Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
El Consejero Jurídico, Geovany Vázquez Sagrero, confirmó que son sujetos de investigaciones administrativas y penales, los exsecretarios de Administración de #Oaxaca, Germán Espinoza y Alberto Vargas Varela, así como mandos medios, por la asignación irregular de plazas administrativas al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).
Espinoza y Vargas Varela, fueron ex secretarios de administración en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa y de Gabino Cué Monteagudo, respectivamente.
Incluso algunos de los trabajadores podrían ser indiciados por cohecho.
Vásquez Sagrero, también cuestionó la complicidad de los dirigentes en turno del STPEIDCEO en la entrega ilegal de plazas.
Además, que, se investiga a ex funcionarios, recordó que también hubo encargados, quienes tendrían un grado de responsabilidad.
Acompañado de la titular de la Subsecretaría de Honestidad y Transparencia, Leticia Reyes Álvarez, destacó que se realizan las acciones jurídicas correspondiente.
“Por eso hablaba de responsables administrativas o en su caso penales, también que haya y desde luego que se van a iniciar eso”, explicó.
Vásquez Sagrero, destacó que los trabajadores tienen una representación sindical y esa representación es la que contesta por todos agremiados.
Reiteró que los fundamentos jurídicos para la supresión están previstos en artículo 116 fracción VI de la Constitución Federal, el cual establece que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas locales.
La supresión de plazas está regulada en el artículo 39, fracción V, inciso J) de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, la cual señala que los nombramientos de los empleados dejarán de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado por la supresión de plazas que decrete el Congreso del Estado.
Mientras que el Artículo 123 Apartado B fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que, en caso de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les, otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. El decreto establece que los trabajadores serán indemnizados con tres meses de salario.
Vázquez Sagrero expuso también que aún cuando el gobernador Salomón Jara Cruz, tiene la facultad de suprimir plazas irregulares de manera directa, se optó por la vía del congreso del Estado para evitar que se señale de decisiones unilaterales.
“El hecho de poder involucrar a otros poderes es que no sea una decisión unilateral. Ahí (en el Congreso) hay una representación de los distritos, ahí hay una representación de una democracia participativa indirecta, donde está un poder que es soberano, el congreso del Estado”.
“Nosotros no inventamos un procedimiento, no sacamos algo de la nada, está en 123 de la Constitución general de la República está el 116 con la libre configuración legislativa y está el 39 de fracción quinta y de la ley del servicio civil que establece la facultad al congreso del Estado, entonces si hay asidero jurídico”, atajó a las versiones de inconstitucionalidad.
Destacó que hubo un acuerdo de radicación del expediente, y en ese acuerdo de radicación del expediente le ordenaron notificar también al sindicato y este manifestó y lo que a su derecho con vino. Posteriormente pidió una escucha.
Vásquez Sagrero, criticó qué le dirigentes sindicales no defendieron los derechos de sus trabajadores. “Por qué no cumplieron su mandato, los sindicatos, la coalición de trabajadores para la defensa de sus derechos, porque siendo los titulares del contrato colectivo de trabajo permitían que les metieran bases, había complicidad, había omisión o también metían otras plazas”, lanzó al cuestionar la presunta complicidad de dirigencias sindicales.
“Ellos tendrían que responderle a su base, por eso es importante que la base sepa aquí no hay revancha y si hay traición, ellos que se arreglen entre ellos”, asestó.
Explicó que, por usos y costumbres, se permitía que la entrega de 35 bases, pero previo a análisis de corrida Financiera, cómo impacta en prestación 35 plazas.
Refirió que existen empleados quienes pagaron de 100 a 200 mil pesos y a estos los invitan a denunciar.
Vázquez Sagrero precisó que fueron mil 344 plazas que fueron revocadas, establecido en el Decreto 24, con efectos inmediatos, mismas que fueron identificados con el Número Único de Plaza (NUP) y/o Número Único de Empleado (NUE).
Expuso que el proceso se realizó conforme a la ley y no fueron ocurrencias de un día para otro tal como se menciona en las redes sociales, tan es así que señaló que en el momento de supervisar a las y los trabajos menos de la mitad de los mil 344; cerca de 600 se encontraban en sus lugares de trabajo, el resto estaba “ilocalizables”.
En tanto, la secretaria de Honestidad, Elsa Reyes expuso que un número significativo de plazas fueron otorgadas en pandemia, cuando la única preocupación del gobierno debió ser la salud.
Por su parte, el secretario de Finanzas Farid Acevedo dio un panorama crudo al señalar que si bien los empleados, que ostentaban estas plazas, aportaban al Fondo de Pensiones, al momento de su jubilación se estaría en problemas toda vez que dicho fondo no cuenta con más recursos.
