La orden de arresto de la Corte Federal del Este de Nueva York en contra de Genaro García Luna por cargos de conspiración para tráfico de cocaína (5kg) y falsedad en testimonios, está fechada el 4 de diciembre de 2019, justo un día antes de que el presidente López Obrador recibiera en Palacio Nacional al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr.
Y ayer, apenas unas horas después de que el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón había sido detenido en Dallas, previo a su traslado a NY donde será juzgado, la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una carpeta de investigación en contra de García Luna por los mismos delitos que le atribuyen en Estados Unidos, anunció su disposición de “mandar todas las pruebas” que solicite el gobierno estadounidense e incluso dijo que el gobierno de México planea pedir la extradición del ex funcionario calderonista para ser también juzgado en nuestro país por delitos contra la salud y actividades con recursos de procedencia ilícita.
¿Todo esto fueron simples casualidades? Todo indica que no. El caso de García Luna y su relevancia política, por la conexión directa que tuvo con el expresidente Felipe Calderón, es el primer paso de la “nueva cooperación para luchar contra los cárteles de la droga” pactada entre el gobierno de Donald Trump y el de López Obrador, y fue parte de lo que México aceptó en la reunión de la semana pasada con el fiscal Barr. Una cooperación, según fuentes federales, que más que de armas o recursos económicos o de la injerencia de fuerzas y agencias de seguridad estadounidense en territorio mexicano, se centra en la inteligencia que proveerá Washington a cambio de que México colabore para el desmantelamiento de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, entre otros.
La captura de García Luna es en ese sentido la punta de una madeja que Estados Unidos empezará a desenredar, con la “total cooperación de México”, como ayer declaró el canciller Marcelo Ebrard, para buscar ya no sólo la captura de capos y “objetivos prioritarios”, sino también la exhibición, investigación y captura de funcionarios de sexenios anteriores, particularmente los de Calderón y Peña Nieto, que tuvieron nexos claros con los cárteles de la droga y que les brindaron protección y ayuda para sus actividades ilícitas o incluso para escapar de la cárcel –como el caso de las dos fugas del Chapo Guzmán— y en ese objetivo la figura del poderoso exsecretario de Seguridad federal es clave.
No es casualidad que el documento de la orden de captura girado por la Corte Federal del Este de Nueva York y que se titula “United States of Amércia vs. Genaro García Luna”, el Gran Jurado, cuando formula sus seis cargos contra el mexicano, tres de ellos referidos a la “conspiración para el tráfico de sustancias como la cocaína”, mencione textualmente: “En o entre enero de 2001 y el presente (diciembre de 2019) ambas fechas siendo aproximadas e inclusivas… el acusado Genaro García Luna junto con otros, hizo consciente e intencionalmente conspiración para distribuir y poseer, con intención de distribución, una o más sustancias controladas”, y luego mencionan distintas sustancias entre ellas la cocaína. Enero de 2001 es la fecha en que García Luna fue nombrado director de la desaparecida AFI en el gobierno de Vicente Fox, cargo desde el cual después ascendería a secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, es decir, que en el juicio que le van a iniciar en Nueva York, en la corte de Brooklyn, la misma donde fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán, estará a revisión toda la trayectoria pública de Genaro García Luna en las áreas de seguridad federal en México.
Finalmente, es muy posible que la madeja que empezaron a desenredar entre
Trump y López Obrador –con el caso de García Luna basado totalmente en las
declaraciones de testigos como Jesús “El Rey” Zambada o de Vicente
Zambada “El Vicentillo”— el hilo llegue hasta otros políticos y
funcionarios mexicanos que también fueron mencionados en el llamado “juicio del
siglo” y a los que también, los mismos testigos que acusan a Genaro, señalaron
de haber recibido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Y esa lista, en
la que pueden sumarse muchos nombres más, por ahora están a la cabeza Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto, los dos últimos presidentes de México y los dos
claramente en la mira de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.
NOTAS INDISCRETAS…
Será el próximo 6 de enero, justo en el día de Reyes, cuando la ministra Margarita Ríos-Farjat, tome posesión de su lugar en la Suprema Corte de Justicia. La Ministra que ya estuvo en la sede de la Corte, en una visita de cortesía, conoció la que será su oficina, justamente la misma que ocupaba el defenestrado ministro Eduardo Medina Mora. Dicen que fueron tan fuertes las vibras que se sintieron en esa oficina, que no faltó quien le sugiriera a la nueva ministra hacerle una limpia, por aquello de que los tres últimos ocupantes de ese despacho no terminaron su ministerio. Primero la ocupó el ministro Humberto Román, quien falleció estando en el cargo, luego llegó a sustituirlo el ministro Sergio Valls, que también murió antes de terminar su periodo, y finalmente a Valls lo sustituyó Medina Mora, quien tampoco terminó aunque por razones distintas por su intempestiva e inédita renuncia en medio de acusaciones de corrupción. ¿Valdrá la pena que le hagan la limpia al espacio?…Anoche, después de su primer mensaje de reacción a la detención de su cercanísimo Genaro García Luna, el expresidente Calderón subió un segundo mensaje en su cuenta de Twiiter, en el que se dijo “profundamente sorprendido” y aseguró que desconocía por completo las imputaciones en contra de su exsecretario de Seguridad Pública. Aseguró que espera “un juicio justo y apegado a derecho” en el que si se demuestra la culpabilidad “se aplique todo el peso de la ley”. En lo que pareció un deslinde, Calderón dejó en claro que la política de seguridad durante su gobierno “ni remotamente eran producto de las decisiones de un solo funcionario” y que también en esa política “cooperaba estrechamente el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y justicia”. Es decir, que Felipe Calderón ¿ya se está blindando diciendo que todo lo que hizo en materia de seguridad, con García Luna al frente, fue de la mano con Estados Unidos? Baia Baia, como dicen en las redes sociales…Los dados mandan Serpiente Doble. Eso se pondrá feo.
