Luis Velázquez
14 de mayo de 2019
Con sus 120 kilos, y sus barbies en palacio, la preferida una de Villa Aldama, el secretario General de Gobierno de Veracruz ha mostrado su estilo personal de gobernar luego, dice, de vida académica en Baja California y carguitos menores en la administración pública.
Por ejemplo:
Vestido de beisbolista, lanzador estrella al bateador Cuitláhuac en el cuadrilátero. Con un mandil, haciendo paella para los amigos, igual que el Fiscal. Paseando en un pasillo del Palacio Nacional con su jefe inmediato y un diputado de MORENA.
Comiendo un coctel de frutas en el desfile obrero al lado de la Contralora, mirada ansiosa por degustar el bocado, pero mujer cauta y moderada. Cortando el listón inaugurando una callecita reencarpetada en una colonia de Xalapa.
Pero en donde su estilo de ejercer el poder ha alcanzado la plenitud ha sido en su feroz lucha y batalla y guerra en contra del Fiscal.
Su última hazaña fue cuando blindado por el secretario de Seguridad Pública, pistola al cincho que suele usar, y por los diputados locales de MORENA, interpuso una denuncia penal en la delegación federal de la Fiscalía General de la República en contra de Jorge Wínckler que porque es aliado de los malandros y está encubriendo a unos ciento cincuenta presuntos asesinos, sin trepar su expediente negro, con todo y orden de aprehensión, a la Plataforma México, el invento de Felipe Calderón Hinojosa para enlistar de norte a sur y de este a oeste del país los historiales de los transgresores de la ley.
Pero con todo y “la estampida de sus búfalos” que lo acompañaron para, digamos, seguir quedando bien con el góber y ganarse su voluntad para ver si lo recomienda con AMLO para la candidatura en el año 2024 a la silla embrujada del palacio de Xalapa, “El dos de palacio”, nublado por el rencor y el odio y la venganza, ingeniero agrónomo que es, malos asesores jurídicos que tendrá, cometió resbalón del tamaño, no de una bola ocho en el billar, sino del mundo.
LA COMPETENCIA LEGAL ESTÁ EN JUEGO
El politólogo Ramón Benítez lo dice así:
Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fracción Primera, Inciso F:
La Fiscalía General de la República (FGR) solo tiene competencia para abrir carpetas de investigación a servidores públicos por delitos federales.
El Fiscal Jorge Wínckler es funcionario estatal.
Artículo 212:
La FGR solo conocerá de delitos por hechos de corrupción cometidos por funcionarios federales y/o quienes manejen recursos federales.
Wínckler, ni lo uno ni lo otro.
El artículo 4 de la FGR:
La Fiscalía General de la República puede atraer (atraer) casos del fuero común… en los casos en que la Fiscalía local se declare incompetente.
Pero que además, entra en el terreno de la política-política, y desde luego, en el caso obvio de la delincuencia organizada.
Por tanto, el delegado federal de la FGR en Veracruz (amigo y antiguo empleado del secretario General de Gobierno, amigo, dicen en la cancha de los abogados, de la secretaria de Energía) en ningún momento puede conocer de hechos del fuero común.
Incluso, y si Wínckler quisiera bien podría interponer denuncia contra el delegado de la FGR, pero como dice Wínckler, “para bailar se necesitan dos” y por ahora, ha declarado que prefiere guisar paella y pizas, antes, mucho antes que ponerse los guantes.
FUEGO PIROTÉCNICO Y MEDIÁTICO
“El dos de palacio” y amiguitos que lo acompañaron interpusieron la denuncia penal en la FGR contra Wínckler con el argumento de un delito encubriendo a los malandros al dejar de subir las fichas de cada uno en la llamada Plataforma México, una especie de CISEN (Centro de Información y Seguridad Nacional) para que las Fiscalías del país y los abogados y los ciudadanos en general conozcan los antecedentes penales de cada transgresor de la ley.
Hace unos quince años, cada Ministerio Público, mejor dicho, cada juez de una entidad federativa solía girar oficios a sus homólogos del país y de la Ciudad de México solicitando antecedentes penales de algún detenido.
Con el nuevo sistema penal fue creada la Plataforma México como un sistema de informática para conocer de las órdenes de aprehensión de norte a sur y de este a oeste de la república.
La Plataforma México depende ahora del secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo, quien semanas anteriores también rafagueara a Jorge Wínckler.
De entrada, dice el politólogo Ramón Benítez, ninguna ley señala que un Fiscal del país comete un delito cuando deja de subir la información correspondiente a la Plataforma.
Y en todo caso, habría de revisarse si la Fiscalía de Veracruz nunca los subió o tardó en subirla.
En segundo, la ley tampoco define el delito configurado, el más cercano, quizá, de acuerdo con la interpretación subjetiva, el incumplimiento de un deber legal.
En tercero, en vez de que el secretario General de Gobierno denunciara los posibles hechos en la delegación federal de la FGR, la ley establece que la debió formular en la Fiscalía Anticorrupción a cargo, en Veracruz, del abogado Marcos Even Torres Zamudio.
En el fondo se trató, entonces, de un asunto mediático para que “El dos de palacio” ocupara de nuevo los titulares con un reality-show.
Y es que luego del fuego pirotécnico la ley es clara:
La Fiscalía General de la República ha de declararse incompetente a partir de que Wínckler es servidor estatal, y por tanto, la FGR remitirá a la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz la denuncia correspondiente.
JUGANDO LA PELOTA
En la delegación federal de la FGR despacha el abogado Gonzalo Medina, conocida como “El Many”, Agente del Ministerio Público en Boca del Río en el año 2006.
El pastor Emeterio López Márquez, titular del antiguo OPLE, ascendido a procurador de Justicia con Fidel Herrera Beltrán, lo bendijo y lo ungió MP.
Ahora, luego de su tiempo, digamos, priista, fidelista mejor dicho, apareció en la cancha de MORENA, primero, en la SEGOB y ahora premiado con la delegación federal.
De acuerdo con la ley está en juego la competencia de la FGR (Gonzalo Medina) y la Fiscalía General de Veracruz (Jorge Wínckler) y la Fiscalía Anticorrupción (Marcos Evens Torres).
Y jugando la pelota estelar, el gobierno de Veracruz a través del titular de la Segob jarocha.
A: Wínckler no tiene la calidad de funcionario federal.
B: La Fiscalía jarocha es autónoma según la ley. Y con su autonomía ante el Poder Ejecutivo la pelea se ha complicado al grado de que ni la LXV Legislatura pudo someter a juicio político a Wínckler.
C: Si el delegado federal integrara una carpeta de investigación a partir de la denuncia del titular de la SEGOB y amigos que lo validaron (mostrando a la prensa una simple hojita) podría cometer un delito.
D: Y que el derecho de competencia es claro y se ilustraría de la siguiente manera: nunca será lo mismo agraviar a un policía estatal o municipal que a uno federal.
E: Quizá en su nuevo capítulo de rafagueo a Wínckler, el gobierno estatal de MORENA apostaría a que uno, o más, de los 150 delincuentes que según ellos está encubriendo el Fiscal local, tuviera, digamos, ligas con el narcotráfico.
Pero de ser así, se trata de otro boleto.
F: La ley señala que el Fiscal local tiene competencia estatal igual que la FGR federal, pero…, al mismo tiempo, establece que Wínckler puede y debe y está facultado para colaborar en la investigación y ejecución de órdenes de aprehensión de carácter federal, de igual manera como la FGR tampoco puede integrar carpetas de investigación estatal.
La competencia jurídica, pues, en ambos casos, y que significa el epicentro de la disputa política.
UN MALANDRO PODRÍA ENLODAR A WÍNCKLER
Ante el nuevo resbalón, dice el politólogo Ramón Benítez, solo hay un par de salidas:
La primera:
Que la Fiscalía General de la República fuera por Miguel Ángel Yunes Linares con las denuncias penales interpuestas en la antigua PGR, entre ellas, por enriquecimiento ilícito, para al mismo tiempo, presionar para, digamos, forzar la renuncia de Jorge Wínckler.
Y es que ahora, sin cargo público, Yunes Linares es un político vulnerable.
La segunda:
Un golpe canijo y definitivo del gobierno de Veracruz aplicando, por ejemplo, el artículo 348, Bis, del Código Penal del Estado donde queda claro el delito de prevaricación cometido por el servidor público que de manera dolosa y a sabiendas de cometer negocios para los que tenga impedimento legal, los comete.
Es el caso, por ejemplo, de que desde su tiempo como Fiscal, Jorge Wínckler litiga en su despacho en las salas A y B de los juzgados.
Antes, por ejemplo, lo hacía con su abogado adjunto, Félix Guevara, y quien desde finales del año anterior le renunció y puso su despacho jurídico y que por ahora atiende desde su domicilio particular.
Y en tal virtud, y según las versiones, el Fiscal tiene ahora en su despacho a una hermana y a una tía que se trajo de Oaxaca.
Por lo pronto, el reality-show del secretario General de Gobierno con sus “golpes de ciego”, ingeniero agrónomo que es.
En los Llanos de Sotavento, el chamán dice nada fácil sería que ante el fracaso para destituir al Fiscal, de pronto, algún malandro detenido involucre en un ilícito federal a Jorge Wínckler, y entonces, ni el consuelo de su perrita, “Chencha” le servirá para conservar su risita frívola.
Cuitlalandia, sin embargo, está más ocupada en gastarse cuarenta millones de pesos del erario en tres días durante el Festival de Salsa, declarado ya el festival de salsa más importante del planeta.