Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- De acuerdo al registro hemerográfico de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, en lo que va del actual gobierno de Oaxaca se han contabilizado 200 feminicidios sin que hasta el momento se emita la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres
El objetivo de este mecanismo, según el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.
En entrevista, Yesica Sánchez Maya integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca señaló que persiste una grave negligencia por parte del gobierno estatal y federal para implementar y poner en marcha políticas de estado para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
Resaltó que tres cambios de titulares en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), una dependencia que cuenta con el presupuesto más bajo, tan sólo por encima de la Secretaría de Asuntos Indígenas no han podido concretar acciones estratégicas eficaces para exigir resultados a los órganos de procuración de justicia y por ende no esta a la altura de las graves injusticias que ocurren a diario en la entidad.
“Nos parece un acto de simulación del actual gobierno al tener feministas en el gabinete que solamente buscaron un cargo político pero que realmente no hay políticas de estado para contener la violencia por razón de género”, enfatizó.
Criticó que los constantes cambios en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género han resultado insuficientes, lo que se suma a una política de permisibilidad administrativa por parte de un Poder Judicial que otorga impunidad a los responsables de crimenes en contra de las mujeres.
Sánchez Maya mencionó que ha habido un descuido general en Oaxaca para trabajar de manera conjunta la alarmante problemática de la violencia feminicida que que va de la mano con el acoso callejero, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la desaparición forzada y diversas agresiones a las que están expuestas todos los días las mujeres y niñas en el estado.
“Realmente no hay reacción, estas 200 mujeres asesinadas han tenido que haber perdido la vida para dar claridad de esta negligencia que hay por parte del gobierno de Alejandro Murat y la lentitud del gobierno federal que no se han atrevido a dictar la alerta de género por los pactos de impunidad que hay”, aseveró.
Dijo que el actual gobierno estatal sólo administra la Alerta de Violencia de Género dado que su puesta en marcha implicaría un serio costo político que los funcionarios no están dispuestos asumir.
La activista afirmó que desde la SMO se han gastado recursos para llevar acabo conferencias, talleres, cursos y foros que no han servido de nada en la práctica, ya que el problema clave se refleja todos los días en los juzgados, en la calle y no desde los escritorios de funcionarios que carecen de la experiencia necesaria en políticas con perspectiva de género y derechos humanos.
Explicó que de acuerdo a los protocolos de investigación publicados por ONU Mujeres en toda muerte violenta de mujeres la investigación debe iniciarse como feminicidio y la no calificación tiene que ser a la luz después de realizada la investigación.
Dijo que deben ser considerados como feminicidios las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género.
Refirió que en Oaxaca a la Fiscalía le cuesta aceptar el costo político que implica validar la tesis establecida por Naciones Unidas, por ello las cifras oficiales no concuerdan con los registros de las diversas organizaciones interesadas en la problemática.
“Aquí sin saber nada del caso ya dicen que no es feminicidio, cuando la regla es inicialo como feminicidio, investiga y al momento de la consignación determina, eso no está pasando y ahí nos queda claro que es un tema de maquillar una realidad lascerante y reconocer que efectivamente ha habido una incapacidad de proteger a 200 mujeres y que sin duda han sido victimas de feminicidio”, aseguró.
Consideró que hay un nivel de permibilidad en todos los actores involucrados en el sistema de administración de justicia en Oaxaca, desde los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces de primera instancia, ministerios públicos, agentes de investigación, policías y personal administrativo que opera en las dependencias estatales.
“Yo creo que también es momento de despedir personal, gente que esté repitiendo vicios de actuación en las investigaciones, que esté teniendo argumentos misóginos y machistas se tienen que ir, no pueden seguir en la función pública, hay que recontratar gente nueva”, agregó.
Destacó que de acuerdo al registro de feminicidios de Consorcio Oaxaca, un 60 por ciento se han llevado acabo con armas de fuego, lo cual representa un indicador de permisibilidad de tránsito ilegal de armas en la entidad.
Confió en que los gobiernos federal y estatal asuman su responsabilidad ante el aumento de la violencia feminicida y emitan a la brevedad la Alerta de Violencia de Género Contra Las Mujeres pues se hablaría de recursos aplicados para fortalecer las instituciones, personal y herramientas para su adecuado funcionamiento.
“El gobernador tiene que asumir con responsabilidad que se le está cayendo el estado y que reconozca su incapacidad frente a esta situación grave, es necesario el apoyo de la federación, y no sólo es dictarla y administrarla, se requieren operar cambios estructurales que permitan erradicar la violencia contra las mujeres”, puntualizó.
De acuerdo al Código Penal vigente en Oaxaca, la pena máxima establecida para el delito de feminicidio es de 60 años de prisión.
Además si entre el activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, adopción, matrimonio, concubinato, relación de convivencia, noviazgo, amistad, laboral, docente, tutela o cualquier otra que implique confianza, además de la pena que le corresponda, se le impondrá hasta un tercio más de la misma.
La legislación también impone hasta dos tercios de la pena cuando el sujeto activo se encuentre en servicio o se haya desempeñado dentro de los cinco años anteriores a la comisión del delito como servidor público integrante de las corporaciones de seguridad pública, de las instituciones de procuración e impartición de justicia o de las fuerzas armadas.
