Ciudad de México.– El 05 de junio de 2009 México entero se cimbró con la noticia del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora: 49 niños murieron, 24 resultaron con quemaduras y 80 se vieron afectados por la exposición al humo y gases tóxicos. Diez años después sale a la luz que la corrupción de este caso cruzó cualquier límite posible. Tres familiares políticos de Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), centro creado exclusivamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la atención de las víctimas de esta tragedia, cobraron más de 10 millones de pesos como proveedores de servicios en el tiempo en el que Marcela estuvo a cargo de las finanzas de este organismo, de acuerdo con información entregada vía transparencia.
Estos tres personajes no sólo lucraron con la tragedia que enlutó a un país completo, sino también vendieron productos farmacéuticos a un sobreprecio exponencial, lo que hizo que sus ganancias se elevaran todavía más. Una parte de esta pequeña red estaba conformada por los hermanos Cuauhtémoc y Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, esposos de las hermanas de la ex administradora del CAICE.
Ambos aparecen junto a la familia Fimbres Ibarra en la publicación del 15 de agosto de 2017 de la sección de Sociales del periódico Expreso, el segundo de mayor tiraje a nivel estatal en Sonora, durante la celebración de los XV años de la hija de Marcela.
A esta red se sumó el nombre de Ana Alicia Carrillo Navarro, también proveedora del CAICE y madre de ambos hermanos, y quien sólo en un año (2017) cobró un millón 88 mil 211 pesos por productos de farmacia. A pesar de no tener ningún registro anterior como proveedora de servicios, en ninguno de los ámbitos de Gobierno, Ana Alicia también consiguió un contrato por adjudicación directa en 2017 por 173 mil 536 pesos con el IMSS por otorgar el servicio de capacitación para el personal del CAICE del 16 a 22 de junio de ese año. El contrato especificaba que el proveedor cumpliría con las siguientes tareas: servicio de conferencista, material de apoyo y servicios logísticos, coffee break, alimentación y equipo de sonido y proyección para todo el evento, de acuerdo con la copia que se obtuvo a través de Compranet.
RED FAMILIAR
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado un mal funcionamiento de las finanzas del CAICE en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Para analizar cómo estaban gastando el dinero se seleccionaron a siete de los principales proveedores del centro, entre ellos estaban los nombres de Ana Alicia y Omar Cuitláhuac. Ahí se logró documentar el costo elevado en la compra de 200 productos por los que se gastaron 81 mil 500 pesos. Un ejemplo fue la compra de 50 tubos de crema Cetaphil por 19 mil pesos, cuando el monto según el mercado tendría que haber sido de 4 mil 500 pesos.
A esto se le suman otros productos como: Fotoral, 750 pesos la caja, y en cualquier farmacia está en 220 pesos; Adimod de 400 mg, mil 400 pesos y el precio comercial es de 405 pesos y la pomada Voltaren, que se vendió en 620 pesos cuando cuesta 137 pesos. Todos estos medicamentos se adquirieron al mismo proveedor: Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, cuñado de Marcela.
Además, en el documento publicado por la ASF se hace hincapié en la compra que se hizo a Flores Carrillo por la cantidad de 682 mil 700 pesos de productos principalmente dermatológicos y que fueron solicitados vía correo electrónico por la entonces administradora del CAICE, Marcela Fimbres. Compra que se hizo únicamente para tenerlo como “material para stock”.
MÁS DE UNA DÉCADA EN EL IMSS
El 16 de abril de 2009, Marcela Fimbres Ibarra, una pasante en Administración del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), llegó a laborar al IMSS. En su primer puesto estuvo a cargo de atender las solicitudes de los derechohabientes, orientar sobre trámites y servicios, aplicar encuestas de farmacia y brindar talleres informativos. Cinco meses después, en octubre de 2009, fue asignada al CAICE, lugar en el que desempeñó las mismas funciones hasta marzo de 2012, fecha en la que logró escalar hasta el puesto de administradora del centro, según la información que está en su hoja de vida que se entregó por transparencia.
Con este nuevo puesto, las responsabilidades de Marcela en el CAICE aumentaron. Ese año comenzó a hacerse cargo del cálculo y trámite de viáticos; solicitud, reserva y compra de boletos de avión; trámite de apoyos a favor de usuarios del centro y el archivo de expedientes de fideicomiso. La ASF y los padres de algunas víctimas del incendio de la guardería -quienes realizaron sus propias investigaciones- comprobaron manejos irregulares en todas esas actividades.
Un año después de que Marcela obtuvo este puesto, también llegaron sus dos cuñados como proveedores. Omar Cuitláhuac Flores Carrillo brindó servicios de farmacia y/o dermatología al CAICE de 2013 a 2017. Los contratos que ganó fueron por nueve millones 676 mil 615 pesos. Esto lo coloca como uno de los diez proveedores del CAICE que recibió mayores ganancias. La suma es tan alta que se encuentra sólo 370 mil pesos por debajo de lo que se gastó de 2009 a 2018 en atención médica y que se pagó a nombre de Hospital Cima.
En ese mismo periodo se sumó a la lista su hermano Cuauhtémoc, su contrato fue únicamente por 2013 y en la parte de la descripción del servicio sólo se especifica que es por insumos. El monto que cobró fue de 131 mil 919 pesos, de acuerdo con el catálogo de proveedores obtenido por solicitudes de información.
Ana Alicia tardó más en incorporarse al CAICE. Su nombre aparece hasta el 2017, año en el que obtuvo un poco más de un millón de pesos por servicios de farmacia. De los 15 proveedores que se incorporaron ese mismo año a este centro especializado, la madre de Omar y Cuauhtémoc es quien recibió la suma más alta.
De los 253 registros que conforman el catálogo de proveedores del CAICE, todos obtuvieron los contratos mediante adjudicación directa, procedimiento en el que no existe competencia alguna. Además de que sólo alrededor del 8 por ciento son personas morales, por lo que información relevante del resto, como su Registro Federal de Contribuyente (RFC) y domicilio fiscal, están bloqueados.
SIN COMPROBANTES DE NADA
El CAICE fue creado mediante decreto presidencial en 2009 para atender exclusivamente a los niños y niñas lesionados en el incendio de la guardería en 2009 y a sus familias directas. De 2009 hasta 2018 recibió un presupuesto de 184 millones 507 mil 325 pesos para cubrir servicios médicos, pagar viajes y hospitalizaciones para los tratamientos de los afectados y para adecuar los hogares de los niños con secuelas y sus familias.
Pero a inicios de 2017, los padres que asisten a este centro comenzaron a notar irregularidades. Estela Báez, mamá de Julio César Márquez Báez, Yeyé como lo llamaban de cariño, se percató de que mientras esperaba ingresar a una cita con su psiquiatra, una empleada de Casa CAICE surtió una receta en la farmacia interna y platicó que su hijo había sido atendido con un pediatra que era proveedor de servicio médico subrogado para las familias que se atienden en el centro.
Estela le solicitó a la Dirección General del CAICE en Hermosillo una respuesta de por qué otorgaban servicios médicos y medicinas a empleados del IMSS. El organismo no dijo nada. La misma solicitud llegó hasta las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS en la Ciudad de México. Tampoco hubo eco de su petición.
En agosto de 2017, la familia de Yeyé inició un proceso ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acceder a una reparación integral del daño. En el proceso llegaron otras 40 familias. La Comisión presentó gráficas en las que mostraban todo el dinero que el IMSS ya había gastado en atención médica de cada uno de los menores y sus familias. Las cifras eran exorbitantes, asegura Miguel Nava Alvarado, abogado y representante legal de estas familias.
IRREGULARIDADES EN TODOS LADOS
Aún no cumple 13 años y Danna Paola ha estado en 20 ocasiones en un quirófano. Su cuerpo tiene las huellas de la tragedia del 5 de junio del 2009. Debido a las quemaduras y la inhalación de humo tóxico le amputaron varios dedos de sus extremidades y tiene daños neurológicos.
Aunque le es imposible darle la vuelta a la página de sus libros escolares y tampoco puede abrocharse sola su ropa, su adolescencia la vive con la misma energía que cualquier otra joven de su edad.
A inicios de 2018, su familia fue una de las tantas que recibió su expediente completo de gastos médicos del IMSS. El archivo era mil 800 facturas pagadas a proveedores en medicamentos, productos dermatológicos y materiales para consultorios.
Marisol, su madre, revisó hoja por hoja y se dio cuenta de los sobreprecios que existían en esas facturas. Pero no sólo eso, su investigación ahondó en saber quiénes eran esos proveedores, por qué los habían elegido y quién los había contratado. Ahí encontró el nombre de Omar Cuitláhuac, cuñado de Marcela. “Nos daba curiosidad saber por qué se había quedado con los contratos. Investigamos los productos y en la farmacia costaban 100 pesos y él los estaba dando en 800. Si ya habían visto que lo estaba dando caro, era muy raro que no lo sacaran […] ya después nos empezamos a poner más las pilas para investigar qué era lo que estaba pasando y nos dimos cuenta de que este proveedor es esposo de una hermana de ella (Marcela)”, cuenta.
Las arbitrariedades no paraban ahí. En el expediente que recibieron se dieron cuenta de que les facturaron la construcción de una banqueta en su casa que nunca se construyó. El contratista beneficiado por esto fue: Juan Oswaldo Pompa Colosio, un ex funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De 2011 a 2018 este proveedor obtuvo 30 millones 342 mil 484 pesos por adecuaciones a infraestructura en las casas de las familias víctimas del incendio del 5 de junio de 2009.
En el expediente de Danna se constató que se cobraron obras en donde los padres desconocen las firmas con las que fueron autorizadas. Un ejemplo es una factura del 6 de abril de 2015 por 259 mil 120 pesos por trabajos que no existen.
Juan Oswaldo Pompa proporcionó un domicilio fiscal al Gobierno del estado de Sonora como proveedor. La dirección es Moreno 810, colonia San Felipe, en Magdalena de Kino, Sonora. No obstante, durante una visita a la ciudad se constató que no existe una calle con este nombre en la colonia que se menciona. En otra lista de proveedores del estado su dirección es diferente: Morelos 810, en la misma colonia. Esta calle y número sí existen pero lo único que se encontró fue una construcción en obra negra de dos pisos con un patio lleno de maleza.
SIN CASTIGOS
Aunque en mayo de 2018 los padres de las víctimas de la Guardería ABC se reunieron en Hermosillo con el director del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, y este anunció la destitución de la administradora del CAICE, Marcela Fimbres, y el inicio de una investigación, la respuesta a una solicitud de información fechada a finales de julio de 2018 por parte de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal de la Delegación de Sonora del IMSS informó que Marcela dejó de laborar en el CAICE por “motivos de movimiento de personal de confianza”.
Tomando en cuenta las declaraciones de Ortega, se le solicitó a la División de Investigaciones Laborales, Amparos y Juicios Foráneos del IMSS conocer si existe alguna investigación contra Fimbres Ibarra o algún otro funcionario del CAICE por las irregularidades en su administración. La respuesta fue negativa. Lo mismo ocurrió con la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación estatal.
Incluso en la Secretaría de la Función Pública (SFP) se confirmó que no existe ningún tipo de sanción contra la funcionaria o cualquier otro de sus colaboradores. La única denuncia que se encontró fue una que interpuso el IMSS contra uno de los contratistas del CAICE, pero no hay registro aún de radicación.
Se solicitaron entrevistas con la Subdelegación Regional del IMSS en Sonora para consultar sobre las irregularidades que se encontraron y con la ex funcionaria Marcela Fimbres para conocer su versión a lo expuesto en este reportaje y hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta.
El resultado de la justicia es incierto para los padres de las víctimas de la Guardería ABC, quienes ahora no solo buscan una sanción para aquellos funcionarios que se vieron envueltos en el incendio, sino también para los que fueron capaces de lucrar con la salud y la muerte de sus hijos.
