Luis Velázquez
Veracruz. 06 de marzo de 2019 Los familiares de los 5 chicos de Playa Vicente desaparecidos por la policía estatal en Tierra Blanca son la versión jarocha de Ayotzinapa.
Igual que los padres de los normalistas han peregrinado en Veracruz y en el altiplano clamando justicia en un largo y extenuante camino y proceso, al parecer, sin final.
Tres gobernadores han pasado desde entonces. Y dos presidentes de la república.
Están conscientes, igual que los padres de Ayotzinapa, que sus hijos fueron secuestrados y desaparecidos y asesinados.
Pero, al mismo tiempo, la peor desgracia moral y sentimental y emotiva y espiritual de su vida, sicológica incluso, ninguna idea tienen del destino de los restos de sus hijos, a excepción de un padre, a quien entregaron los restos mínimos.
Ellos tenían 16 años, una chica, y 24, 25 (dos de ellos) y 27 años, y significan 5 vidas truncadas.
En el duartazgo, el secuestro colectivo en Tierra Blanca, donde el jefe policiaco y sus policías los entregaron vivos a los malandros.
Y luego de la yunicidad a la fecha, la impunidad galopando en el más duro infierno vivido antes y ahora en Veracruz.
El paraíso terrenal convertido en el peor lugar del país para vivir, a tal grado que muchas, muchísimas familias han migrado de la tierra jarocha atrás de la tierra soñada y prometida.
“ME HUBIERAN DEJADO A MI HIJO EN UNA BOLSA NEGRA”
El gobierno de Veracruz quiso pedir perdón a todos ellos, reproduciendo así el mismo perdón del presidente de la república a los familiares de Ayotzinapa.
Pero, como decía el subcomandante Marcos, ahora Galeano, nunca será suficiente pedir perdón, pues, por un lado, sigue pendiente el proceso penal para los asesinos físicos y que todavía está en veremos, en tanto los asesinos intelectuales están libres.
Y si el comandante policiaco de entonces fue detenido y encarcelado, ninguna sentencia al momento.
Peor aún: si el comandante policiaco actuaba así, tiempo aquel de la fosa clandestina más grande de América Latina, Colinas de Santa Fe en el municipio de Veracruz, sin duda se debía a que tenía arriba jefes que lo protegían.
Y lo peor entre lo peor, que le ordenaban cosas siniestras y sórdidas.
Más aún:
Pedir perdón a los padres de Playa Vicente porque sus hijos fueron desaparecidos en el sexenio de Javier Duarte sirve, en todo caso, para seguir enlodando más y más al sexenio priista aquel, cuando solo la justicia constituye la única respuesta.
De algún modo equivale a cuando la yunicidad otorgó la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” a los Colectivos de Veracruz integrados con madres con hijos desaparecidos.
Y cuando eran apapachadas en público por el gobernador en turno.
Dijo la señora Gloria de la O Santos, madre de uno de los chicos secuestrados y desaparecidos al reportero Emir Olivares Alonso, La Jornada México:
“Aunque sea me lo hubieran dejado en una bolsa negra. No importa que me lo hubieran dejado hecho picadillo. Yo lo hubiera ido a recoger. Lo hubiera armado como un rompecabezas”.
21 DETENIDOS… SIN SENTENCIA
Ha de mirarse, claro, como una expresión de buena voluntad la actitud del gobierno de Veracruz de pedir perdón.
Pero al mismo tiempo, es insuficiente.
Y más, y por ejemplo, cuando según el reporte oficial solo en el mes de febrero, 2019, ochenta y tres (83) personas fueron desaparecidos.
Y sólo en el mes de febrero se registraron 39 secuestros.
Y 143 homicidios.
Los padres de los chicos de Playa Vicente (enero de 2016, el último de Javier Duarte) llevan tres años de vivir con la esperanza de encontrar los restos de sus hijos.
Y, al mismo tiempo, trágico destino, pues nunca los han encontrado.
Se ignora si todavía tengan fe y esperanza, pero ante la realidad avasallante, y más allá de que les pidan perdón, solo la justicia es válida.
Y el gobierno de Veracruz sigue fallando.
También la Fiscalía.
Por ejemplo, hay veintiún detenidos (entre ellos, ocho policías y once civiles) y a ninguno han dictado sentencia.
Por un lado, ajá, el perdón, vaya, y por el otro, la farsa, además de la inseguridad que se padece como una pesadilla, la impunidad.
ASESINOS FÍSICOS E INTELECTUALES
Una vez más, el gobierno federal (voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación) ha prometido justicia.
Y la justicia implica la condena inmediata ya, ya, ya, a los homicidas físicos.
Pero también, presos los policías, presos sin sentencia, el rastreo con ellos de los homicidas intelectuales.
Y al mismo tiempo, reformar el Código Penal para convertir en delito grave, gravísimo, el secuestro y la desaparición y la desaparición forzada de personas, pues en Veracruz está considerado un delito menor.
Y un manotazo del tamaño de la Cuarta Transformación del País para purificar los cuerpos policiacos pues con la violencia en Veracruz han aflorado policías y ex policías, dicen, metidos en la ola de violencia.
De nada sirve un perdón en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México sin las circunstancias, acciones y hechos anteriores.
Pero más aún:
Tanta sangre, incertidumbre y zozobra chorrea en Veracruz que pedir perdón a los padres de los jóvenes de Playa Vicente significa restablecer la tranquilidad y la paz perdida solo a partir de un combate férreo y firme (y con resultados) en contra de los malandros, pistoleros, sicarios, carteles y cartelitos, delincuencia organizada y común, para que se larguen de Veracruz.
De lo contrario, todo es y será una política populista, demagógica, barata y ramplona.
¡Vaya ternuritas!
DUARTE Y BERMÚDEZ LA SIGUEN LIBRANDO…
Peor todavía:
En el primer trimestre del año 2016, cuando la desaparición, desde el lado oficial fueron satanizadas.
Y los relacionaron con el crimen organizado.
Por eso, el señor Bernardo Benítez, padre de uno de los chicos, lo dijo con precisión meridiana:
“No sanaremos al obtener justicia. Pero quizá nuestro corazón se tranquilice un poco”.
Quizá.
Pero el mismo Veracruz de 2016 es el mismo de hoy, acaso más recrudecido.
Los 8 millones de habitantes de Veracruz vivimos en el infierno. Atrapados y sin salida. Nadie tiene la vida segura. Nadie puede cantar victoria de que ya la libró, así, incluso, tengan escoltas día y noche.
Y Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita, el gobernador y el secretario de Seguridad Pública de entonces, siguen librando el delito de desaparición forzada.