Después del homicidio, la extorsión es el delito que más erosiona el Estado de Derecho en los países de la América Latina y el Caribe. Los estudios confirman que los países del Triángulo Norte registran los costos más altos: las víctimas de intimidaciones están pagando a los delincuentes hasta un 2% del valor del PIB. Un ejemplo. En El Salvador, un 23% de las personas reconoce haber sido ser víctima de extorsión en alguna ocasión. Y en Guatemala, las denuncias por extorsión se incrementaron en 55% entre 2013 y 2018.
La extorsión no sólo se ha convertido en la principal fuente de ingreso de maras, pandillas y grupos del crimen organizado. También es la amenaza más importante para la seguridad por el creciente número de muertes violentas que produce. En Guatemala, por ejemplo, una investigación encontró que hasta un 20% de los homicidios podrían estar relacionados con el delito de extorsión. Algunos oficios, como los dueños de pequeños comercios y conductores de transporte público presentan mayor riesgo de ser víctimas de extorsionistas.
La extorsión es, además, la amenaza más notoria para el desarrollo económico porque incrementa los costos de hacer negocios y desincentiva la inversión. Según el Banco Central de El Salvador, los salvadoreños pagan anualmente US$756 millones por concepto de extorsión. En Honduras esa cifra alcanzaría US$200 millones, según datos de la Fuerza Nacional Anti-maras y Pandillas.
Las víctimas del impuesto del miedo
En los últimos años, algunos países han probado distintos esfuerzos para luchar contra los delitos de extorsión. El abanico de soluciones va desde endurecimiento de penas y programas de prevención especializados hasta fuerzas policiales especiales o líneas telefónicas exclusivas para la atención a víctimas. Una medida que también ha cobrado popularidad es el bloqueo de señal de celulares dentro de las cárceles -ya que en algunos países hasta el 70% de las extorsiones están gestionadas desde las prisiones.
En algunos países, hasta el 70% de las extorsiones se gestionan desde el interior de las cárceles.
En El Salvador, por ejemplo, la extorsión es la principal fuente de ingresos de las pandillas. Con ese dinero las maras financian la compra de armas, el pago de abogados y la apertura de pequeños negocios que sirven de fachadas para lavar dinero. Muchas víctimas provienen de entornos económicos rurales tales como ganaderos o cultivadores de café y caña.
Ley y orden contra la extorsión: ¿Qué se está haciendo?
En los últimos años, sin embargo, las denuncias por extorsiones en El Salvador se han reducido a más de la mitad. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre 2010 y 2017 la extorsión en el país se redujo en un 69% (de 4,123 casos a 1,266). En 2015 se aprobó la Ley Especial contra el Delito de Extorsión que endurecía las penas por este delito hasta por 15 años. Se considera un agravante si el delito es cometido por pandillas, funcionarios públicos o presos. Además, las autoridades han hecho un gran esfuerzo para golpear las finanzas de las pandillas. En 20 operativos realizados en los últimos tres años se intervinieron empresas agropecuarias, turísticas y de telecomunicaciones. También se incautaron 1.198 bienes inmuebles y vehículos por un valor de US$180 millones.
En Honduras, según datos de la Asociación de Consumidores y Usuarios, dos tiendas de barrio cierran cada día en Tegucigalpa a causa de las extorsiones. Para contrarrestar el fenómeno, en 2013 se creó la Fuerza Nacional Anti-extorsión (FNA) que en 2018 se convirtió en la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP). En los últimos cinco años se han detenido a más de 5,000 miembros de pandillas vinculados a delitos contra la integridad personal y el patrimonio.
Si bien la extorsión afecta a todo el Triángulo Norte, Guatemala es el país en donde más denuncias se presentan. Sólo en 2018, la Policía Nacional Civil registró 24 casos de extorsión por día. Para tratar de frenar este fenómeno, en 2015 se creó la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsiones (con aportes el BID, INL y USAID). Esta estrategia incluyó la puesta en uso de una aplicación móvil que alerta al usuario si una llamada proviene de alguien vinculado a denuncias de extorsión. La aplicación también permite grabar la llamada y reportar la extorsión directamente al Ministerio Público.
Recomendaciones para la prevención y control de la extorsión
El reciente estudio Una Cultura Criminal: Extorsión en Centroamérica contiene una serie de importantes recomendaciones para frenar el impacto de la extorsión:
Impulsar la modernización policial e incentivar la rehabilitación social penitenciaria. Agilizar el sistema policial y de justicia serviría para garantizar una mejor calidad de la seguridad ciudadana. De igual manera, las inversiones en el mejoramiento de la calidad de la investigación criminal produce mayores efectos disuasivos en el control de los delitos, incluyendo el de la extorsión. A su vez, modernizar los sistemas penitenciarios ayudaría a ofrecer más alternativas de rehabilitación social para desincentivar que los privados de libertad encuentren en la extorsión una forma de financiarse mientras cumplen condena en la cárcel.
Fomentar asociaciones público-privadas. Un ejemplo de esta estrategia es la acción coordinada entre el sector azucarero y la Policía Nacional en El Salvador. En el marco de este trabajo, la Asociación de Azucareros ha entregado a la Policía equipos de movilidad y comunicaciones y ha facilitado la colaboración entre la policía y la comunidad.
Destinar mayores recursos a respuestas tecnológicas de control de la extorsión. Varios ejemplos. En México existe una aplicación móvil para identificar las llamadas que salen de los centros carcelarios. En Guatemala, los usuarios pueden bajarse una aplicación que identifica si una llamada entrante está vinculada a delitos de extorsión. Y en El Salvador se están implementando con éxito el bloqueo de señal celular en las cárceles (“silencios telefónicos”).
Impulsar más los intercambios regionales sobre buenas prácticas de control de la extorsión para realizar transferencias de programas y réplicas rápidas.
Consolidar los mecanismos de control para los casos de extorsión que involucran a funcionarios públicos. Esto es particularmente importante para los casos en que los funcionarios públicos exigen dinero a los ciudadanos por los servicios que prestan como licitaciones, licencias de construcción, de conducción, etc.
Generar alternativas profesionales atractivas para los pandilleros. Países como Honduras y El Salvador han acumulado interesante experiencia con los centros comunitarios donde se realizan actividades para prevenir del reclutamiento de pandilleros en los barrios de alto riesgo.
Desalentar el uso de dinero en efectivo en los negocios pequeños y medianos. En Guatemala, por ejemplo, se ha detectado que la mayor inversión derivada del negocio de la extorsión se hace en pequeños negocios y transporte público – autobuses y taxis, agencias de autos usados, bares y centros de juego.
Promover una mayor participación de las víctimas de extorsión en el proceso penal, rodeándola de todas las garantías de protección necesarias para aumentar el número de denuncias y de condenas.
Sin duda, la extorsión es un crimen con preocupantes ramificaciones y debe ser combatida sin escatimar esfuerzos y recursos. Los perjuicios en la convivencia y en la economía son devastadores. Todo avance en su prevención y control es un paso a la consolidación de una mejor seguridad ciudadana en toda América Latina.
