Julio Hernández López/La Jornada
Veracruz.- El abogado Flavino Ríos Alvarado llegó a la secretaría general del gobierno veracruzano el 20 de julio de 2015, proveniente de la secretaría de Educación del mismo gabinete de Javier Duarte de Ochoa. Su conversión en el segundo hombre en importancia en el organigrama duartista se debió a la salida de Gerardo Buganza Salmerón, un ex panista que fue diputado federal y senador y que había sido derrotado (por una reducida diferencia, con visos de fraude electoral: 26 mil votos, 1.3 por ciento del total) por el truculento priísta Fidel Herrera Beltrán en la búsqueda de la gubernatura del estado en 2004. Buganza, en 2015, dejó la secretaría de Gobierno para tratar de lanzarse como candidato independiente en 2016, bajo señalamientos de que su impulso provenía de una marrullería del propio Duarte de Ochoa. Finalmente, Buganza declinó en su intento.
Doctor en derecho por la UNAM, Ríos Alvarado había sido diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, además de subsecretario de gobierno e, irónicamente, secretario de gobierno al final de otra administración criticada por los veracruzanos en cuanto a inseguridad pública, corrupción y frivolidad, la de Miguel Alemán Velasco. El 12 de octubre de 2016, Flavino llegó a lo que consideró el mayor honor de su vida, la gubernatura de su estado natal, aunque sólo fuera por la vía interina y nada más por 48 días, a causa de la virtual renuncia del titular, Duarte de Ochoa, a quien Ríos Alvarado permitió el uso de un helicóptero que lo llevaría a la primera etapa de una larga huida que hasta el momento sostiene.
A reserva de que se precisen las responsabilidades de Ríos Alvarado en los ilícitos que se le atribuyen (no sólo el haber facilitado el vehículo aéreo a JDO, y si lo hizo cuando ya había orden de aprehensión contra él o aún no se expedía a la hora del viaje impugnado), salta a la vista que la operación en su contra es menor, expiatoria, respecto de lo sucedido durante la administración criminal de Duarte de Ochoa, quien pudo sostenerse en el cargo casi todo su sexenio, cometer un saqueo escandaloso del erario y sumir al estado en una situación de violencia extrema gracias al apoyo del mismo poder federal que le permitió fugarse y que hoy hace esfuerzos solamente retóricos en su búsqueda, bajo la sospecha de que el priísmo peñista se guarda esa carta para hacerla aparecer en los momentos electorales que le sean favorables, con la vista puesta en 2018.
La misma sospecha de maniobrerismo electoral acompaña a la detención del efímero gobernador interino, Ríos Alvarado: en junio se elegirán 202 ayuntamientos en Veracruz y el PRI está muy rezagado, pues la contienda parece centrarse en el Partido Acción Nacional, representado por la familia Yunes, y el partido Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El Revolucionario Institucional, con Duarte de Ochoa prófugo y el antecesor, Herrera Beltrán, sin aparecerse por Veracruz para enfrentar acusaciones judiciales, como había prometido, apenas podrá tratar de recomponer figura alegando que ya está en prisión preventiva uno de los ex gobernadores, aunque sea el de menor talla política y de menor responsabilidad, hasta en términos de calendario.
LA IGLESIA CUESTIONA LA REFORMA ENERGÉTICA. La Arquidiócesis de México criticó los resultados que ha tenido la reforma energética en el país, y aseguró que conforme pasa el tiempo se desinfla. Resulta sumamente cuestionada por su impacto social que desestabiliza el futuro de los sectores más vulnerables; sus beneficios enriquecen a pocos y, lamentablemente, comienzan a crear nuevas generaciones de pobres. En la imagen, el jerarca católico, Norberto Rivera Carrera, en la misa de ayer en la Catedral MetropolitanaFoto María Luisa Severiano
La aprehensión del minigobernador interino contrasta notablemente con la impunidad persistente en cuanto al resto del equipo que acompañó a Duarte de Ochoa en el tejido mafioso veracruzano. Preso está también quien fue secretario de seguridad pública, pero continúan como si nada todos los demás secretarios y directores que permitieron el sistemático saqueo de la riqueza veracruzana y participaron en él. Diputados federales y ex diputados locales también siguen en sus curules, como si nada, intocados, maquinando nuevos negocios y aceitando los engranajes de la corrupción institucionalizada.
El golpe efectista contra Flavino también contrasta con la nula indagación judicial (como si fuera un acuerdo con Los Pinos) respecto de los diversos señalamientos a causa del enorme enriquecimiento de los miembros de la familia Yunes, acaparadora de cargos públicos en la entidad, y ayuda a distraer sobre la violencia criminal que el cambio de gobernantes no ha frenado en Veracruz y respecto del endeudamiento del estado para darle viabilidad a la administración estatal yunista.
Es endeble, casi pasional, la respuesta del abogado Miguel Ángel Mancera Espinosa ante las varias objeciones que al contenido de la Constitución de la Ciudad de México han hecho actores políticos desde un abanico político e ideológico que va de la Presidencia de la República al partido Morena. Dijo el gobernador de la capital del país que se estaba en presencia de un ataque del gobierno federal, como si presentar controversias y recursos jurídicos fuese una maldad y no un derecho, y defendió el carácter de avanzada, vanguardista, de un texto que, según eso, pase lo que pase ya nadie quitará del ánimo de los capitalinos, la tal Constitución local.
Los enojos de Mancera tienen resonancia periodística, pero no mueven a ninguna solidaridad social, pues la mencionada Constitución no es una necesidad sentida de los capitalinos, sino una maniobra oportunista, absolutamente cupular, que ha pretendido dotar a Mancera de un logro histórico en el contexto de las próximas elecciones presidenciales.
De origen, ese proceso estuvo descalificado por la fórmula para la integración del constituyente, con predominancia aritmética de representantes de los poderes gubernamentales y partidistas y un abierto rechazo a una plena visión democrática. Ya en sesiones, la redacción del magno texto se condujo entre arreglos y negociaciones partidistas, concesiones entrampadas y una vocación por la grandilocuencia de propósitos aunque no tuviera respaldo presupuestal, viabilidad operativa ni claridad en cuanto a competencias jurisdiccionales. El resultado está a la vista. ¡Hasta mañana!
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