Luis Velázquez
26 de abril de 2018
El Congreso federal ha dado un paso gigantesco. Por unanimidad aprobaron eliminar el fuero. Todos los funcionarios públicos, desde los alcaldes hasta el presidente de la república, incluidos los gobernadores y los diputados locales y federales, quedarán sin inmunidad. Es más, podrían terminar en la cárcel.
La reforma constitucional para retirar el fuero, la figura en la que todos los políticos se han basado para cometer excesos y abusos del poder, empieza a caminar. De la Cámara de Diputados pasó al Senado. Luego, a los Congresos locales. Y entonces, hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, y los magistrados y titulares de órganos autónomos, entre ellos, el mismo INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrían ser llevados a juicio.
A partir de la fecha, los políticos serán sometidos al escrutinio público. Y aun cuando, y por ahora, hay cientos, miles parece, de solicitudes de juicio político en el Congreso federal archivadas, se abrirá un compás de esperanza para que ya nadie ni nada frene la sublevación popular y social en contra de los malos políticos.
Por ejemplo, con todo y que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha documentado el (presunto) peculado de los diputados federales, Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos (el primero por dos mil 300 millones de pesos y el segundo acusado de un desvío de mil 500 millones), la presión priista, con un Enrique Peña Nieto en Los Pinos, fue bloqueada.
Por eso mismo, el Yunes azul les dijo con precisión, sin medias vueltas, “los espero a la salida”.
A la salida del Congreso como diputados en que ya estarán sin fuero.
TODO, SIN EMBARGO, ES NEGOCIABLE
Lo mejor sería que la eliminación del fuero se hubiera dado a la par que la revocación del mandato. Pero, bueno, rara vez “una golondrina anuncia el verano”, y “algo es algo”. Falta, no obstante, mucho camino por recorrer.
Por ejemplo, el Congreso tendió un candado singular, como observar el principio de presunción de inocencia.
Así, “los funcionarios y quienes ostenten un cargo de elección popular sólo podrán ser separados y encarcelados cuando exista sentencia condenatoria o bien concluya el periodo para el cual fueron electos o designados”. (La Jornada, viernes 30 de abril, 2018)
Bastaría revisar la filosofía política en el duartazgo cuando los titulares del ORFIS y la Contraloría y los miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso habrían, digamos, detectado irregularidades en la rendición de cuentas de Javier Duarte y compañía, y nunca, jamás, procedieron.
Es más: todavía existe la percepción de que la Cuenta Pública de cada año se presta a negociaciones en la Comisión de Vigilancia del Congreso alrededor de los presidentes municipales excedidos en el manejo del gasto público.
Y es que “antes como antes y ahora como ahora”, hasta donde se sabe si bien se sabe, los diputados de cada partido suelen negociar la impunidad para sus militantes presidentes municipales y todos cabezones.
Y para cubrir “el ojo al macho” sólo sueltan los nombres de unos cuantos alcaldes, la mayoría de municipios pequeños.
La Transparencia y la Rendición de Cuentas son un instrumento de poder político y negociación entre las elites partidistas, y por eso mismo, el país ocupa el primer lugar mundial en corrupción política.
Con y sin fuero.
SÓLO QUEDA LA ESPERANZA
Hace casi tres décadas, en el Congreso de la Unión hubo la intentona de un juicio político contra Carlos Salinas.
Primero, por el fraude electoral cometido en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.
Luego, por los 600 perredistas asesinados en el transcurso del sexenio.
Después, por los ilícitos en el manejo de los recursos públicos y en donde su hermano Raúl Salinas fue personaje estelar, a tal grado que los políticos le llamaban “El señor diezmo”.
Nunca procedió. Fue congelado.
Ahora, ya se verá si cuando el “Diario Oficial de la Federación” publique la reforma constitucional la vida pública se airea y la renovación moral por fin se alcanza en el ejercicio del poder.
Y es que en un país, de norte a sur y de este a oeste, donde el poder público es manejado como si se tratara de una hacienda porfirista con insólito sentido patrimonialista, “el país de un solo hombre”, por más Sistemas Nacionales Anticorrupción y más secretarías de la Función Pública, el fuero sale sobrando.
Siempre habrá redes del poder para protegerse y blindarse entre las mismas elites políticas.
Siempre se atravesaré la negociación política.
Tengamos esperanza, sin embargo, en que las cosas puedan cambiar, y para bien de un pueblo pobre y jodido.
UN PUEBLO ENOJADO
Los diputados federales “se cortaron las venas” adueñándose de la paternidad de la enmienda constitucional.
Todos alardearon, mesiánicos y populistas como son, que la iniciativa era, primero, de sus partidos, y segundo, de su candidato presidencial.
En todo caso, es un reclamo social. Por eso, entre otras cositas, el hartazgo en contra de todos los políticos, sin excepción.
El pueblo está enojado. Y si aguanta sin sublevarse es porque ya tuvimos una guerra de Independencia y una Revolución, y los padres de familia todos los días andan peleando el ingreso para llevar el itacate y la torta a casa.
Pero, bueno, los años por venir hablarán de la trascendencia social de la eliminación del fuero, achicando los abusos y excesos del poder de los políticos.
No más Javieres Duarte. No más Karimes.