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Fiscalía Anticorrupción va contra SSP, Finanzas, Sinfra, Sevitra y Turismo de Cué, confirma Fiscal

El Piñero

Jaime GUERRERO 

Oaxaca.- Aquello que en su momento fue rumor, hoy ya existen más investigaciones iniciadas contra diversas dependencias y funcionarios de la administración del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); de las Infraestructuras (Sinfra); Turismo y Economía; Sevitra, Finanzas y otras más contra los Servicio de Salud.

En medio de las indagatorias, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Anticorrupción, evitó ventilar los nombres y los ejercicios fiscales, en los que se ha detectado esas anomalías, sin embargo, confirmó que son diversos los ex funcionarios de Cué Monteagudo, los involucrados en presuntos actos de corrupción.

Actualmente, son cerca de 50 las denuncias nuevas contra los funcionarios de Cué Monteagudo, las cuales se suman a las 1 mil 500 heredadas contras administraciones pasadas y ex autoridades municipales.

De su lado, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, confirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública, detectaron irregularidades financieras a la administración de Cué Monteagudo, por el orden de 15 mil 324 millones de pesos, por lo cual se sigue un proceso de deslinde de responsabilidades ante los órganos jurisdiccionales.

En su comparecencia ante la comisión de presupuesto de la LXIII Leghisltura, como parte del análisis del Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022, detalló que las observaciones y montos de los órganos fiscalizadores, por parte dela Secretaría de la Función Pública, 279 observaciones del ejercicio 2009 al 2015, es de 5 mil 800 millones de pesos.

De la Auditoría Superior de la federación (ASF), 104 observaciones del 2012 al 2015, con un monto observado de 9 mil 30 millones, mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de 42 observaciones, 2013-2016, con un monto de 488 millones de pesos. En total se realizaron 425 observaciones a la administración de Cué Monteagudo, por un monto de 15 mil 324 millones de pesos.

Iruegas Álvarez, explicó que de acuerdo a los procedimientos, una vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la propia Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, concluya que de las auditorías generadas, existe la posibilidad de responsabilidad penal de los funcionarios se da vista a la Fiscalía Anticorrupción para iniciar la investigación correspondiente.

“Lo que en su momento fue rumor, hoy ya existen investigaciones iniciadas contra diversas dependencias, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Sinfra, Turismo y Economía, Sevitra, Finanzas y los SSO”, reveló.

Las denuncias se suman a los ya existentes, al ser hechos diversos. Puede haber coincidencia en cuanto a funcionarios. No obstante, se seguirán en paralelo los procesos, a los ya presentados en el primer semestre de este 2017, como el del ex titular de los SSO, German Tenorio Vasconcelos.

El Fiscal, aclaró que el proceso de investigación para determinar ante un juez si es viable la acusación o determinar un ejercicio de acción penal, es largo, ante la falta de personal, pero se trabaja “a todo lo que da” para sustentar las acciones penales.

Y es que al no tener la posibilidad de detención en flagrancia, por ser hechos pasados, se hacen revisiones de expedientes en la parte técnica, administrativos, fiscales, la ley de adquisciones y ley de obras para ir a fondo en las indagatorias contras los ex funcionarios de Cué Monteagudo.

“Se está en un proceso de revisión puntual para solicitar imputaciones. Desde el pasado 9 de junio que tome protesta como Fiscal Anticorrupción se han recibido denuncias de la ASE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), algunas otras de dependencias estatales, de las cuales se han iniciado de oficio algunas a partir de publicaciones”, apuntó.

Al día de hoy se llevan más de 50 carpetas de investigación que se suman a las cerca de 1 mil 500 averiguaciones previas o carpetas que se tenían radicadas en la Fiscalía, previó al arribo de Iruegas Álvarez.

Las 1 mil 500 denuncias o carpetas de investigación, algunas fueron iniciadas, respecto de las cuales ya se generó investigaciones de administraciones pasadas y diversos municipios del Estado.

Por lo pronto, de cara a la construcción del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, que pasa por reformas, adiciones y la aprobación de nuevas leyes en el Congreso del Estado, se tiene hasta el próximo 30 de agostopara que la LXIII Legislatura, complete el proceso de armonización de leyes secundarias, acorde al Sistema Nacional Anticorrupción.

Se tienen que hacer modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía General, para dotar de autonomía técnica y funcional a la Fiscalía Anticorrupción, armonizar la ley de servidores públicos del Estado a la de servidores, la autonomía del Tribunal Contencioso Administrativo, modificaciones a la parte procedimental de la ley de fiscalización, porque existen ciertas lagunas que hay que subsanar.

Para evitar que en lo posterior se alegue nulidad en los procesos contra ex funcionarios o funcionarios que incurran en actos de corrupción, se tiene que realizar modificaciones, recalcó el Fiscal.

Determinada la parte normativa, se estarán generando las bases para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, a partir del Comité Coordinador (integrado por el Comité de Participación Ciudadana, en actual conformación; ASE, Contraloría, Fiscalía Anticorrupción, IEAIP, TCA, Consejo de la Judicatura).

Iruegas Álvarez, lamentó que con el impacto financiero, respecto a las leyes que darán forma al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la Fiscalía General no presupuestó los recursos del 2016 y 2017. Por ello, se trabaja en generar el gasto operativo de la Fiscalía Anticorrupción, que no dependa de otras áreas para poder trabajar.

Para ello, los trabajos van en dos fases: una emergente para terminar el año y partir de la constitución del Sistema, investigando los hechos de corrupción. La segunda fase, es la operación del Sistema en el 2017, con recursos propios y direccionados para la Fiscalía.

 

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