Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Un monto de casi cinco millones de pesos, fueron desviados en el 2014, por la entonces subdelegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Oaxaca, Zory Maristel Ziga Martínez, en perjuicio de habitantes del municipio de San Juan Lachigalla en Ejutla de Crespo.
La hoy delegada del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), habría entregado obras de piso firme a 148 habitantes de cuatro agencias municipales (San Andrés Niño, Santiago Libertad, Santa María del Rincón y San Antonio Zaguia) como parte del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, no obstante, las construcciones que no fueron culminadas.
El contrato de esos programas fue el SDS-OAX/OP/PD2P/MV/25-14, fechado el 14 de noviembre del 2014.
Por lo que las 148 familias afectadas por la funcionaria Federal presentaron en el 2015 una queja ante la delegación de la Sedesol que actualmente encabeza, Martín Vázquez Villanueva, además ante los órganos fiscalizadores para fincar responsabilidades.
Mientras que con el número 2016/SEDESOL/DE30 en se presentó al Área de quejas de la dependencia un escrito con fecha 11 de mayo para fincar una sanción a Ziga Martínez, mismo que no prosperó por influencias e intervención de Ziga Martínez.
No obstante, el pasado 10 de enero se presentó el caso al presidente de la República Enrique Peña Nieto, por parte del Comité de Beneficiarios del Programa Piso, Techo, Muro firme y Cuartos Adicionales en donde se realiza un balance de los actos indebidos de la funcionaria.
Entre las inconsistencias denunciadas por la representación de las agencias afectadas, se confirmó que a los 148 beneficiarios del Programa Federal de piso, techo, muro firme y cuartos adicionales en la Agenda Municipal de San Andrés Niño de San Juan Lachigalla, los materiales por parte de las constructora se los cobraban a los beneficiarios para que pudieran terminar los trabajos de pisos.
Los materiales que sobraban se los llevaban y los vendían a la demás población; contrataban albañiles de la población quedándoles a deber varias semanas de jornal, siendo varios miles de pesos, los adeudados.
Además, los materiales que se encontraban en domicilios de beneficiarios se los llevaban para la cabecera municipal para terminar ahí los trabajos de otros fines, no para los beneficiarios.
Esta situación se suma el desvío de 16 millones de pesos por parte del exdelegado Guillermo Alfaro Cazares así como un millón 840 paquetes de láminas destinados para cuatro municipios de la entidad y que no han sido esclarecidos.
