Redacción Revolución
Según información de 24 horas, el coronel del que fue el Estado Mayor Presidencial (EMP) Juan Martín Cano Aguado , fue el responsable de avalar el megacontrato para la seguridad de las instalaciones del IMSS, en el cual se detectaron irregularidades en asignaciones a nueve empresas por más de dos mil 795 millones de pesos.
El ex jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, fue el encargado de calificar a los concursantes, modificar los procesos de licitación y avalar los contratos con un mecanismo irregular.
Según sus declaraciones patrimoniales, el coronel fue nombrado como jefe de Seguridad del IMSS el 3 de febrero de 2015 cuando todavía existían contratos vigentes en esta materia, pero dispersos por regiones.
Bajo su mando, basado en un estudio de mercado, se decidió consolidar el servicio de seguridad privada en una sola megalicitación, que después se fragmentaría. Anteriormente Cano Aguado fue el coordinador de Seguridad y Logística de Angélica Rivera, primera dama del país. Ese cargo lo ejerció entre septiembre de 2012 y enero de 2015, adscrito al EMP.
Asimismo entre junio de 2010 y septiembre de 2012, fue coordinador de Logística del equipo de seguridad de Peña Nieto, adscrito a la Procuraduría General del Estado de México. Durante ese periodo le tocó proteger al ex Jefe del Ejecutivo en su último tramo como gobernador del Edomex, así como durante su campaña y días después de que recibiera su constancia de Presidente electo.
Acerca del contrato, la Auditoría Superior de la Federación, en su fiscalización a la cuenta pública 2018, descubrió que no se aseguraron las mejores condiciones económicas para el IMSS.
A pesar del costo global del magacontrato, por más de dos mil 795 millones de pesos, los equipos de videovigilancia pertenecen a las nueve empresas a las que se asignaron los contratos, por lo que en 2020, el Seguro Social deberá decidir entre desmantelar su sistema de seguridad electrónico, recontratar a las nueve empresas o hacerles una oferta de compra.
En las cláusulas se estipula que los equipos pertenecen a la empresa e, incluso, se coloca como otra alternativa que los corporativos, al término de vigencia, los podrían donar al IMSS.
Bajo esas condiciones, el contrato seguirá vigente hasta 2020, con la posibilidad de que se desmantelen los equipos de videovigilancia en más de tres mil edificios.
En la víspera, 24 HORAS publicó que en 2017, el Seguro Social llevó a cabo un proceso de licitación bajo la cobertura de tratados internacionales, a pesar de que los servicios de seguridad no entraban en esa modalidad.
Además, manipuló las convocatorias, contrató un testigo social que infringió las normas y ocultó información a los concursantes.
A su vez, el IMSS, por razones desconocidas, fragmentó la primera licitación internacional para entregar a nueve empresas contratos superiores a los dos mil 795 millones de pesos mediante diversos procesos.
