Francisco Vásquez
Oaxaca.- Familiares de las víctimas y pobladores de Santiago Choápam protestaron frente al Palacio de Gobierno en Oaxaca para exigir justicia y castigar a los responsables de la emboscada ocurrida el 14 de mayo de 2011, que dejó un saldo de 10 muertos y 16 heridos, nueve de ellos de gravedad.
Maricela Silva López y Eva López Castro, denunciaron que hace quince días un magistrado ordenó la liberación de Albérico Díaz Jiménez, uno de los presuntos responsables de esta masacre, además de que la Fiscalía General de Estado se ha negado a ejecutar 16 órdenes de aprehensión que están pendientes.
La hermana de una de las víctimas de la emboscada, acusó que hay diversos intereses de por medio en este caso, en el cual fueron procesadas cuatro personas, sin embargo, a través de acuerdos políticos pretenden hacerlos ver ante el gobierno federal como presos políticos para obtener su liberación.
“Si soltaron a un multihomicida, también van a soltar a los otros entonces y el gobierno cruzado de manos y riéndose de nosotros, hemos luchado por nuestros propios medios con camiones para ir a la ciudad de México, no se vale tanta apatía, tanta corrupción, aqui hay dinero de por medio y hay mucho poder”, aseveró.
Dijo que entre los involucrados y responsables del múltiple homicidio, se encuentran Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos Benítez, dirigentes de la organización Comuna, además de maestros de la Sección 22, entre ellos Sara Torres, Peña Ordaz, Erick Leonel e Ivonne López, Bertoldo Yescas Wuiciel Luciano Díaz, estos dos últimos detenidos por este hecho.
De acuerdo a los inconformes, en esa ocasión los habitantes de las agencias municipales y de policía de Santiago Choápam viajaban a la cabecera municipal para la instalación de casillas electorales.
Cuando se encontraban cerca del paraje El Portillo, en la entrada que viene de Tuxtepec, en los pueblos bajos, fueron emboscados y acribillados con un saldo de 10 muertos y 16 heridos.
Dijo que actualmente el gobierno del estado ha mostrado un total desinterés en el caso, además acusaron a Flavio Sosa Villavicencio y a diputados de Morena de intervernir para agregar a los procesados a una lista de amnistía, ello de acuerdo a la nueva política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
