Por: Pedro Matía/ proceso
Oaxaca, Oaxaca. (apro).- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas denunció que la representación de la Fiscalía General de Justicia en Matías Romero se ha negado a investigar el caso de la desaparición de Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad.
En una carta dirigida al fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, los coordinadores del Comité, Luis Bustamante Valencia y Miguel Ángel García, solicitaron al funcionario estatal la pronta y efectiva intervención del fiscal para que el caso sea atendido “de manera urgente”.
Detallaron que en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, perteneciente a Santa María Chimalapa, se reportó la desaparición y posible privación de la libertad de la niña indígena, el pasado lunes 6.
Dos días después, Refugio Ramírez Torres, padre de la menor, se presentó ante las oficinas de la Fiscalía en Matías Romero para presentar la denuncia.
Se sospecha que Jacinto Vásquez Sánchez, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz, es el responsable de la desaparición de Priscila.
No obstante, personal de la Fiscalía se ha negado a actuar e incluso comentó a los padres de la menor que “si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio les dé unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.
El Comité consideró “indignante e inaceptable” esa respuesta, ya que por mandato constitucional, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno “tienen el deber de velar por el interés superior de los y las menores”, tomando en cuenta que de acuerdo con normas internacionales suscritas por el gobierno, “el Estado mexicano en su conjunto está obligado a promover, garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Además de recibir un trato déspota por parte de la agencia estatal de investigaciones, a los familiares de la niña desaparecida se les ha respondido que la policía de Oaxaca no puede intervenir, “dado que presuntamente ha sido llevada a la zona de Jáltipan, Veracruz”, y que mejor vayan a la Fiscalía de Acayucan a levantar una demanda.
De acuerdo con el Comité, al actuar de esa forma la Fiscalía está violando el derecho de la familia a acceder a la justicia y a una debida diligencia, y también los derechos de Priscila “a su integridad, su libertad y su vida misma”.
Exigen a fiscal de Oaxaca atender “de manera urgente” la desaparición de una niña indígena – Proceso
OAXACA, Oax. (apro).- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas denunció que la representación de la Fiscalía General de Justicia en Matías Romero se ha negado a investigar el caso de la desaparición de Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad.
En una carta dirigida al fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, los coordinadores del Comité, Luis Bustamante Valencia y Miguel Ángel García, solicitaron al funcionario estatal la pronta y efectiva intervención del fiscal para que el caso sea atendido “de manera urgente”.
Detallaron que en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, perteneciente a Santa María Chimalapa, se reportó la desaparición y posible privación de la libertad de la niña indígena, el pasado lunes 6.
Dos días después, Refugio Ramírez Torres, padre de la menor, se presentó ante las oficinas de la Fiscalía en Matías Romero para presentar la denuncia.
Se sospecha que Jacinto Vásquez Sánchez, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz, es el responsable de la desaparición de Priscila.
No obstante, personal de la Fiscalía se ha negado a actuar e incluso comentó a los padres de la menor que “si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio les dé unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.
El Comité consideró “indignante e inaceptable” esa respuesta, ya que por mandato constitucional, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno “tienen el deber de velar por el interés superior de los y las menores”, tomando en cuenta que de acuerdo con normas internacionales suscritas por el gobierno, “el Estado mexicano en su conjunto está obligado a promover, garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Además de recibir un trato déspota por parte de la agencia estatal de investigaciones, a los familiares de la niña desaparecida se les ha respondido que la policía de Oaxaca no puede intervenir, “dado que presuntamente ha sido llevada a la zona de Jáltipan, Veracruz”, y que mejor vayan a la Fiscalía de Acayucan a levantar una demanda.
De acuerdo con el Comité, al actuar de esa forma la Fiscalía está violando el derecho de la familia a acceder a la justicia y a una debida diligencia, y también los derechos de Priscila “a su integridad, su libertad y su vida misma”.
con información de proceso.com.mx
