Feminicidios en NL: la espiral crece

Sólo eso. Bastó con que Martha pidiera a su esposo que le comprara un teléfono celular para que iniciara la agresión. El más mínimo intento de contrariarlo era para él un acto de “rebeldía”, que ella “pagaba” con repetidas discusiones y golpes. El día en que por fin se atrevió a denunciarlo, la había encerrado durante horas en el baño donde padeció hambre y sed, porque además le cortó el flujo de agua.

En el Centro de Atención y Denuncia (Code) de la Procuraduría General de Justicia, en Juárez, Nuevo León, le dijeron que la acusación por maltrato no procedía porque no tenía golpes y su queja era “insignificante”.

Rosa Puente, madre de Martha Rangel Puente, relata la historia, puesto que su hija no quiere hablar públicamente.

“Esa vez mi hija pidió ayuda porque él la tuvo encerrada en el baño por varias horas. Fue al Code y no le hicieron caso, la muchacha que la atendió le dijo: ‘Ni golpes traes, lo que dices es insignificante’. Muy triste me dijo que no la tomaron en cuenta, ni siquiera le levantaron un reporte”, detalla Rosa Puente.

Martha tiene 28 años y ha vivido más de la mitad de su vida con su esposo, y ante la falta de preparación académica para buscar un mejor futuro optó por someterse a sus decisiones.

En octubre de 2016 sufrió una nueva agresión. Entonces procedió la denuncia, mas no la detención de su agresor, porque Martha no tuvo recursos económicos para practicarse un dictamen médico que demostrara su estado de salud.

Ahora ella espera la sentencia de divorcio porque no desea ser parte de las cifras de feminicidios. No quiere morir.

Como Martha, desde el año 2000 a julio de 2017, en el estado de Nuevo León se han registrado mil 49 feminicidios.

El registro corresponde a la base de datos iniciada en 1997 por la asociación civil Arthemisas por la Equidad, agrupación cuyo impulso derivó en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios del estado —Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey— en noviembre de 2016.

En contraste, la procuraduría estatal reporta mil 135 homicidios de mujeres desde 2000 y hasta mayo de 2016, bajo la consideración de que el delito de feminicidio se tipificó en el estado hasta junio de 2013, por lo que la mayoría de los casos se investigaron bajo el tipo penal de homicidio.

Sesenta asesinatos por año

De acuerdo con la base de datos de Arthemisas, en Nuevo León han sido asesinadas 60 mujeres al año, promedio, a lo largo de casi dos décadas. En el ranking de violencia contra ellas, este estado se encuentra en el lugar 21, de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres.

La Violencia contra las Mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público; mientras que la Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado.

En 1997 la directora de Arthemisas, Irma Alma Ochoa Treviño, inició el registro de mujeres asesinadas en el estado, con base en reportes periodísticos y cifras de la Procuraduría de Justicia. En 2011 la cifra de mujeres asesinadas tuvo un incremento inusitado de 224.

Ante tal panorama, la asociación pidió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se declarara la AVGM en Nuevo León.

Después de una serie de inconvenientes legales, el 30 de enero de 2015, el Sistema Nacional procedió al análisis de la solicitud.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha dado a conocer en su página oficial que de las 24 solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres admitidas en México, se han declarado 10 y hay nueve procedimientos en trámite.

El 18 de noviembre de 2016 fue declarada la Alerta de Género en cinco municipios de Nuevo León: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. “Doy información sobre denuncias de violencia familiar, que ciertamente no están desagregadas por sexo y género ni edades, de todas maneras es referente, porque la mayoría son mujeres las que denuncian, violación sexual, etc. Y todos esos datos los publiqué para que se hiciera esta declaratoria”, describió entonces Ochoa Treviño.

Hasta junio de 2017, cuando se realizó esta entrevista, las cifras proporcionadas diferían entre sí: Arthemisas y la diputada Laura Paula López Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, anotaron 34 feminicidios, mientras que el Instituto Estatal de las Mujeres, dio un total de 32.

“Hoy tenemos 32 casos de muertes de mujeres, no necesariamente por violencia familiar o de género, sino que mucho es violencia social. Por violencia social son 31 y violencia de género nada más uno”, declaró la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Yamilett Orduña Saide.

En lo que va del año

En julio de este año, el número de feminicidios se ha incrementado, Arthemisas lleva un registro de 38 y autoridades del estado 36.

En el aspecto legal se ha avanzado, considera Ochoa Treviño, pues el 3 de enero de 2000 se tipificó el delito de violencia y en abril de 2007 se publicó en México la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, mientras que en Nuevo León se aprobó en septiembre de ese mismo año.

“Se han identificado y descrito los diferentes tipos de violencia: patrimonial, sicológica, económica, la violencia feminicida, que se incorporó en la Ley de Acceso en 2013, junto con la tipificación de feminicidio”, enlista la representante de Arthemisas.

Resalta que en las conclusiones de la asociación civil el informe pidió al gobierno del estado “explorar de manera exhaustiva todas las líneas de investigación, a fin de garantizar a las víctimas y a sus familiares el derecho de acceso a la justicia y cumplir diligentemente con su obligación de investigar”.

El documento de la AVGM advierte de las 556 indagatorias consignadas entre 2000 y 2015, únicamente se cuenta con 187 sentencias, destacando lo que representan las cifras: impunidad y falta de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

El grupo investigador destacó que a pesar de que en junio de 2013 se tipificó el delito de feminicidio, sólo había un caso bajo ese registro penal. En las conclusiones se destaca que en relación con delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres, entre 2000 y 2016, se consignaron únicamente 6.7% de los casos. También observaron que se dan sentencias mínimas a los perpetradores, cuando el piso mínimo por homicidio es de 25 años.

La presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres en el estado, Yamilett Orduña Saide dio a conocer que ante la declaratoria de AVGM se capacitaría y sensibilizaría a los empleados de gobierno en relación con la equidad de género, apoyados en un programa con costo de 1 millón 350 mil pesos de recursos federales.

“El instituto va a invertir en una Plataforma en línea para ponerla en Recursos Humanos de gobierno para que todos y todas pasen por la capacitación de sensibilización, lenguaje incluyente, perspectiva de género, tipos de violencia, ámbitos de violencia, temas de acoso sexual; temas que tienen que ver con la alerta de género, igualdad y una vida libre de violencia”, describió Orduña Saide.

Agregó que cuenta con dos recursos federales, además del presupuesto estatal, que este año se incrementó de 23 a 85 millones de pesos.

También dijo que se tiene un presupuesto de 2 millones de pesos para la construcción una base de datos que contenga la información relacionada con la violencia de género y feminicidios.

La diputada local Laura Paula López Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseguró que los titulares de las dependencias estatales involucradas, tienen una idea desacertada de la Alerta de Género y reportan acciones que se hacen sin enfoque de la violencia y sin una coordinación entre las áreas involucradas.

“No hay un liderazgo en el tema, no hay un eje qué seguir. Lo que hace el Instituto [de la Mujer] es preguntar a municipios y dependencias qué están haciendo”, señala la legis- ladora local López Sánchez.

Recientemente presentó una iniciativa para que se creen refugios para mujeres víctimas de violencia y está empujando la implementación de una línea de emergencia de tres dígitos, así como la conformación de un observatorio ciudadano que registre las estadísticas de la violencia hacia la mujer.

La fundadora de la Asociación Alternativas Pacíficas, Alicia Leal, considera que la violencia contra las mujeres no sólo ha aumentado, además es más destructiva.

“La forma de violentar a las mujeres llega a ser más destructiva físicamente, es decir, los intentos de homicidio son con una bestialidad muy marcada.

“Te podría decir de mujeres que llegan seriamente lesionadas de por vida, porque las agreden vaginalmente con objetos, incluso con el puño, las deshacen, las mutilan y las queman. Obviamente tenemos los casos de feminicidios, donde también vemos un incremento y con una bestialidad terrible”, enfatiza Alicia Leal.

En años pasados sobresalían las agresiones con golpes y patadas, incluso con armas blancas, en contraste, es evidente que desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, son más comunes las agresiones con arma de fuego, precisa la promotora de derechos humanos.

“Porque hay más gente armada, hay más gente que sabe usar armas, que tiene acceso a ellas y que las está utilizando cuando las puede usar y si las tienes en casa, y ya eres violento, lo más probable es que uses esa arma”, afirma.

Leal considera que la violencia contra las mujeres sigue siendo el primer delito más denunciado, sin considerar incluso la cifra negra de los casos que no se dan a conocer.

Alternativas Pacíficas fue fundada en 1996 con la intención de brindar atención multidisciplinaria a mujeres, hijos e hijas que se encuentran en situación de Violencia Familiar y Sexual. Este espacio fue el primer refugio en el país y cuenta con un centro de atención externa, como filtro para mantener la confidencialidad y seguridad y una guarida para la protección integral de las mujeres y sus hijos.

Alicia Leal subraya que 40% de las víctimas en el estado son asesinadas dentro de su casa, mientras que se sigue intentando cambiar la cultura para que las mujeres sí denuncien, puesto que cuando lo hacen la mayoría de las ocasiones no obtienen respuesta.

“Vas y concientizas, ellas abren los ojos, denuncian, buscan ayuda y al momento de buscar ayuda especializada lo primero que se debe poner a salvo es la vida y la integridad de las mujeres.

“Ahí es en donde hemos fallado. No hemos construido protocolos conjuntos. Eso es urgente”, reprocha Alicia Leal.