Luis Velázquez
Veracruz.- El Fiscal Jorge Wínckler Ortiz está ganando tiempo. Según versiones, bien duraría un año en el cargo durante la Cuitlamanía. Con todo, incluso, que el secretario General de Gobierno, primero anunciara que su caída era regalo navideño, y luego, regalo de día de reyes.
De entrada, ganó un amparo federal ante el decreto de la LXV Legislatura de removerlo. Se amparó, pues, contra ese decreto.
Y mientras anochece o amanece, el politólogo Ramón Benítez dice que de acuerdo con la ley, un amparo dura de 6 meses a un año.
El amparo de Wínckler es, digamos, contra la suspensión del Congreso para permanecer en el cargo. El amparo, pues, le permite la suspensión del acto reclamado como dicen los litigantes.
Desde luego, en ningún momento interesa al Fiscal perder el amparo de fondo, sino por el contrario, permanecer, y mostrar el puño y el músculo al primer sexenio de la izquierda de AMLO en Veracruz.
Además, en un semestre o un año, el efecto del amparo bien puede negociar.
Incluso, y en el mejor de los casos es que le concedan el amparo de fondo para que un juez federal declare inconstitucional el decreto de la LXV Legislatura, con todo y el visto bueno de los presidentes municipales que por acuerdo de Cabildo están solicitando el juicio político.
De ser así, entonces, y como cantaba Renato Leduc, “ganar tiempo al tiempo”.
Y entonces, la Cuitlamanía quedaría bajo evidencia, sospecha y suspicacia, pues con todo y tener el mando del Poder Ejecutivo Estatal, y la mayoría simple del Congreso a su favor, y estar apretando a los alcaldes y la fuerza de los diputados federales y senadores, Jorge Wínckler sigue ahí, como el famoso dinosaurio de Tito Monterroso.
Más envalentonado que nunca.
EL FRÍVOLO DE LA FISCALÍA
Jorge Wínckler salió más, mucho más orgulloso, petulante, engreído, soberbio y frívolo que, y por ejemplo, Luis Ángel Bravo Contreras, su antecesor, y quien ahora preso en el penal de Pacho Viejo, soñando con la libertad bajo reserva, la libertad condicionada, llevar su proceso penal en libertad, aparece en las audiencias con un rosario de cuentitas colgado del cuello, mesiánico y divino que ha de creerse y sentirse.
Wínckler, sin embargo, lo dejó atrás.
Antes, estudiante de la facultad de Leyes, era otro. Pero cuando de pronto, como litigante le cayó un asunto del ingeniero Valentín Ruiz Ortiz, Q.E.P.D., el Carlos Slim de Veracruz, y otro y otro y empezó a ganar pleitos y lo recomendó con Miguel Ángel Yunes Linares, entonces, se transformó, peor que el Gregorio Samsa de Franz Kafka.
El orgullo y la soberbia lo mata y aniquila. Y por añadidura, le hace perder el juicio.
Pero para su fortuna, a la Cuitlamanía le sobran poderes políticos aliados, pero le faltan operadores y conocedores y expertos del derecho.
Por ejemplo:
Si la Cuitlamanía tuviera una estrategia conocería los talones de Aquiles de Wínckler, porque al momento, el Fiscal no ha revocado ninguno de los juicios que ha llevado desde su despacho como Fiscal.
Incluso, demasiadas pistas y rastros dejó su brazo derecho en su despacho porteño, Félix Guevara Morales, de unos 32, 33 años, y quien, por alguna razón superior y poderosa, mejor renunció aprox. hace unos dos meses.
Y lo peor, dejando el despacho de Wínckler sin representación en varios juicios que llevaban.
Uno de ellos, el tema de los Porkies, acusados de ultrajar y asesinar a una chica menor de edad y que llevara desde cuando era visitador de la Fiscalía con Luis Ángel Bravo Contreras.
El otro litigio es el juicio de amparo a Francisco Ruiz Anitúa, el hijo de Valentín Ruiz Ortiz, Q.E.P.D., por el embargo de una cuenta bancaria promovida por la secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.
EL DELITO DE WÍNCKLER
El artículo 405 del Reglamento de la Fiscalía de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del 17 de marzo del año 2015, en la página 233, deja claro que ningún servidor de la Fiscalía podrá ejercer la abogacía, solo en causa propia, de su cónyuge y concubinas (que también tienen derechos), ascendientes, descendiente, hermanos o adoptantes.
Incluso, el artículo tiene un delito adicionado al Código Penal con fecha 19 de noviembre del año 2017, artículo 348, fracción primera, donde precisa que comete delito el funcionario público que sabiendas de conocer de negocios para los cuales tenga impedimento legal… participa y trafica influencias y conflicto de intereses.
Por ejemplo, la fama pública registra que Félix Guevara litigaba en nombre de Jorge Wínckler, a tal grado que se presentaba ante los agentes del Ministerio Público y los jueces de parte del Fiscal y todos se le cuadraban por añadidura en las Fiscalías regionales.
Y es que nunca, jamás, Winckler dejó de litigar como funcionario público, cometiendo un delito grave, que la Cuitlamanía ha dejado de observar y con lo que de plano se habría ahorrado demasiados desaguisados como ese de anunciar muy echado para adelante que Wínckler caería en navidad o en reyes.
ALIADOS DEL FISCAL
Además, y en su tiempo de Fiscal, el Fiscal incómodo e indeseable de la Cuitlamanía operó sus litigios desde otras dependencias, las siguientes:
Una. A través de su primo Daniel Ortiz Peña, a quien impuso como encargado del Registro Público de la Propiedad en Boca del Río, y quien mirando los vientos huracanados habría renunciado al cargo hace un mes.
Y dos. Y en la misma Fiscalía, otro de sus operadores fue Kiko Robles Tejeda, encargado de autorizar la obra pública de la Fiscalía y quien navegara con un bajo perfil.
Además, y para alimentar su frivolidad sigue manteniendo a un policía ministerial vigilando su mansión en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río.
Y, bueno, desde cuando se encumbrara en la Fiscalía cambió su viejo Audi que usara durante ocho años y una Chevrolet blanca que iba pagando poco a poco, en abonitos mensuales.
Por eso, con el amparo que le han otorgado ante el decreto de la LXV Legislatura con mayoría simple de MORENA, el Fiscal gana tiempo porque tiene una bomba de aire que le daría vida, mínimo, durante un año.
Y mínimo, porque hay riesgo de que el caso brinque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un recurso de revisión donde pediría que el caso lo conozca la SCJN dada la trascendencia de la reforma constitucional que da autonomía al Fiscal durante 9 años y el decreto del Congreso local para removerlo.
