Ciudad de México.- Un informe oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), enviado al Congreso de la Unión en enero pasado, revela que completar la transición de dicha institución desde la vieja PGR será un proceso lento y con plazos inciertos, debido a la falta de recursos que garanticen llevarlo a cabo.
El documento denominado Plan Estratégico de Transición subraya que la Ley Orgánica de la FGR ordenaba la asignación de fondos específicos y suficientes, que garantizaran la transformación de la entonces PGR en la nueva Fiscalía. Sin embargo, esto no ha ocurrido ni en 2019 ni en 2020, años en los que se ha asignado apenas el presupuesto suficiente – incluso con recortes – para mantener la operación de la institución, más no para su evolución.
“Esta situación obliga a replantear la asignación de recursos y muy probablemente, a atender con mayor gradualidad las acciones de transformación planteadas (…) la ejecución del plan estará sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales y de capital humano, así como a su autorización por parte de la Fiscalía General de la República”, señala el informe.
Actualmente la Fiscalía General opera con la mayor parte de la estructura y organización de la vieja PGR, aun cuando la misma ya desapareció en el papel. Esta es la razón por la que, por ejemplo, continúan existiendo las “subprocuradurías” como la SEIDO, que en la Ley Orgánica de la FGR no existen.
El documento firmado por el titular de la Unidad de Transición de la FGR, Alfonso Octavio García de León Olvera, detalla que en 2019 la Fiscalía contó con un presupuesto de 15 mil 351 millones de pesos, que no solo no incluyó un aumento para su modernización, sino que de hecho fue un recorte de 9% respecto a los recursos con los que contó cuando era aun PGR, en 2018.
Se interpretó que debido a que el cambio oficial de PGR a FGR había entrado en vigor en diciembre de 2018, el Congreso no tuvo tiempo para prever los recursos necesarios.
Por este motivo en el transcurso de 2019, y ya con el fiscal Alejandro Gertz Manero al frente, la institución diseño una propuesta de presupuesto de 18 mil 202 millones de pesos para 2020.
Pero en noviembre del año pasado la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de solo 16 mil 680 millones de pesos. Se trata de un recorte de más de 1 mil 500 millones de pesos, que el propio fiscal consideró de “inexplicable” en el informe anual de actividades enviado también al Congreso hace unos días.
En ese contexto, la Fiscalía señala que “en un escenario optimista” podría recibir recursos extra como resultado de los decomisos de dinero o de bienes relacionados con la delincuencia, que se destinarían al proceso de transición. Sin embargo, advierte que “es riesgoso” realizar una planeación sobre dinero cuya recaudación es incierta.
Con información de Animal Político
