París Martinez / Animal Político
CDMX | 12 septiembre 2017.- Oaxaca –el estado más afectado por el sismo del 7 de septiembre– cuenta desde 2012 con 6 mil radios de alertamiento sísmico, cuya distribución hubiera permitido advertir a la población hasta con 30 segundos de anticipación sobre la inminencia de un temblor fuerte.
Sin embargo, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado, 60% de esos radios nunca fueron distribuidos y llevan más de cinco años guardados en bodegas.
Los 2 mil 546 aparatos restantes, por si fuera poco, solo se distribuyeron en los municipios de la región de los valles centrales del estado. Por ello, Juchitán –donde murió el mayor número de víctimas por el sismo del 7 de septiembre– no tenía ni una alerta.
Como parte del sistema de alertas, Oaxaca también adquirió 13 bocinas de alto alcance para difundir la señal de advertencia ante sismos, pero éstas, tal como los radios, solo se instalaron en la capital del estado.
Aunado a ello, a finales de agosto de 2017, el portal informativo NVINoticias.com, dio a conocer que el sistema de alerta sísmica dejó de operar en Oaxaca, desde enero pasado, por adeudos del gobierno estatal con el proveedor del servicio.
Entre julio de 2010 y julio de 2011, los gobiernos federal y de la Ciudad de México gastaron, en conjunto, 255 millones de pesos para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, lo que incluyó las radios que no se repartieron en Oaxaca.
Al menos tres entidades más están en la misma situación: según información oficial, en la Ciudad de México, 4 mil 135 aparatos desaparecieron y 3 mil 297 permanecen en bodegas; en Michoacán no se conoce el destino final de los 200 aparatos asignados, y en Guerrero hay otros 2 mil 200 desaparecidos.
El titular de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación, Carlos Valdés González, reconoció que lo que se ha hecho con estos aparatos ha sido una “barbaridad”.
Anomalías en la distribución
El gobierno federal y el de la Ciudad de México gastaron 255 millones de pesos para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SAS, creado tras los sismos de 1985), lo que implicaba renovar y ampliar la red de acelerógrafos instalados en la costa del Pacífico (con los que se detectan los temblores), así como distribuir entre la población 88 mil radios o alertas sísmicas. Esto entre 2010 y 2011.
Estos 88 mil radios debían ser instalados en escuelas, hospitales, inmuebles oficiales, espacios públicos y zonas habitacionales, no solo de la capital del país, sino también de otras entidades amenazadas.
Siete años después, los aparatos se pueden comprar hasta en Mercado Libre, con la calcomanía que indica: “Adquirido con recursos del Fideicomiso FONDEN para el proyecto de la Red Sísmica Mexicana, segunda fase”.
Tal como demuestran registros oficiales recabados por Animal Político, de los 88 mil aparatos adquiridos por las autoridades mexicanas para modernizar el SAS, al menos 12 mil 760 han desaparecido (equivalentes a 14% del total), mientras que 10 mil 506 (otro 12%) nunca se usaron y han permanecido guardados en distintas bodegas.
Estos mismos registros oficiales dejan ver que, a pesar de que el restante 76% de los radios se instaló, esto se realizó sin un plan previo de distribución, por lo que se concentraron solo en cuatro núcleos urbanos (Ciudad de México, Ciudad de Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo), sin contemplar a otras localidades también en riesgo.
La ausencia de un plan de instalación hizo que, en la Ciudad de México, donde se instalaron la mayoría de los 88 mil radios, los aparatos hayan sido robados o mal instalados.
Un ejemplo de esto último es que hay edificios públicos con 48 aparatos, en lugares donde solo se requiere uno. Esto significa que menos de 10 mil inmuebles cuentan con una alerta, cuando solo en la delegación Cuauhtémoc hay más de 52 mil edificios “expuestos” a riesgo por temblores.
En cambio, otros puntos del país, también en riesgo sísmico, no recibieron un solo aparato.
Otros estados que también resultaron afectados por sismo del 7 de septiembre, y que no fueron contemplados en el reparto de estas alertas sísmicas, fueron Chiapas (epicentro del temblor), Hidalgo, Morelos, Estado de México, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Cenapred: la pata del mueble
Para conocer qué criterios aplicó el gobierno federal para definir qué estados del país debían recibir los 38 mil radios que adquirió, Animal Político consultó a la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista, el titular de esta dependencia federal, Carlos Valdés González, recordó que la compra de estos 38 mil radios, a la que calificó como “barbaridad”, fue realizada por “las anteriores autoridades (federales)”.
Los registros oficiales indican que 36 mil de esos radios fueron repartidos durante los últimos tres meses del gobierno de Calderón; y los restantes 2 mil aparatos fueron distribuidos por el gobierno de Peña Nieto en los años 2013 y 2014.
“Cómo se seleccionó (a los estados que recibirían esos radios de alerta sísmica) ahí sí desconozco –aseguró el funcionario federal–, pero se dieron a estados afectados, Oaxaca, Guerrero y Michoacán; se dieron radios al Gobierno de la Ciudad de México; y se le dieron a instituciones del gobierno federal, privilegiando a las escuelas.”
En el Cenapred, señaló su titular, “no podíamos instalar ese número de equipos en 38 mil lugares diferentes. Entonces, qué se hizo: se entregaron los radios de alerta sísmica, a través de convenios, a muchas instituciones, y lo que dicen esos convenios es que esas instituciones debían informarnos en dónde instalaban esos aparatos, y darles mantenimiento.”
No obstante, añadió, “cada año nosotros les pedimos a esas instituciones que informen en dónde están esos radios de alertamiento, cuáles son sus coordenadas geográficas, dónde se instalaron, pero nosotros nos cansamos de mandar esas solicitudes (porque) hay algunas instituciones que abiertamente nos responden ‘no sé dónde están’”.
El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres subrayó que “no está en nuestras manos fiscalizar (a esas instituciones) o decirles que nos regresen los radios por no darnos la información (acerca del uso que les dieron)”.
Al final, concluye, la distribución y aprovechamiento de esa tecnología, que “puede salvar vidas”, terminó en un acto de buena fe.
“Esa tecnología –insistió el funcionario– se entregó de la mejor manera, y cada quien es responsable (del destino que tuvo). Las instituciones que las recibieron deberían haber tomado los radios de alertamiento, instalarlos bien y estar muy al tanto de que funcionaran.”
“Nosotros cumplimos con el compromiso de entregar los radios –concluyó el director del Cenapred–. Pero es como con el directorio telefónico: cuando llegaba a mi casa, una tía lo usaba de pata de mueble, y el día que lo llegábamos a necesitar, ya no servía.”
Mercado Libre
En junio de 2016, en el sitio de ventas por internet MercadoLibre.com se puso a la venta un “Artículo nuevo”: un lote de radios de “alerta” que reproducen el sonido oficial del Sistema de Alerta Sísmica del gobierno mexicano, a un costo de 3 mil pesos por unidad.
La garantía de funcionamiento de estos radios no podía ser mejor: los logotipos de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, adheridas al aparato.
Tres días después de que esta oferta se ingresó al portal de compras, ya había tres aparatos vendidos.
“Éste es el cuarto”, dice I., un joven de, acaso, 20 años, mientras extiende la mercancía adquirida a través de Mercado Libre: una caja de cartón azul, con la imagen de un radio de alertamiento impresa, junto al logo de su marca “Sarmex”.
Dentro de la caja, el aparato, junto con un enchufe para la corriente eléctrica.
–¿Y qué tal funciona? –se pregunta a I.
–Es de los buenos –responde el joven, y muestra la etiqueta adherida al costado del aparato, en la que se señala que forma parte de una adquisición realizada por el gobierno federal, con recursos del Fondo de Atención a Desastres Naturales, FONDEN.
Por su propia seguridad, I. va acompañado de otro joven, como él, aunque mucho más alto, de 1.90 de estatura, y quizá 120 kilos de peso.
Tras el pago en efectivo y un apretón de manos, ambos jóvenes se van. La venta se realizó en el andén de la estación del Metro Santa Anita, en la delegación Iztapalapa.
Gracias al número de serie de este aparato, Animal Político pudo confirmar que fue adquirido por el gobierno federal en 2011, y luego donado, junto con otros 7 mil radios, al Gobierno de la Ciudad de México, que a su vez los distribuyó a distintos organismos locales.
Según los registros oficiales recabados, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México recibió 700 de esos receptores de la alerta sísmica, mismos que hasta la fecha se guardan en su bodega central. De esa bodega fue robado el radio que, en 2016, salió a la venta en Mercado Libre.
Días después de la compra en el Metro Santa Anita, I. se comunicó telefónicamente.
“Platícale a tus vecinos. Diles que tengo más radios, y si compran varios, les hago un descuento”.
Ese mismo día, en Mercado Libre se anunció que el precio de los radios de alerta sísmica robados al gobierno de la Ciudad de México aumentaba a 4 mil pesos.
*Esta investigación se realizó entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Se presentaron mil 280 solicitudes de información pública bajo la Ley General de Transparencia, ante los gobiernos federal, de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
ver artículo completo en: http://www.animalpolitico.com/2017/09/gobierno-compra-alertas-sismicas-desaparecen-bodegas/
