Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Con seis votos a favor y cinco en contra -en una sesión de reclamos cruzados entre consejeros y consejeras-, el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó instruir a la Secretaría Ejecutiva (SE) interponer una Controversia Constitucional para impugnar la nueva facultad que permite a la consejera presidenta hacer unilateralmente los nombramientos de la Secretaría y Direcciones Ejecutivas.
Ese recurso, busca echar abajo la reforma a los artículos 45, párrafo 1, incisos e) y p) y 48, párrafo 1, inciso b) del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2024.
El artículo 45 de la LGIPE, párrafo 1, incisos e) y p), establece que corresponde a la Presidencia del Consejo General “proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo” y “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto”, respectivamente.
Además, el artículo 48, párrafo 1, inciso b) señala que la Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes y tiene entre sus atribuciones: “aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del Instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto”.
El acuerdo aprobado instruye a la SE para que el 8 de noviembre de 2024 presente el proyecto de demanda de controversia constitucional a las consejerías integrantes del Consejo General, para su análisis y validación.
Al votar en contra, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el hecho podría generar un precedente muy negativo para la institución.
Sostuvo que seis consejeros invaden sus facultades por segunda vez, porque en diciembre se intentó bloquear la designación de encargados de despacho.
Criticó que el proyecto fue presentado justo cuando los consejeros estaban en una reunión para tratar la sentencia del Tribunal Electoral sobre la reforma judicial.
Reveló que les pidió a los consejeros que esperaran a que la Suprema Corte votara la reforma judicial, pero su propuesta no fue aceptada
“Vendrán tiempos un poquito peores que éste, que está siendo provocado desde dentro del instituto”.
La consejera, Norma Irene de la Cruz reclamó que el punto de acuerdo no fue consensuado ni debatido internamente.
Afirmó que la representación legal del instituto no puede ser ejercida por la mayoría de los consejeros, sino únicamente por la Presidencia del Consejo General.
El consejero Jorge Montaño consideró que la propuesta era improcedente por intentar impugnar una norma que no pone en peligro la operación del instituto, ni el principio de certeza en la organización de comicios.
La consejera, Rita Bell López Vences, cuestionó es un intento de minar las facultades de la consejera presidenta, que se mostró abierta a consultar los nombramientos y no ejercer la nueva facultad.
El consejero, Uuc-kib Espadas Ancona, afirmó que la reforma violenta las atribuciones del INE, no obstante, admitió que el instituto no tiene facultades para presentar una acción de inconstitucionalidad para combatir los cambios.
En contra parte, la consejera Carla Humphrey explicó que “la acción de inconstitucionalidad de los partidos nada tiene qué ver” con la colegialidad del INE sino con la reforma judicial.
“Y yo no veo en dónde se están invadiendo las facultades de la presidencia, por más que busco no lo veo, no sé cuál es la función de la presidenta que estamos invadiendo, la presidencia por sí no puede interponer una controversia constitucional, lo tenemos que hacer mediante la representación legal que es la Secretaría Ejecutiva, no es por mandato de este instituto”.
La consejera, Dania Ravel Cuevas, discrepó que se diga que seis consejerías por segunda ocasión buscan invadir las facultades de la presidencial, porque el máximo órgano sigue siendo el Consejo General.
Sostuvo que la Constitución establece el diseño y operación del INE y hay antecedentes desde 1990 que apuntan al fortalecimiento del órgano superior de dirección.
Asimismo, que las modificaciones traen como efecto la ruptura del trabajo colegiado que había sido distintivo de este Instituto.
Su par, Claudia Zavala Pérez, afirmó que no veía conflictos de un grupo o de otro, de bloques de seis y de cinco o de cuatro y siete, porque es un derecho defender la colegialidad y el diseño electoral.
Jaime Rivera sostuvo que el diseño constitucional protege la colegialidad para tomar las decisiones más relevantes y el recurso es algo previsto en la Constitución, por lo que no significa desafío ni desobediencia a un poder del Estado.
A su juicio, pareciera que lo que se busca es “no molestar al legislativo y confiar que la presidenta actuará con gran colegialidad”, pero recordó que “esa colegialidad no ha sido precisamente promovida por la presidenta, sino ha sido claramente obstruida”.
Arturo Castillo, afirmó que el proceso no es en contra de la reforma judicial o de las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y que la colegialidad sirve para distribuir las presiones entre los 11 consejeros y privilegiar la máxima publicidad.
Las Consejerías podrán realizar comentarios hasta el 13 de noviembre y la Secretaría Ejecutiva, con auxilio de la Dirección Jurídica, deberá realizar las acciones necesarias para atender los comentarios y observaciones realizadas por las Consejerías Electorales que tengan como objetivo mejorar y fortalecer la argumentación contenida en el proyecto de demanda de controversia constitucional.
La controversia constitucional deberá ser interpuesta a más tardar el 19 de noviembre del año en curso. El documento aprobado señala que, al promover la controversia constitucional en contra de los artículos mencionados, se solicite de manera urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de la aplicación de dichos preceptos normativos.
