Luis Velázquez
Diez duartistas están en la mira de la PGR. Tienen encima una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, por 2 mil 555 millones 389 mil pesos con 60 centavos. Las irregularidades fueron detectadas en el área de salud.
Y en la lista negra de la ASF entregada a la Procuraduría General de la República con fecha 12 de noviembre de 2014, número de expediente DGJ/C1/2245/2014, figuran los siguientes ex funcionarios públicos:
Uno. Fernando Charleston Hernández, ex secretario de Finanzas y Planeación.
Dos. Mauricio Martín Audirac Murillo, ex titular del Orfis, la Contraloría y Sefiplan, preso en el penal de Pacho Viejo y quien de pronto se inventó una enfermedad (lumbalgia) para cumplir su proceso penal en su casa.
Tres. Lorenzo Antonia Portillo Vázquez, en su carácter de Auditor General del Organo de Fiscalización Superior, quien en el duartazgo nunca vio ni detectó ni denunció los ilícitos, y ahora, de pronto, en la yunicidad está denunciando hasta el desvío de un clip, de un lápiz, de una libreta de taquigrafía.
Cuatro. Tomás José Ruiz González, ex titular de Sefiplan y de la SIOP.
Cinco. Edgar Spinozo Carrera, ex Oficial Mayor de la secretaría de Educación.
Seis. Vicente Guillermo Benítez González, ex tesorero de Sefiplan y ex Oficial Mayor de la SEV, tiempo aquel cuando lo conocieran como “El señor de las maletas voladoras” y “El profe de las tangas eróticas”.
Siete. Timoteo Aldana Carrión, ex jefe administrativo en la secretaría de Salud.
Ocho. Enrique Rodríguez Piñero, ex subdirector de Recursos Financieros de la secretaría de Salud.
Nueve. Rodrigo Joel Armas Márquez, jefe de Departamentos de Cuentas por Pagar de la secretaría de Salud.
Y diez. El doctor Luis Fernando Antiga Tinoco, ex secretario de Salud.
De acuerdo con la denuncia penal de la ASF en la PGR, las baterías recaen con más peso sobre el titular del ORFIS, Portilla Vázquez, pues su tarea básica es fiscalizar la cuenta pública.
Y habría cometido un gravísimo pecado de omisión.
Y más, por ejemplo, ahora, cuando tiene las baterías puestas en la yugular de los líderes sindicales miembros del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado, IPE, pero sin tocar “ni con el pétalo de una rosa” al ex Contralor del duartazgo, el yunista Ricardo García Guzmán, ni a su protegido, Antonio Gómez Pelegrín, el último titular de Sefiplan en el sexenio anterior.
AGRAVIOS AL DERECHO HUMANO A LA SALUD
La denuncia de la ASF a la PGR dice:
“La inobservancia de la norma correspondiente a la debida aplicación de los recursos públicos destinados al FASSA 2011 en Veracruz atenta contra el interés superior de la sociedad en materia de Salud.
Se trata sin duda de una violación directa al derecho humano a la Salud.
Del análisis a los estados de cuentas bancarias proporcionadas por el Gobierno del Estado de Veracruz y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores… se detectó que el (duartazgo), a través de diversos funcionarios públicos (los señalados líneas anteriores) realizó transferencias entre las cuentas bancarias”… que llevaron a las irregularidades.
Luego, dice:
“Lo anterior hace presumir que servidores públicos del gobierno de Veracruz simularon el reintegro del monto señalado por esta entidad de fiscalización superior de la Federación”.
Y a la fecha “subsisten los daños determinados originalmente por esta entidad de fiscalización superior de la Federación”.
Entonces, precisa que cuando la ASF detectó “los caminos torcidos” de Duarte y compañía… “fueron dados a conocer a la entidad fiscalizada en el tiempo y forma que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Se hizo del conocimiento al gobierno del estado de Veracruz de las irregularidades detectadas respeto a los Recursos del FASSA dos mil once (2011) y se le señaló un plazo para presentar argumentaciones adicionales y documentación soporte que justificara y aclarara los resultados con observación”.
“AQUÍ NO PASA NADA”
Todo lo anterior “quedó debidamente asentado en las actas… a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, correspondiente a los meses de junio a septiembre de 2012 de la Institución Bancaria HSB México, SA, a nombre de los Servicios de Salud, así como copia certificada del contrato de apertura, así como los documentos de identificación y comprobantes de domicilio que presentó el titular al abrir la cuenta y, en su caso, poder notarial”.
Y no obstante que la Auditoría Superior de la Federación cumplió “al pie de la letra” con los procedimientos, nunca, jamás, Duarte y los diez duartistas denunciados actuaron de acuerdo con la ley, a tono con la leyenda bíblica de que “aquí no pasa nada”.
Y en el enjuague están metidos, entre otros, los funcionarios encargados de fiscalizar la cuenta pública, entre ellos, Mauricio Martín Audirac Murillo como titular de SEFIPLAN y Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, el mandamás del ORFIS.
Dos años y diez meses después, la denuncia pareciera estar muerta, atrapada quizá en el burocratismo oficial, aun cuando también podría estar caminando según los tiempos.
Era, entonces, procurador General de la República Jesús Murillo Karam, ya retirado de las candilejas peñistas.
