CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el último momento de su administración, el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó a la Dirección General de Pemex que liquidara al menos 40 de las compañías creadas en paraísos fiscales por el Grupo PMI Comercio Internacional, entidad que, a través de una estructura mercantil privada, maneja los ingresos por exportación de crudo de la empresa productiva del Estado.
Tanto en los gobiernos del PRI como en los del PAN, durante más de 20 años Grupo PMI –compañía privada de Pemex que se fundó en Holanda hace dos décadas– cobró a Pemex por este servicio de intermediación en compañías offshore el equivalente a cinco centavos de dólar por cada barril que se vendía en los mercados internacionales, de acuerdo con información de las áreas de auditoría de la petrolera a la que este semanario tuvo acceso.
Bajo ese esquema, los clientes de Pemex le depositaban directamente los recursos a PMI en cuentas privadas, y a su vez esta firma los trasfería, menos gastos y comisiones, a una cuenta eje en el Bank of America.
Mediante contratos de servicios de compraventa con Pemex Exploración y Producción (PEP) se fijaron las comisiones y las fechas de revisión. Por cada cargamento de exportación de petróleo crudo PMI cobraba a Pemex alrededor de 250 mil dólares. El margen de ganancia era de 75 mil dólares diarios tan sólo por la mediación en las operaciones de comercio internacional de Pemex. Con ello, la ganancia anual de PMI era de al menos 27 millones de dólares tan sólo por esta intermediación en exportaciones.
Así, las ventas de barriles de petróleo representaron para las cuentas bancarias del Grupo PMI Comercio Internacional ganancias millonarias, con la particularidad de que éstas eran manejadas por completo en contabilidades privadas y sin rendir cuentas de los manejos financieros de decenas de compañías constituidas en países con regímenes fiscales laxos, como Islas Caimán y Holanda, Países Bajos, Irlanda y Suiza.
De esta forma, PMI se encargaba de consolidar los ingresos por exportación de la petrolera, así como de las inversiones donde necesitaba aparecer como compañía privada y respecto de las cuales la paraestatal estaba impedida constitucionalmente para participar.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2206, ya en circulación)