Jaime GUERRERO
Sin el firme aval de los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Organismo Superior de Fiscalización del Estado del Congreso, ni de la bancada de Morena, la Presidenta de ese órgano legislativo, Laura Estrada Mauro, intentó infructuosamente sacar adelante el dictamen -en sentido negativo- del Informe de Resultados de la Cuenta Publica 2018 que emitió el OSFEO y en el que detectó irregularidades financieras a 16 entes de la administración del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y organismos autónomos por más de 326 millones de pesos.
La ex presidenta de la Junta de Coordinación Política, ha divulgado en sus redes sociales, las reuniones con los integrantes de ese órgano legislativo y hasta con el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, a quien el OSFEO le detectó irregularidades financieras.
Para éste martes, la morenista convocó a todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Organismo Superior de Fiscalización. Solo Estrada Laura y su Secretaria Técnica llegaron.
Fredu Delfín Avendaño, de Morena; Lilia Mendoza Cruz, del PRI; Elim Antonio Aquino, de Mujeres Independientes; y Noe Doroteo Castillejos, del PT; se ausentaron solo enviaron a asesores.
Estrada Mauro, pretendía que los legisladores le firmaran el dictamen en sentido negativo, es decir, presentarlo al pleno para que no fuera aprobada la Cuenta Pública 2018 de Murat Hinojosa. No logró su cometido.
Además, al seno de la bancada de Morena, confesaron más de una y un diputado, que no logró la votación para que fuera impulsado en el orden del día de la sesión extraordinaria que para éste martes en la noche se convocó -sin leer los puntos del orden del día- y que de inmediato se recesó para “parar el reloj legislativo”, lograr ajustes y reasignaciones al paquete fiscal 2020 que se entrampó en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda.
En una nota oficial, Estrada Mauro, confirmó que, “circuló entre sus compañeros diputados y diputadas el proyecto de dictamen en sentido negativo, es decir, no avalando el trabajo del OSFEO”.
En su información oficial, justificó que la OSFE, incurre en “falta de claridad en los métodos utilizados tanto para la selección de los entes auditados, así como para revisar y fiscalizar montos, en muchos de los casos irrisorios, de los recursos públicos”.
Aseguró que el organismo auditor, no cumplen con el Plan Estatal de Desarrollo “y que la Osfeo no realizó como era su deber, un análisis crítico sobre todo ello, ni sobre cómo el gasto público histórico impactó en la ciudadanía”.
“El dictamen también señala que, si bien es cierto el informe menciona el grado de desempeño de los entes auditados, no es posible conocer la situación actual del desempeño de las dependencias fiscalizadas, lo que constituye una violación del principio de legalidad”, agrega.
De acuerdo a Estrada Mauro, “revelan un informe incompleto, debido a que como lo establece la legislación en este rubro, el OSFE debió hacer mención de la deuda fiscalizable, pero no se aprecia un apartado específico que desarrolle la fiscalización de la deuda pública o las razones que le llevaron a justificar que no fuera fiscalizada”.
“En el informe también fue detectada una subestimación de los ingresos, lo que se traduce en gastos ejercidos fuera de lo presupuestado, acto considerado riesgoso, porque al no ser aprobada por el legislativo, carece de control del uso y manejo racional, pero sobre todo del destino final de estos recursos”, criticó.
Además, añadió, pone en duda la autonomía de gestión del OSFEO quien hizo a un lado criterios preestablecidos para elegir a los entes fiscalizables y no explicar por qué se eligió a algunos mientras a otros que han sido cuestionados por el uso de recursos públicos como Sinfra, por citar un ejemplo, no fueron revisados.
Y es que de la revisión y fiscalización realizada a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2018, resultaron 433 observaciones por el monto total de 326 millones 35 mil 996.54 pesos, importe que representa el 29.76% de la muestra revisada; de los cuales fue atendido el importe de 83 millones 845 mil 341.14 pesos y no atendidas (comprobadas) por el importe de 242 millones 190 mil 655.40 pesos.
La Sedapa, no comprobó 32 mil 970.90 pesos; la SSP, 5 millones 78 mil 819.45 pesos; la Secretaría de Asuntos Indígenas (hoy Sepia) 150 mil pesos.
La Secretaría de la Contraloría le observaron 280 mil pesos y fue la única dependencia que cumplió con la comprobación conforme a la ley de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera; el SESESP no comprobó debidamente 1 millón 193 mil 496.73 pesos.
El Registro Civil, no comprobó 910 mil 331.97 pesos; en los organismos autónomos, el IEEPCO, no comprobó conforme a la ley 6 millones 966 mil 494.31 pesos. La UABJO, a cargo del rector, Eduardo Bautista Martínez, no comprobó 108 millones 966 mil 184.41 pesos; el IAIPO, a cargo de Francisco Álvarez Figueroa (actor ligado al ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo) tampoco comprobó 557 mil 709.91 pesos.
CAO, no solventó en tiempo y forma 7 millones 556 mil 595.24 pesos; a SAPAO le detectaron irregularidades en 92 millones 815 mil 881 pesos de los cuales al final no comprobó 53 millones 504 mil 872.99 pesos.
Al Cobao le detectaron irregularidades por el orden de los 26 millones 861 mil 697.20 pesos, de los cuales, de los cuales solo comprobó 87 mil 402.05 pesos y al final no comprobó en tiempo y forma, 26 millones 774 mil 295.15 pesos.
El Icapet, no comprobó al final no comprobó 188 mil 57 pesos; el IOCIFED, no comprobó en tiempo y forma, 23 millones 72 mil 896.82 pesos; la Universidad del Mar 7 millones 112 mil 930.52 pesos y la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, no atendió 125 mil pesos, conforme a la ley.
