Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Miguel Márquez Márquez, Gobernador panista de Guanajuato, ratificó la inexistencia de alguna investigación contra Pedro Gutiérrez Farías, el sacerdote que dirige la Ciudad de los Niños de Salamanca, vinculada con casos de violencia sexual y pederastia.
El argumento de Márquez Márquez: “no hay denuncias”, el cual menosprecia “la profunda investigación realizada por la Juez Karla Macías quien emitió una sentencia desde marzo del presente año para que se investigue el funcionamiento y el manejo de recursos en la Ciudad de los Niños A.C.”, de acuerdo a un comunicado de la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM).
“El Gobernador Miguel Márquez ratifica la nula disposición de su administración para investigar los crímenes cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en la institución a cargo del sacerdote”, señaló la REDIM.
El respaldo político de la autoridad a Pedro Gutiérrez es una señal de impunidad, y violada el Artículo 4º Constitucional, “que establece como una obligación de las y los funcionarios actuar bajo el Interés Superior de la Niñez”.
Violencia sexual, adopciones ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés igualmente desaparecidos, omisiones y protección institucional de Guanajuato, son algunos de los motivos que el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), documentó en un informe que presentó el miércoles 26 de julio para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca.
El informe Institucionalización y violencia en la Ciudad de los Niños que ofrecieron a los medios de comunicación bajo la consigna “No al fuero clerical”, narró, a través de testimonios y documentación diversa, el abuso físico y sexual a los que eran sometidos cientos de niños y niñas, distribuidos en los seis albergues en Guanajuato y Michoacán, dirigidos por el sacerdote acusado de pederastia.
Hace 40 años, el padre Gutiérrez Farías, alias “Papi”, abrió el primer albergue y a través de adopciones irregulares a políticos y funcionarios, fue ganando el poder suficiente y la protección de las instituciones de gobiernos panistas, frente a las denuncias que eran ignoradas.
Además del sacerdote, los testimonios recogidos en el informe dieron cuenta de la participación de las monjas Hortensia Jiménez Cruz, María García Guzmán, Xóchitl Chávez Sánchez, Esmeralda de Jesús Suárez Bertury y otros colaboradores como Mauricio Rafael Ruiz Martínez y Ramiro Cortéz Muñoz. Pero en especial, destaca el nombre de Leandro Martín Bermúdez Armenta, conocido como “El Castigador” y cuyas víctimas identifican como violador.
En el apartado de violencia sexual, el informe señala que en la Ciudad de los Niños, el cura pederasta organizaba reuniones con seminaristas, trabajadores y amigos y les ofrecía a las adolescentes como una práctica de explotación sexual:
“El padre Pedro, cuando toma lleva a sus amistades para que lo acompañen a tomar (…) una de mis [familiares] salió embarazada”. ‘A ver traigan a las muchachas’, y ahí llegan todas, (…) haz de cuenta que son las prostitutas, fue lo que yo les dije a las del DIF [Salamanca], yo me enojé mucho con ellas”, señaló uno de los testimonios.
Y otro más: “Cuando Martín las violaba que se las llevaba ahí para el cuarto en donde está el mariachi, que ahí ensayan los mariachis, ellos mismo que tocan en un grupo, como mariachis” (…) “Tenían relaciones con ellas inclusive a veces las dejaban salir para afuera a la ciudad o algo así. (…) Hay una vecina aquí que (…) se crió ahí con el padre Pedro, esta media trastornada también, entonces este estaba terca siempre de que ‘Llévelas con el padre Pedro’ (…) y cuando salió que estaba embarazada le dijo (…)”.
A pesar de que los familiares de las víctimas intentaban interponer denuncias ante el Ministerio Público de Salamanca y del estado de Guanajuato, estas no eran admitidas o sencillamente se desechaban.
La REDIM apuntó, además, que es “importante resaltar que la denuncia penal por difamación presentada por el sacerdote Pedro Gutiérrez busca amedrentar a las víctimas y lanzar una amenaza contra la libertad de expresión para los medios de comunicación y periodistas, que valientemente están documentando el caso, cómo San Juana Martínez, Zona Franca y Carmen Aristegui, entre otros”.
“Para REDIM resulta inexplicable el retraso de la PGR (Procuraduría General de la República) para atraer el caso a instancias federales, como ya lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ante la clara evidencia que las autoridades locales no brindarán acceso a la justicia, ni garantías judiciales para las víctimas en el estado de Guanajuato”, denunciaron.
de: http://www.sinembargo.mx/30-07-2017/3274143