombia hasta su firma, en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016, entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Timochenko, líder de las FARC.
En contrapartida, no olvidemos que el presidente Benito Juárez recibió el resguardo territorial de Estados Unidos cuando encabezaba la lucha por restaurar la majestad de la República en la lucha contra Maximiliano y el imperio francés, además de sus aliados internos, los conservadores. El presidente Porfirio Díaz también recibió la hospitalidad del pueblo francés al término de su gobierno y el inicio de la Revolución Mexicana.
¿O de qué hablamos? ¿Por qué la estridente e infundada oposición de sectores reactivos al asilo otorgado al ex presidente Evo Morales, algunos de ellos identificados con la clase proletaria? ¿El problema es su origen indígena o la política social que impulsó?
No hay espacio a la controversia, no es un tema de ideologías, sólo remitámonos a la historia: el asilo político es un principio jurídico y una tradición diplomática del Estado mexicano en defensa de los derechos humanos.
