DETRÁS DE LA NOTICIA/Alfredo Martínez de Aguilar
Indignado por el abuso del poder, pregunto: ¿Si existen las maldiciones, que maldición pesa sobre el poder político y económico, que hace inteligentes a los tarugos y enloquece a los inteligentes?
Sin que sea solo una frase hecha, es por demás sabido que las crisis son oportunidades de cambio, de crecimiento y desarrollo personal, familiar, social y nacional, para quienes saben capitalizarlas.
No obstante, al lado de las grandezas humanas, las crisis, también hacen aflorar las peores miserias de los seres humanos. Junto con la generosidad y solidaridad, surge la mezquindad.
Ésta última es la máxima expresión, lamanifestación extrema, del egoísmo consubstancial a la naturaleza humana. Se agrava por la mayúscula soberbia y el malentendido celo profesional.
Es el caso de los altos mandos y medios en el Gobierno del Estado. El fenómeno condenable se agrava, especialmente, en las Secretarías de despacho y dependencias del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el problema no es exclusivo de la cabeza de sector de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, ya que el problema es general y generalizado en los Tres Poderes del Estado.
Un grupo de trabajadores, hombres y mujeres, plenamente identificados, cuya identidad nos reservamos para evitarles represalias, denunciaron las arbitrariedades que vienen siendo objeto.
Todos ellos con enfermedades crónico-degenerativas, totalmente documentadas en su historial médico, vienen siendo obligados a presentarse a trabajar, a pesar del grave riesgo de morir.
Forman parte del principal grupo vulnerable con alto riesgo de contraer el coronavirus COVID-19 al padecer serias afectaciones en su sistema inmunológico con la consecuente baja de defensas.
La copia de sus expedientes médicos que obran en poder del columnista, revela que padecen diversas enfermedades de la pobreza, desde obesidad hasta diabetes pasando por la hipertensión.
Ello ocurre, pese a que la Secretaría de Administración informó a los Titulares de las dependencias de la Administración Pública Centralizada y de las Entidades y Organismos Descentralizados que para brindar seguridad a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado:
“A partir del martes 17 de marzo no se deben presentar a laborar en sus respectivas adscripciones el personal en todas sus modalidades (base, contrato y confianza) que se encuentren en los siguientes supuestos:”
“Los trabajadores adultos mayores de 60 años. Quienes tengan antecedentes de enfermedades crónicas degenerativas, para lo cual deberán remitir al área administrativa de su adscripción la constancia médica que acredite el padecimiento, por correo electrónico o a través de un tercero”.
“Mujeres embarazadas; quienes exclusivamente para control y registro deberán remitir al área administrativa de su adscripción, por correo electrónico o a través de un tercero, un escrito manifestando que se encuentran en estado de gravidez o embarazada”.
“Se les debe recomendar permanecer en sus casas y procurar tener el mínimo de movilidad a centros en donde exista concentración de personas, con la indicación de que se mantengan pendientes de la información emitida por las autoridades, en relación a este tema”.
La decisión fue atinadamente tomada en atención al comunicado emitido por la Secretaria de Salud para la prevención en la propagación del virus “COVID-19” y con la intención de contribuir a preservar la salud de los trabajadores del Gobierno del Estado y de sus familias.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) convocó a las autoridades estatales y municipales a respetar los derechos humanos de la población, frente a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19 efectuada por el gobierno federal.
Dijo que “si bien se establecieron una serie de estrategias que buscan el bienestar común en materia de salud, no se decretó un estado de excepción, lo que significa que las garantías individuales continúan vigentes y deben respetarse, atenderse y procurarse”.
Por tanto, hacemos un cordial y respetuoso llamado al Gobernador Alejandro Murat y a Germán Espinosa, Secretario de Administración, para que eviten injusticias contra los trabajadores.
Es un crimen que algunos altos mandos y mandos medios permitan o atenten contra la dignidad y derechos laborales de los trabajadores del Gobierno del Estado más aún contra los enfermos.
Definitivamente, no se debe permitir ni tolerar un crimen de lesa humanidad de esta naturaleza, lo que amerita una inmediata investigación y la correspondiente enérgica sanción de destitución.
Los trabajadores denunciantes dieron a conocer al columnista que ultiman los detalles de organización para acudir a las correspondientes instancias legales a denunciar y presentar quejas.
Harán la denuncia respectiva ante el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, CONAPRED, apoyados en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED),
Asimismo, demandarán la inmediata intervención del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla.
De no ser escuchados, interpondrán el correspondiente Juicio de Amparo por la violación de su derecho humano a la salud, dada la obligación de ser garantizado por del Gobierno del Estado.
Al ser el derecho a la salud de competencia federal acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si la intervención del Ombudsperson no es atendida por el Poder Ejecutivo.
@efektoaguila
